El Ayuntamiento oculta información sobre la depuradora

Ecologistas en Acción ha denunciado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ante el Defensor del Pueblo de Andalucía por no remitir a esta organización los análisis de la EDAR "Guadalquivir" entre enero y agosto del ejercicio 2011 ( la petición se realizó de forma oficial en el registro municipal el 14 de septiembre de 2011).

Esta ocultación de información supone una infracción de la ley de acceso a la información ambiental, Ley 27/2006, de 18 de julio.

Durante los dos últimos años los análisis oficiales de control de la Depuradora, realizados por la Consejería de Medio Ambiente, demuestran una infracción continuada de las normas españolas y europeas de depuración (Directiva 2003/4/CE y 2003/35/CE), lo que está dando lugar al vertido de un gran volumen de aguas prácticamente residuales al estuario del Guadalquivir; y a episodios de contaminación atmosférica en los alrededores de la depuradora.

El Equipo de gobierno PSOE-CIS, es el responsable legal de la correcta depuración de las aguas residuales en el municipio. En su defecto, la Consejería de Medio Ambiente tiene obligación de advertir y sancionar al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria de este servicio privado, Aqualia.

A pesar de la evidencia de las infracciones, el Ayuntamiento las niega y la Consejería de Medio Ambiente no toma ninguna medida. Mientras tanto, Aqualia sigue cobrando a los ciudadanos sanluqueños la tasa de depuración.




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