Callar al mensajero

Callar al mensajero. Este parece ser el propósito de las declaraciones de ciertos políticos y empresarios a raíz del varapalo que ha supuesto para sus intereses la reciente sentencia del TSJEx que ha venido a anular el grosero intento de componenda política llevado a cabo por el PSOE y PP en el parlamento regional con el objetivo de dar al proyecto Marina Isla de Valdecañas una cobertura legal que no tenía. La sentencia pone sobre la mesa algo de sobra conocido: todo el macroproyecto urbanístico desarrollado en ese entorno no es otra cosa que una colosal chapuza. El procedimiento administrativo ha sido anulado, los demandados quedan obligados a restituir los terrenos a la situación anterior a sus actuaciones.

La ley ha sido infringida. Se conoce a los culpables y a quienes actuaron como cómplices necesarios. Pero, he aquí, que, sorprendentemente se pretende imponer a las Asociaciones denunciantes el depósito de una “fianza” de ¡140 millones de euros!, cantidad inasumible para las modestas organizaciones ciudadanas, si estas quieren continuar con la demanda. ¿Entienden ustedes algo? ¿En qué país civilizado cuando se comete un delito, de la índole que sea, son la víctima o el denunciante los que deben correr con la fianza para que la sentencia judicial pueda ser ejecutada?
Durante casi un lustro, la empresa se ha empecinado en sacar adelante el proyecto urbanístico a sabiendas de que podía estar vulnerando la legalidad. Contraviniendo el sentido común, ha hecho lo posible por forzar la situación llevando a término unas obras que debieron haber parado en su día en el intento de presentar ante la sociedad una inadmisible política de hechos consumados (“Como ya está hecho, y ha quedado tan mono, ahora ¿quién se va a atrever a derribarlo”). Cuando los vientos les son adversos solicitan ser indemnizados. ¿Cabe mayor cinismo? Lo suyo sería que, durante los próximos días, el juez les recordase la obligación que tuvieron entonces de detener los trabajos y sean ellos quienes arrostren las consecuencias de su irresponsabilidad.

Qué decir de los argumentos y falacias que durante los últimos días han venido divulgando los voceros del despropósito con el objetivo de justificar su conducta:
- “Total, una vez acabado, mejor dejarlo como está”. ¿Desde cuándo un delito deja de ser delito por haber sido perpetrado? ¡Precisamente es delito porque ha sido llevado a cabo! Es de eso de lo que estamos hablando. Y la justicia debe exigir reparación inmediata.
- “La iniciática contribuirá a crear puestos de trabajo”. Cierto que la situación económica es complicada. Cierto que es necesario promover la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero ¿justifica esta situación la comisión de todo tipo de desaguisados? De seguir con este hilo argumental acabará por valer todo. Cualquier pirómano cazado in fraganti podrá argumentar en su defensa que su actividad incendiaria contribuye al bien público, que entre equipos de extinción, bomberos, maquinaria, vehículos, helicópteros, mecánicos, suministros, venta de la madera quemada, viveros, regeneración del bosque,… lo que él hace es contribuir a crear y mantener muchísimos puestos de trabajo. Atendiendo a este razonamiento ¿deberá el juez dejarlo en libertad? ¿Declararán nuestros notables su actividad delictiva “Proyecto de Interés Regional” y le concederán una medalla? La coartada de los puestos de trabajo no puede ser excusa para dar “barra libre” a iniciativas que vulneran la ley y dañan irreversiblemente entornos protegidos.
- Otra fabulación alucinante: “Con esta iniciativa se ha contribuido a enriquecer la biodiversidad de la zona”. Hay que tener desfachatez, pretender que a base de cemento, ladrillo y césped artificial se aumenta la riqueza natural de una comarca. Nuestro pirómano podría argumentar también que, al darle fuego al bosque, lo único que hace es favorecer la diversidad de una zona: donde antes todo eran prosaicos montes de roble ahora podrán medrar zarzas de toda índole. Lo que antes no eran más que monótonas laderas arboladas se verán ahora “enriquecidas” con la variedad que aportan los paisajes subdesérticos y los vistosos cárcavos y barrancos provocados por la escorrentía. Biodiversidad en estado puro.
—“No se quiere dar la sensación de inseguridad jurídica a otras empresas que pudieran aspirar a instalarse en suelo extremeño”. Y tienen razón, pero para no dar sensación de inestabilidad jurídica hay que empezar por hacer las cosas conforme a la ley. Es deseable que a nuestra región acudan emprendedores ansiosos por hacer las cosas bien, con arreglo a unas reglas que rigen para todos los extremeños. Cuando se recurre a corruptelas y al clientelismo político estos son los resultados. Por otro lado, a la vista de lo ocurrido en Valdecañas o en Cabezuela del Valle, ¿se nos está avisando de que se desea “abrir la mano” a todo tipo de operaciones inmobiliarias y negocios especulativos con el suelo de la región? ¿Debemos suponer que la supuesta “seguridad jurídica” no es más que un intento de dar patente de corso a futuros inversores en el campo de los desarrollos urbanísticos? ¿Se aspira a convertir la geografía regional en un nuevo Levante? ¿Allí dónde exista un paraje protegido, una garganta, un bosque de castaños o un trozo de dehesa, veremos crecer como hongos grandes guetos residenciales? ¿Acabará Extremadura, con la complicidad de sus gobernantes, por intentar copiar un modelo completamente agotado y fracasado que dio al traste con la crisis siendo a la vez uno de sus principales detonantes? ¿Veremos cómo en suelo extremeño se repiten los mismos errores del pasado? ¿Aquí nadie aprende nada del pasado más reciente?

Desde Ecologistas en Acción de la Vera queremos denunciar el hecho de que utilizando trabas y farragosos procedimientos legales se esté dilatando el cumplimiento de la ley y la ejecución de las sentencias judiciales que afectan a dicho complejo urbanístico. Exigimos además la anulación de cualquier fianza tendente a torpedear nuestro derecho a actuar como Asociación Ciudadana demandante.




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