La privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat

Quim Pérez, Ecologistes en Acció de Catalunya, y Jaume Delclos, Ingeniería sin Fronteras

El agua es un bien público ya legislado en la “Ley de Aguas de 1879”, vigente en la actualidad y preservado en el “texto refundido de 2002” de la misma ley. El concepto de bien público se remonta al Derecho romano, donde la Res publica (cosa pública) hacía referencia a las propiedades de la Antigua Roma o de sus ciudadanos en conjunto. Un claro ejemplo eran las fuentes de agua de la ciudad, las calles, etc. Un bien público es aquel que pertenece o es proveído por el Estado a cualquier nivel, sea por el Gobierno Central, Autonómico o municipal.

Hablamos de privatización cuando las corporaciones, multinacionales o grandes empresas privadas se hacen mediante procesos jurídico-económicos, más o menos opacos, con actividades empresariales que desarrolla y gestiona el Estado o la comunidad. Este proceso llega al extremo de permitir gestionar al sector privado bienes esenciales, vitales y geoestratégicos, como es el caso del agua, a pesar de los graves riesgos sociales y ambientales que ello conlleva.

En este caso concreto, nos referimos a la privatización de la gestión del agua de Aigües Ter-Llobregat (ATL), una empresa pública creada el 1990 y que el Decreto Ley 3/2003, por el cual se aprueba el texto refundido la legislación en materia de aguas en Catalunya, otorga a la Red de Abastecimiento Aguas Ter-Llobregat la gestión del agua en alta, es decir, la explotación de las instalaciones que comprende el tratamiento, el almacenamiento y el trasporte de agua desde sus fuentes de captación o producción hasta los depósitos municipales de 121 municipios de las comarcas de Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès occidental lo que supone el abastecimiento de más 4,9 millones de habitantes con un volumen de 229 Hm3, a un muy buen rendimiento del 95,14%. Por otro lado, la misma ley es muy clarificadora respecto al carácter público de Aguas Ter-Llobregat y al de sus bienes e instalaciones.

En este contexto, tras el resultado de las pasadas elecciones catalanas, las cuales dieron una mayoría a CiU, las políticas de carácter neoliberal se han incrementado. Las nuevas políticas económicas aumentan la intención de reducir a la mínima expresión la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico. Obviando cuestiones tan evidentes y tan negativas como el aumento de las diferencias sociales y por tanto de la pobreza, del agotamiento de los recursos y la falta de control democrático. El déficit público y la propia deuda de ATL permitida por los propios gobernantes facilitan la justificación de las intenciones privatizadoras de ATL. Empresa pública que el pasado 2010 fue considerada la segunda mejor empresa pública del mundo por la Global Water Awards (1) La gestión pública del abastecimiento en alta ha demostrado una gran calidad en su servicio, incluso en la sequía de Barcelona (2006-2009). Los abastecimientos a las poblaciones han sido excelentes a pesar de la variabilidad climática y los desmesurados crecimientos urbanos. Sus infraestructuras están en un muy buen estado de conservación gracias a sus inversiones en mantenimiento. En cambio, no se puede decir lo mismo de las infraestructuras del Grupo Agbar, la potabilizadora de Sant Joan Despí, propiedad de dicha compañía, literalmente se está cayendo a trozos.

A los pocos meses de entrar en el gobierno CiU se inicia el desmantelamiento de las instituciones públicas de agua, fundamentales para Cataluña, ATL y la Agència Catalana del Agua (ACA). La Ley Omnibús, de simplificación y mejora de la regulación normativa aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 22 de diciembre de 2011, disuelve Aguas Ter-Llobregat e incorpora su patrimonio al de la Generalitat de Catalunya, otorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitación y adjudicación de los contratos administrativos de gestión y prestación de servicios públicos en materia de aguas de Catalunya, considera los derechos de naturaleza económica conseguidos por la explotación y gestión de las instalaciones que integran la Xarxa Ter-Llobregat de manera indirecta como ingresos de la Generalitat de Catalunya. Como mal menor, después de las incomprensibles actuaciones de disolución de ATL, facilitan la privatización o externalización de la gestión de ATL y dejar la Agència Catalana del Agua sin capacidad económica. La nueva ley considera que los recursos económicos conseguidos se han de destinar únicamente para gastos del ciclo del agua, había existido el riesgo que después de permitir un déficit económico de más de 2.000 millones de euros entre las dos empresas públicas, se dedicara a otras cuestiones.

Ante este sabotaje social, estas políticas antidemocráticas y este expolio de los bienes comunes diversas organizaciones de diversos ámbitos, como son el ecologista, el sindical, el vecinal y los movimientos sociales en general, hemos acordado unificar esfuerzos para formar la red “Aigua és Vida” (2) con el objetivo de agrupar sinergias e intentar que la gestión privada del agua no aumente en Catalunya, sino todo lo contrario que decrezca. La campaña se ha centrado en la privatización de ATL por su urgencia. Los argumentos son sólidos y numerosos y “Aigua és Vida” los esgrime en los diversos ámbitos para conseguir parar la fiebre privatizadora.

El actual sistema democrático impide a los ciudadanos el poder participar en una decisión tan trascendental como la de la privatización del agua. Tanto es así, que el actual proyecto de privatización de ATL no ha sido incluido en ningún programa electoral. Por otro lado, muy al contrario del principal argumento esgrimido por los actuales gobernantes, esta medida no responde a la actual crisis financiera ya que los costes resultantes serán mayores. Finalmente, se habla de una licitación de 50 años, es decir, una hipoteca democrática y una pérdida de gobernanza y control por parte de las generaciones futuras.

ATL es patrimonio de toda la ciudadanía de Catalunya. Cuenta con el siguientes infraestructuras: 700 km de conducciones, 167 depósitos de cabecera, 12 estaciones de impulsión y bombeo de agua y dos importantes centros de potabilización, las estaciones de Abrera y Cardedeu, por las aguas del Llobregat y del Ter, respectivamente, y la reciente desalinizadora del Llobregat. ATL tiene unos activos de 1800 millones de euros, infraestructuras pagadas con la aportación económica de la ciudadanía a través de sus impuestos, el canon, o bien con Fondos de Cohesión europeos que tenían como objetivo financiar “proyectos de inversión pública destinados a la mejora del medio ambiente”, en ningún caso se ha dedicado a infraestructuras para desarrollar una explotación mercantil.

La privatización de ATL es un atentado a las finanzas de los municipios, venden una infraestructura sin haber consultado son todos sus titulares. Muchos de los ayuntamientos que se han conectado a la Red Aguas Ter-Llobregat han pagado un 50% de la inversión necesaria y el 50% restante la Generalitat de Catalunya por medio de la Agencia Catalana del Agua. Las dificultades económicas de los municipios han comportado que los costes hayan sido financiados por la propia ATL y recuperados gracias a un aumento del precio del agua que se le computa al usuario. Es inaceptable que los propietarios del 50% de las infraestructuras para la conexión, los municipios, no sean considerados y, además, se pretende que los ciudadanos paguen un incremento del coste del agua de entre un 150 y un 200 % (3).

La privatización de ATL no tiene ninguna justificación económica, si no que muy al contrario aumentará el coste del agua. Es cierto que ATL tiene una deuda que ronda los 700 millones de euros que proviene de la incorporación de otras empresas públicas como la Sociedad de Gestión Metropolitana de Abastecimiento de Aguas, SA (SOGEMASA) de la Entidad Metropolitana de Barcelona y de las inversiones realizadas durante la sequía del 2008. El nivel de inversión pasó de 35 millones de euros anuales a más de 100, y este aumento se realizó sin repercutirlo en la tarifa en alta ni en un soporte financiero adicional de la Generalitat para poder hacerle frente, tal como se hacía en otras infraestructuras, como en las carreteras, el metro y aeropuertos o en canales de televisión. A pesar de todo, el balance anual de ATL, con 7 millones de euros de beneficio que revierten en el servicio demuestra su viabilidad económica y la necesidad de que se mantenga su estatus de empresa pública.

La Región Metropolitana de Barcelona necesita un servicio público de calidad no un servicio mercantil de mínimos enfocado exclusivamente a la generación de dividendos. La gestión privada de todo el sistema Aguas Ter-Llobregat pone en peligro el buen estado de todas las infraestructuras y hace muy vulnerable la calidad del servicio de abastecimiento a los municipios. Las empresas públicas de agua, y por tanto ATL, reinvierten sus beneficios en el mantenimiento y mejora del servicio e infraestructuras. Las empresas privadas dedican los beneficios a satisfacer a sus principales accionistas y a la telaraña de su ingeniería financiera. Un ejemplo, AGBAR en 2010 despidió a 194 trabajadores (4) y, paralelamente, repartía 90 millones de euros en dividendos y compraba la Torre Agbar, por valor de 165 millones de euros (5).

La privatización de la gestión de ATL supondría un encarecimiento innecesario del precio del agua y no unas tarifas reales y justas (6). La ley permite un recargo a la gestión privada de más del 10%, Actualmente es imprescindible hacer frente a los costes de explotación, sin los recargos que autoriza la ley por el simple hecho de ser privado porque son innecesarios y, por tanto, no se deben hacer pagar a los ciudadanos. Las externalizaciones en la gestión, intermediarios, etc. siempre encarecen los costes ya que el sector privado tiene como objetivo maximizar el beneficio, no entienden de derechos humanos ni de políticas sociales y ambientales. En caso de ATL se calcula que el sobrecoste que recaerá en todos los ciudadanos, y que será el futuro lucro del operador privado, oscila entre los 30 y 50 millones de euros anuales. Se prevé que la de tarifa final del agua subirá del 40 al 60% según el municipio.

La externalización de la gestión de ATL supondrá un abuso de mercado. Si AGBAR se hace con el servicio de distribución del agua en alta será la misma empresa que también distribuye en baja, más del 70% de la población de Catalunya. Esto significa un claro abuso de posición dominante y contradice la ley de Defensa de la Competencia (7). Suez, accionista mayoritario del Grupo Agbar, ya sufrió sanciones en 2009 por valor de 1.106 millones de euros, por violar las políticas antimonopolistas impuestas por la UE en el sector energético (8) y actualmente está expedientada, junto con Veolia y Saur, por posibles pactos de precios en el mercado del agua (9).

La gestión Integral del ciclo del agua se vería gravemente afectada. Las fuentes naturales de abastecimiento son esenciales para tener agua de calidad y para la preservación de los ecosistemas acuáticos. La Directiva Marco del Agua exige a los Estados el buen estado de las masas de agua para el 2015. Una gestión en manos privadas no posibilita las necesarias inversiones de carácter medio ambiental, de recuperación de acuíferos, de aplicación del Plan Sectorial de Caudales de Mantenimiento, de los Planes de Espacios Fluviales, etc.

El hecho que el agua potable y el saneamiento no sean una mercancía, si no al contrario, un derecho humano, tal como aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2010, refuerza los argumentos de la sociedad civil catalana y el sentido de nuestra lucha de forma considerable. El agua no es un bien mercantil, es un bien común y un servicio público básico esencial. Por ello, en el marco de la Plataforma “Aigua és Vida” trabajamos para evitar la privatización de ATL y conseguir una gestión pública del agua en los municipios de Catalunya. Como es el caso de la ciudad de Barcelona donde AGBAR es el operador privado que distribuye el agua a la ciudadanía de forma más que “ilegítima” , al no existir contrato entre AGBAR y el Ayuntamiento de Barcelona. Es necesario remarcar que nunca ha existido en la historia un solo caso de privatización de los servicios públicos del agua que haya sido apoyado por una consulta popular, al contrario, son numerosos los casos de iniciativas ciudadanas que han paralizado estos procesos mediante referéndums y otras iniciativas ciudadanas. La privatización de la gestión del agua ahonda la degradación social, de ahí el rechazo popular, por esta razón la Plataforma “Aigua és Vida” seguirá luchando por una gestión pública y con participación social.

Notas y referencias

1 “ATLL guanya el segon premi en els Global Water Awards, dintre la categoria de millor empresa pública de l’any” Nota de prensa, 26 de abril de 2011.

2 Más información en la página web: http://aiguaesvida.wordpress.com/

3 Antonio Cerrillo, “El govern preveu obtener uns 600 milions per privatitzar la zarza d’aigua”, La Vanguardia, 27/01/2012.

4 “Agbar presenta un ERO per acomiadar a 194 persones” Tv3, 27 de julio de 2010.

5 Ídem.

6 “Les companyies de l’aigua avisen que el rebut haurà de pujar el 15%”, El Periódico, 24 de enero de 2012.

7 El artículo 2 de la Ley 15/2007, del 3 de Julio, de Defensa de la Competencia de España y el artículo 102 sobre el abuso de mercado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

8 “La UE multa con 1.106 millones a E.ON y GDF Suez por monopolio”, El País, 8 de julio de 2009.

10 “La CE expedienta a las empresas francesas de gestión de aguas por posible pacto de precios”, Europa Press, 18 de enero de 2012.

Según la sentencia del 5 de octubre del 2010 del juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona




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