López y Maneiro han intentado justificar la construcción de pistas forestales ilegales y con alto impacto en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Ecologistas en Acción viene denunciando desde hace más de dos años la construcción de varias pistas forestales en el mayor latifundio del Parque Natural Sierra de Grazalema -formado por las fincas El Navazo, Breña del Agua y Rancho del Moro-, colindante con el famoso pinsapar de Grazalema, y teniendo en su interior dos bosques de pinsapos. La Consejería de Medio Ambiente (CMA) autorizó estas pistas ilegales, no tramitó las denuncias, y ha venido negándose a dar explicaciones en la Junta Rectora del parque natural.
La construcción de las pistas ha provocado un desastre medioambiental en el parque natural, con alto impacto ecológico y paisajístico. Se han destruido uno de los mejores bosques de encinas y quejigos, y se ha desfigurado el puerto de Alhucemas, y todo para favorecer la caza mayor en un coto que, para colmo, tiene usurpados caminos públicos y vías pecuarias.
Estos proyectos infringen de forma grave la normativa del parque natural –Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y gestión (PRUG)-, no obstante han sido aprobados por la delegada provincial de la CMA y la dirección del parque natural. Ante la gravedad de los hechos, y la actitud de connivencia de la CMA, el Defensor del Pueblo abrió una investigación, que cerró ante la certificación que le remitió la CMA asegurando que se cumplían con todas las normas legales y que se había actuado correctamente ante las denuncias de los ecologistas. Ante esta actitud insólita, que podría ser, entre otras cosas, constitutiva de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental, Ecologistas en Acción remitió un amplio informe al Defensor del Pueblo que demostraba la falsedad de estas afirmaciones.
Estos proyectos incumplen el PORN y PRUG, que prescriben:
La prohibición de la tala de árboles o roturaciones que conlleven la transformación del uso forestal del suelo.
La conservación de la identidad paisajística del Parque Natural.
La prohibición de movimiento de tierras y maquinaria para la construcción de pistas en terrenos con pendientes superiores al 20%. Estas pistas se han construido en pendientes superiores al 40% con enormes movimientos de tierra y utilizando maquinaria pesada (ver fotos).
Además, se ha infringido la Ley 7/94, pues no se ha exigido el estudio de impacto ambiental preceptivo.
La CMA ha falseado, además, la siguiente información en su contestación a Chamizo, al asegurar que:
Se ha contestado a las denuncias y demandas de información y documentación en plazo legal. La ley obliga a contestar en un mes, y han tardado de un año y medio. Y se sigue sin tramitar la solicitud de nulidad de las autorizaciones por ser manifiestamente ilegales.
Niegan la existencia de una cantera ilegal documentada con fotos (se adjunta).
Se talaron cientos de árboles sin autorización.
Justifican las pistas como prevención de incendios forestales cuando en estas fincas nunca los ha habido.
Que los caminos tienen los 4 metros de anchura autorizados, cuando hay tramos que superan los 10 m (ver fotos).
Que han respetado la prohibición de construir terraplenes, cuando los hay enormes, con varios metros de altura y grandes movimientos de tierra (Ver fotos). El director del parque llega a asegurar en su informe que el impacto ambiental de estos carriles sobre el suelo se considera “Nulo”.
Que se han realizado con el máximo respeto sobre la vegetación, cuando se ha destruido un denso bosque de encinas y quejigos.
Que “La apertura de los caminos en al finca, dada la abundante vegetación que lo “esconde” y la rapidez con que rebrota la vegetación, supone un impacto visual mínimo y circunstancial…”. En las fotos adjuntas se puede constatar la falacia de esta afirmación.
A pesar de haberse constatado el incumplimiento del PORN y PRUG, y de constar numerosas denuncias, la CMA nunca paralizó las obras, ni procedió a la anulación de las autorizaciones concedidas. Tan solo han abierto dos expedientes por causas menores: no pedir autorización para ocupar una vía pecuaria y no tener autorización de la Agencia Andaluza del Agua para realizar obras en un cauce público.
Ante estas pruebas documentales aportadas por ecologistas en Acción, Chamizo ha reabierto la investigación y ha demandado a la CMA contestación a las denuncias de los ecologistas.
Ha quedado por tanto acreditado que la CMA falseó la información remitida a la Oficina del Defensor del Pueblo sobre la tramitación de estos proyectos, las normas a aplicar, las actuaciones realizadas para su seguimiento, las respuestas a las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción, y todo con el propósito torticero de provocar el archivo de la queja presentada por Ecologistas en Acción, lo que exige la inmediata dimisión de los/as responsables de semejante actuaciones –Silvia López, delegada de la CMA y Miguel Ángel Maneiro, director del parque natural-, indignas de ostentar unos cargos públicos que tienen la encomienda de proteger nuestro patrimonio natural.
