Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman al nuevo Gobierno un fuerte compromiso con el medio ambiente, como garante de futuro.
La legislatura que ahora comienza es una legislatura clave, que tendrá como escenario una profunda crisis financiera y económica –agravada por el declive del actual modelo energético provocado por haber rebasado el pico del petróleo–, el impacto creciente del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y un déficit ecológico cada vez más grave y evidente.
La protección decidida del medio ambiente forma parte de la solución a la crisis múltiple que vivimos, también a la económica. La conservación de la biodiversidad permitirá el mantenimiento de servicios ambientales básicos y revitalizar sectores primarios como la pesca o la agricultura; las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética posibilitarán reducir nuestra dependencia del petróleo y del exterior; dejar de invertir en infraestructuras ruinosas e infrautilizadas permitirá destinar más fondos públicos a la educación, la sanidad, la protección de la naturaleza o la creación de empleos respetuosos con el medio ambiente; una fiscalidad ambiental fuerte aportará nuevos fondos y allanará el cambio hacia un modelo compatible con la capacidad real del planeta; y el cumplimiento de las leyes ambientales y la profundización en la democracia y la transparencia inyectará oxígeno en la vida pública y ayudará a recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política.
Las cinco organizaciones están convencidas de que la solución a estos desafíos nunca llegará de la mano de nuevos recortes sociales, ni limitando los escasos medios y recursos que hoy se dedican a la innovación para la sostenibilidad, a la protección del medio ambiente o a la ayuda al desarrollo, ni postergando aún más la toma de decisiones para avanzar en una economía baja en carbono, ni sacrificando nuestra biodiversidad y nuestro capital natural con la esperanza de una salida rápida y en falso de la crisis. También consideran imprescindible la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente con un fuerte peso en el Gobierno para emprender el camino hacia una sociedad baja en carbono y sostenible, única salida económicamente viable a largo plazo y ambiental y socialmente justa.
Entre todas las medidas que el nuevo Ejecutivo debería poner en marcha en la próxima legislatura, las organizaciones ecologistas de ámbito estatal destacan 25 agrupadas en cuatro bloques:
Descarbonizar la economía y proteger el clima 
Implantar objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos que el Protocolo de Kioto, mediante una Ley de Cambio Climático. Reducir la demanda total de energía un 30% (respecto a 2007) y que la contribución de las renovables sea de, al menos, un 30% en 2020. Cerrar las centrales nucleares fijando su vida útil en no más de 30 años. Abandonar los planes de cementerios nucleares hasta que exista un calendario de cierre de las centrales. No dilapidar más fondos en nuevas infraestructuras innecesarias de transporte, hidráulicas, etc. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible que, en 2016, reduzca un 20% el tráfico por carretera y limite las emisiones de los nuevos automóviles comercializados.
Descontaminar por la salud de las personas Reducir a 0 antes de 2015 el porcentaje de la población que respira aire contaminado según los parámetros legales (31% en 2010). Fijar objetivos anuales cuantificables para reducir el uso de recursos naturales y la generación de residuos. Aumentar los porcentajes y la calidad de la reutilización y el reciclado de residuos. Aprobar una estrategia española de química sostenible.
Proteger la biodiversidad, la mejor inversión Cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Asegurar la gestión y financiación suficiente de la Red Natura 2000, beneficiando a la población rural. Incentivar el alquiler y la rehabilitación de viviendas con criterios de sostenibilidad, frente a la propiedad y la nueva construcción. No modificar la Ley de Costas. Asegurar el futuro del sector pesquero español, defendiendo una Política Pesquera Común que recupere, antes de 2015, todas las pesquerías y sus ecosistemas. Cumplir con los compromisos de protección del medio marino, completando la Red Natura 2000 marina y la Red de Áreas Marinas Protegidas hasta alcanzar, al menos, el 10% de la superficie de nuestros mares antes de 2020. Fijar un precio real del agua, que refleje los costes de extracción, transporte y purificación. Clausurar el 100% de las captaciones ilegales de agua en España en los próximos 4 años. Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva Política Agraria Común (PAC) basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores y agricultoras. Prohibir el cultivo de transgénicos.
Sostenibilidad: más allá de la protección del medio ambiente Rechazar cualquier recorte social y/o ambiental a nivel presupuestario y de derechos. Aprobar una Ley de Fiscalidad Ambiental que promueva patrones de producción y consumo responsables. Impedir que la actividad de las empresas españolas en el extranjero cause atropellos sociales o ambientales. Aprobar una Ley de Transparencia de las Administraciones Públicas que asegure la correcta gestión y participación en todos poderes públicos. Reformar el sistema judicial para que garantice el debido respeto al medio ambiente sancionado en la Constitución. Reforzar el Ministerio de Medio Ambiente y garantizar la participación pública a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
Pero, más allá de las políticas, el nuevo Gobierno también tendrá que tomar decisiones sobre toda una serie de proyectos emblemáticos que serán un indicador de su voluntad política hacia la sostenibilidad. Las organizaciones ecologistas destacan: Derribar el hotel del Algarrobico en Almería. Descartar definitivamente el proyecto de refinería en Tierra de Barros, Badajoz. Paralizar las obras del Puerto de Granadilla en Tenerife. Paralizar definitivamente el proyecto de dragado del Guadalquivir. Restaurar los terrenos contaminados por Fertiberia en Huelva. No construir el embalse de Biscarrués en Huesca. Paralizar el polígono de Las Aletas en Cádiz.
