El 8 de octubre miles de madrileñas y madrileños convocados por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y las asambleas de barrios y pueblos del movimiento 15M salimos a las calles para protestar contra la decisión de convertir en negocio algo tan indispensable para la vida como es el agua.

En medio de un proceso caracterizado por la opacidad y ausencia de cauces para la participación ciudadana, el gobierno Aguirre pretende poner en manos del capital privado una empresa pública de más de 150 años que goza de gran aceptación entre la ciudadanía por su eficaz servicio y que además está produciendo beneficios económicos.

La Comunidad de Madrid alega razones técnicas y económicas como son la falta de recursos para hacer frente a la financiación de nuevas infraestructuras necesarias, sin embargo, La Confederación Hidrográfica del Tajo, expertos y entidades sociales desmienten de esas necesidades.

Tras la decisión de privatizar el agua está la presión de las empresas privadas de servicios para ampliar su cuota de negocio en este sector. Los servicios del agua constituyen un negocio sin riesgo, con altas tasas de ganancia y con liquidez inmediata.

Estamos totalmente en contra de esta decisión ya que no queremos consentir que se despoje a las madrileñas y madrileños de un patrimonio acumulado durante más de 150 años.

El 51% de las acciones en manos de la administración no garantiza el control público de la entidad, sabemos por experiencias anteriores de empresas mixtas que es el capital privado quien se queda los puestos de mayor poder de decisión dentro del consejo de administración.

La experiencia nos enseña así mismo que allí donde se privatiza el agua suben las tarifas y empeora la calidad del servicio.

la lucha contra las sequías, las actuaciones encaminadas a incrementar la eficiencia en la utilización del agua, la racionalización del riego de parques y jardines y limpieza de las calles, la reducción de pérdidas en red, un sistema tarifario que promueva el ahorro, la realización de campañas de sensibilización ciudadana y garantizar la universalidad y equidad del servicio y la jerarquización de usos son políticas que chocan frontalmente con los intereses del accionariado privado cuyo único fin es buscar el beneficio económico.

Por todo ello desde Ecologistas en Acción exigimos un servicio 100 % público de abastecimiento de agua gestionado desde criterios democráticos como son la transparencia y la participación de la ciudadanía en decisiones que le afectan plenamente.

Hablando de participación ciudadana, no podemos por menos que expresar nuestro agrado por la presencia de los miles de madrileñas y madrileños que desde las asambleas de los pueblos y los barrios se han unido a esta lucha que es de todas.