La demolición del Algarrobico podría ser inmediata si la Junta de Andalucía o el Ministerio de Medio Ambiente pidieran la ejecución provisional de la sentencia que declaró ilegal la licencia de obras.

La jueza del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Almería ha denegado la ejecución provisional de la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2008 que declaró ilegal la licencia de obras del Hotel del Algarrobico. El motivo de la denegación de la ejecución provisional de la sentencia es, que si se ejecuta ahora la sentencia y se derriba finalmente el hotel, se corre el riesgo de que se cause un daño irreversible a la promotora Azata y al Ayuntamiento de Carboneras.

El fundamento de derecho cuarto del Auto dice que, si Ecologistas en Acción hubiese depositado fianza suficiente para evitar esos posibles daños irreparables, el juzgado habría acordado ejecutar la sentencia y consiguiente demolición del Hotel. Efectivamente, en el improbable caso de que el TSJA o el Tribunal Supremo anulasen la sentencia que declaró ilegal la licencia de obras y para entonces el hotel hubiese sido demolido ya, a instancias de Ecologistas en Acción, se le habría causado un daño irreparable a los propietarios puesto que Ecologistas en Acción no dispone de dinero para indemnizarlos.

Con esta resolución, la pelota esta ahora en el tejado de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM), pues si cualquiera de las dos administraciones personadas en el procedimiento piden la ejecución provisional de la sentencia, el juzgado no se la puede denegar puesto que el único escollo para ejecutar la sentencia es el depósito de fianza y las administraciones están exentas de depositar fianza de acuerdo con el artículo 84.5 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que dice: “Cuando quien inste la ejecución provisional de la sentencia sea una Administración pública, quedará exenta de la prestación de caución”.

Si el MARM o la Junta de Andalucía tienen verdadero interés en demoler el hotel en poco tiempo, sólo tienen que pedir la ejecución provisional de la sentencia, y proceder a su demolición; lo demás son promesas electoralistas que ahora tienen la oportunidad de demostrar que van en serio.