Ecologistas en Acción se suma a las movilizaciones del 19 y del 23 de febrero contra la reforma laboral y el “golpe de estado financiero” como respuesta a las medidas impuestas desde la Unión Europea.

La Comisión Europea estrenó ayer su nuevo instrumento de control económico de los estados miembro, el llamado “Six Pack” o “Paquete de seis”, aprobado el pasado mes de octubre. Son cinco regulaciones (normas de obligado cumplimiento) y una directiva que refuerzan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

Esta norma dota a la Comisión Europea, el órgano menos democrático de todos los de la Unión (salvando al BCE), de unos poderes sin precedentes. Por ejemplo, establece sanciones semi-automáticas para quienes incumplan el PEC. Después de tres avisos de la Comisión al Consejo sobre un país que incumple los objetivos fiscales, y las consecuentes recomendaciones del Consejo a dicho país, la Comisión puede imponer una sanción, que consistiría en un depósito del 0,2% del PIB del país- habrá que investigar a qué bancos beneficia dicho depósito. Si el país sigue sin corregir sus cuentas en el sentido que la Comisión pretende, el depósito pasaría a convertirse en una multa.

A esto se une que el “Paquete de seis” transforma en norma el mecanismo de control de presupuestos conocido como Semestre Europeo. Según dicta este mecanismo, la Comisión elaborará cada enero su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, con orientaciones prioritarias para los estados miembros. En marzo se aprobará en el Consejo, con intención de que los jefes de Estado o de Gobierno “hagan suyas las medidas”. Así, en abril, cada estado miembro presentará a la Comisión su programa nacional de reformas y estabilidad (si es de la Zona Euro) o convergencia (si no pertenece a la Eurozona). Estos programas deben perseguir los objetivos, claramente insostenibles, de la Estrategia UE2020 y los compromisos de reducción de las condiciones laborales y del gasto público propugnados en el Pacto por el Euro. En junio, la Comisión hará recomendaciones a cada país. Por eso, entre otras cosas, la Comisión Europea tiene capacidad de presión sobre el Gobierno español para que presente ya los Presupuestos Generales del Estado.

De esta forma, el Semestre Europeo otorga a la Comisión la potestad de intervenir, uno por uno, en los presupuestos de los distintos estados. Solo después de este proceso, los presupuestos se tramitarán en los parlamentos estatales. Además, la Comisión Europea podrá desplazarse a los estados miembros para realizar inspecciones in situ, como ya hace en Grecia.

Para Ecologistas en Acción, todo esto implica que los estados de la Unión se estén convirtiendo en protectorados del eje Bruselas-Berlín, con permiso de París.

En esa misma lógica se enmarca la reforma laboral presentada por el Gobierno español el pasado viernes. Una reforma que supone un salto cualitativo por varias razones. Por un lado dota de mucha más capacidad de presión al empresariado en la negociación colectiva mediante los cambios normativos sobre la prevalencia de los convenios empresariales o el fin de la “ultraactividad”. En segundo lugar se facilitan los despidos masivos mediante su abaratamiento, los menores requisitos para que el despido sea procedente y la flexibilización de los ERE. Un tercer aspecto es que traslada estas medidas al sector público (al personal laboral con oposición). También se mantienen las formas más precarias de contratación, como el contrato de aprendizaje. Para remate se dota de más capacidad a las ETT como agencias de colocación, lo que es una privatización encubierta del INEM.

Por la necesidad de luchar contra el protectorado en el que se están convirtiendo los estados de la UE, cuyo ejemplo más paradigmático es Grecia y cuya reciente materialización aquí es la reforma laboral española, Ecologistas en Acción se suma a las movilizaciones del próximo domingo 19 contra la reforma laboral; y a la del jueves 23 (promovida por el 15M), en la que se denunciará el “golpe de estado financiero”.