En Madrid continúa con la misma dinámica de estos días pasados: anticiclón – contaminación – inacción municipal (y autonómica) para ponerle coto. La falta de lluvias y vientos hace que se concentren los contaminantes y ni el Gobierno municipal de la capital, ni la administración autonómica en su ámbito, toman ninguna medida para atajar esta grave situación de salud pública.

Con la estación de Arturo Soria, son ya 7 estaciones de medición de la contaminación de las 24 que hay en la capital, las que rebasan la línea roja que marca el límite permitido por la legislación de 18 superaciones horarias de dióxido de nitrógeno, NO2.

Las estaciones que ya se sitúan por encima de los máximos legales permitidos para todo el año son: Ramón y Cajal (69 superaciones del límite horario, que sólo se puede rebasar un máximo de 18 horas); Elíptica (63 superaciones); Barrio Pilar (57); Escuelas Aguirre (25); Ensanche Vallecas (24); Cuatro Caminos (22) y, la última incorporada a esta serie, Arturo Soria (18).

De continuar este anticiclón junto con la inacción municipal, en los próximos días pueden incorporarse a esta relación tres nuevas estaciones, Villaverde, Sanchinarro y Plaza de Castilla. Entre tanto, al Ayuntamiento parece no importarle esta situación, al menos, no tiene ninguna traslación a medidas prácticas para evitarla.

Ayer mismo, a las 10 de la noche, estaciones como Plaza Elíptica registraban unos niveles de dióxido de nitrógeno de 292 microgramos por metro cúbico, Ramón y Cajal 227 o Escuelas Aguirre 222.

Lo sangrante de esta situación es que, mientras se superan los niveles legales de forma generalizada, ni siquiera se avisa a la población, ni se toman medidas eficaces para evitarlo (al menos en Barcelona han fijado una limitación a la velocidad en las carreteras de acceso, las ciudades italianas establecen restricciones al tráfico), ni se dispone de un plan eficaz de lucha contra la contaminación, como exige la ley.

Y lo más indignante es que, aparentemente, esto no tiene ningún coste para los responsables políticos de la situación, que prefieren “no perjudicar a la economía” –como declaraba recientemente la Consejera Ana Isabel Mariño–, antes que preservar la salud de la población.