La privatización del Canal de Isabel II

Consecuencias ambientales y sociales.

Santiago Martín Barajas, responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción.

A mediados del siglo XIX los recursos hídricos, que hasta entonces abastecían a la ciudad de Madrid a través de los denominados viajes de agua, se mostraron claramente insuficientes para garantizar el abastecimiento de la ciudad, poniendo en serio peligro su desarrollo. Ante esa situación, en 1848, el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Bravo Murillo, encomendó a una comisión de ingenieros que estudiase la viabilidad de la traída de agua desde la Sierra de Guadarrama a Madrid, pues en caso de ser inviable, se llegaría a plantear la posibilidad retirar a Madrid la capitalidad de España.

Dicha comisión informó favorablemente de la viabilidad del proyecto, planteando la construcción sobre el río Lozoya del embalse del Pontón de la Oliva, así como de una conducción de setenta kilómetros hasta la ciudad de Madrid. La obra fue financiada mayormente por el Ayuntamiento de Madrid, participando también en la misma la propia reina Isabel II, con una aportación de cuatro millones de reales (unos 300 kg de oro). Finalmente, el 24 de junio de 1858, concluyeron las obras con la inauguración en Madrid de la fuente de la calle de San Bernardo, estableciéndose en esa fecha la creación del Canal de Isabel II, entidad totalmente pública desde su nacimiento, y que a lo largo de sus más de 160 años de vida, ha mantenido el mismo estatus, con independencia de gobiernos y regímenes políticos. Actualmente la empresa abastece de agua de calidad a la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid, con más de seis millones de personas.

Sin embargo, a través de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM núm. 310, de 30 de diciembre de 2008.), la Comunidad de Madrid abrió la puerta a la privatización del Canal de Isabel II, autorizando la constitución de una sociedad anónima que tendrá por objeto llevar a cabo todas las actividades que actualmente realiza el Canal de Isabel II y anunciando su intención de sacar a bolsa el 49 % de las acciones. En definitiva, la Comunidad de Madrid está planteando la privatización, al menos parcial, del Canal de Isabel II. Dicha actuación ha sido justificada por el Gobierno de la Comunidad por la necesidad de realizar “un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos, que es preciso financiar con la captación externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del ciclo hídrico”.

Esa justificación resulta a todas luces inaceptable, pues el Canal de Isabel II es una empresa económicamente muy rentable, que genera todos los años cuantiosos beneficios económicos a la Comunidad de Madrid. Además estos beneficios, en la mayoría de los casos, no se destinan a nuevas infraestructuras hidráulicas (por innecesarias), sino a otro tipo de obras como es el caso de la construcción del Teatro del Canal, cuyo coste se situó entorno a los 100 millones de euros. Por otra parte, Madrid no necesita nuevas grandes infraestructuras para garantizar el abastecimiento, pues con las actualmente existentes tiene capacidad para abastecer con plena garantía a una población de más de nueve millones de habitantes.

La privatización del Canal de Isabel II conllevaría graves consecuencias ambientales y sociales, que a continuación pasamos a comentar.

Consecuencias sociales de la privatización.

Todos los años el Canal de Isabel II obtiene importantes beneficios económicos (152 millones de euros en 2009), que van a parar a las arcas públicas, y que por tanto revierten en beneficio del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el momento en que se privatizase, los beneficios económicos producidos por el Canal, obtenidos del conjunto de los ciudadanos a través de la factura del agua, irían a parar a los bolsillos de los accionistas de la empresa.

El Canal de Isabel II abastece a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en régimen de monopolio, por lo que, al tratarse además de un servicio de primera necesidad, un empeoramiento de la calidad del mismo no supondría en ningún momento una modificación en el consumo. En este sentido, su privatización hace previsible una importante reducción en la actual plantilla de trabajadores, al menos a medio plazo, pues el empeoramiento del servicio que necesariamente conllevaría no produciría reducción del consumo de ningún tipo, lo que supondría un incremento de los beneficios, al reducirse los gastos. Eso sí, a costa de empeorar el servicio de abastecimiento de agua que actualmente reciben los madrileños. En este sentido, es previsible que, con independencia de lo que acordase el comité de empresa con la Comunidad de Madrid, se establezca una tendencia encaminada a la reducción sustancial del número de trabajadores hasta alcanzar el mínimo imprescindible para garantizar, aunque sea de forma precaria y deficiente, el suministro de agua a todos los abonados. Este deterioro en el servicio podría llegar afectar incluso de forma ocasional a la calidad sanitaria del agua de suministro.

Un deterioro en la calidad del suministro, como consecuencia de la previsible reducción de plantilla a causa de la privatización, empujaría a una buena parte de la población a dejar de consumir el agua del grifo, desplazándose al agua mineral embotellada, lo que supondría un coste económico adicional para las familias, incluyendo a las de menor poder adquisitivo. Una familia de cuatro miembros, que utiliza agua embotellada para beber y cocinar, gasta entre 50 y 75 euros al mes, cuando ese volumen de agua, si procede del grifo, no cuesta más de 0,30 euros.

Por otra parte, la privatización del Canal de Isabel II es muy posible que también lleve asociado un fuerte componente de especulación inmobiliaria. Actualmente la entidad es propietaria de amplias superficies de suelo a lo largo de toda la Región, una parte del mismo situado en diferentes puntos del centro de Madrid. Este suelo alcanzaría un importante valor en el mercado inmobiliario por lo que, si el Canal llegase a privatizarse, es previsible que intentasen sacar a la venta aquellos terrenos del centro de Madrid que actualmente ya no necesitan estrictamente para la realización de la función de abastecimiento. Es más, cabría la posibilidad de que, a costa de reducir la garantía de suministro en el caso de una avería grave en el sistema de abastecimiento, acabasen declarando innecesario alguno de los grandes depósitos de los que dispone el Canal en el centro de la ciudad, que ocupan amplias extensiones de suelo, y que alcanzaría un precio exorbitante para la construcción de viviendas.

De nuevo, la especulación inmobiliaria con el suelo y el patrimonio público para el beneficio de unos pocos, algo por desgracia muy frecuente y casi habitual en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la construcción de gran número de viviendas en esos espacios hasta ahora libres del interior de la ciudad, algunos de gran extensión, incrementaría sustancialmente la densidad de población en esos barrios, lo que conllevaría necesariamente una pérdida de calidad de vida para los vecinos de los mismos.

Aspectos legales de la privatización y consecuencias sobre la factura del agua.

Ante el anuncio de la privatización del Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo encargó a D. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, un dictamen sobre las consecuencias jurídicas de la privatización.

En dicho dictamen se indica que el Canal, una vez privatizado, aunque sea parcialmente, “no podrá continuar con la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento a los municipios, dada su competencia municipal, y que fueron atribuidos al Canal mediante convenios”. Hay que tener en cuenta que las competencias, tanto en abastecimiento como en saneamiento, son exclusivas de los ayuntamientos, que han cedido directamente al Canal de Isabel II esas atribuciones, dado su carácter de entidad de derecho público, cesión que carecería de validez en cuanto se privatizase, debiendo realizarse entonces la adjudicación mediante concurso público y licitación.

De hecho, en el dictamen se señala que, “en cuanto se constituya la nueva sociedad, los ayuntamientos deberán obligatoriamente declarar disueltos los correspondientes convenios y proceder a asumir la gestión directa de los servicios de su competencia, o si así lo prefieren, llevar a cabo un proceso de licitación para realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora se atribuían al Canal de Isabel II”. También indica que “el Ayuntamiento de Madrid deberá realizar lo propio”. Si bien, la Comunidad de Madrid está intentando esquivar estas barreras legales mediante la firma de nuevos convenios con los ayuntamientos que contemplen a la futura empresa con capital privado para que realice el abastecimiento, depuración y alcantarillado. Entre otros, este convenio ha sido ya firmado por el Ayuntamiento de Madrid. Si bien, las presiones de la Comunidad son fuertes, los ayuntamientos de la Sierra Norte se han negado a firmar estos convenios.

La mayor parte del agua de abastecimiento de Madrid procede de los embalses de la Sierra de Guadarrama, que son propiedad del Estado, y que explota el Canal de Isabel II mediante una encomienda de gestión. En el momento de que el Canal se privatizase, tal y como indica el dictamen jurídico, la Confederación Hidrográfica del Tajo debería retirar al Canal de Isabel II las concesiones, y por tanto la gestión, tanto de los embalses como de las principales conducciones de abastecimiento, también financiadas y propiedad del Estado.

Como consecuencia de ello, la Confederación Hidrográfica del Tajo, o bien se encargaría ella misma de la gestión “en alta”, para abastecer a los diferentes municipios, o bien éstos deberían crear mancomunidades, por tanto de carácter público, a los que la Confederación cediera esa gestión en alta. En definitiva, sería necesaria la creación de varios “pequeños canales de Isabel II”, lo que necesariamente perjudicaría la calidad del suministro y encarecería los costes y por tanto los precios actuales del agua, siendo los madrileños los principales perjudicados de esa nueva situación. Además, en el caso de la ciudad de Madrid, que por el número de habitantes necesita para cumplimentar su abastecimiento agua procedente de diferentes embalses, la gestión se dificultaría aún mucho más.

También habría otra importante consecuencia. Una buena parte del agua que se consume en la Comunidad de Madrid, entre un tercio y la mitad, procede de embalses y ríos situados en otras comunidades autónomas. Concretamente del embalse del Vado y del azud del Pozo de los Ramos, ambos situados en la provincia de Guadalajara; y del río Alberche, cuyo mayor embalse, el de Burguillo, se encuentra situado en la provincia de Ávila. Actualmente el Canal de Isabel II dispone de concesiones para la explotación de esas aguas e infraestructuras. Sin embargo, con la pérdida de las concesiones como consecuencia de la privatización, lo que es previsible es que la explotación de esas aguas y embalses sea reclamada por la Junta de Castilla y León, en el caso de Ávila; y por la Junta de Comunidades de de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, para el caso de las infraestructuras situadas en Guadalajara. La “pérdida” de estas infraestructuras para el abastecimiento a Madrid, pondría en grave riesgo la garantía de suministro a la Región, por lo que podríamos encontrarnos ante un hipotético y paradójico escenario en el que municipios o mancomunidades de municipios de la Comunidad de Madrid, tuvieran que ser abastecidos parcialmente por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha o por su homónima de Castilla y León, lo que necesariamente repercutiría también en un encarecimiento del precio.

Consecuencias medioambientales

La privatización del Canal de Isabel II también produciría importantes daños ambientales. El agua es un recurso natural limitado y escaso, cuya obtención conlleva necesariamente daños ambientales más o menos importantes, por lo que debe consumirse tan sólo la necesaria, siendo por tanto muy importante la realización de continuas campañas de concienciación ciudadana sobre la necesidad del ahorro.

En las dos últimas décadas, el Canal de Isabel II ha llevado a cabo varias campañas de concienciación ciudadana, cuyo resultado ha sido bastante satisfactorio, traduciéndose siempre en una bajada del consumo del 10 al 15 %. Asimismo, el Canal de Isabel II invirtió durante años en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución. Como consecuencia de ello, nos encontramos con el consumo de agua por habitante abastecido se ha reducido en los últimos 15 años en más del 30 %.

Si se privatizase el Canal de Isabel II, es previsible que dejasen de hacerse las campañas de concienciación ciudadana, pues la realización de cualquier campaña de fomento del ahorro por parte de una empresa privada de abastecimiento, es contrario a su principal objetivo empresarial: la obtención de beneficios. Esas campañas de ahorro, que no sólo son aceptables sino también recomendables en el caso de una empresa pública en aras del interés general, es inconcebible en el sector privado, cuyo principal objetivo siempre va a ser que se consuma la mayor cantidad de agua posible, lo que conlleva daños ambientales importantes (construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, sobreexplotación de acuíferos, reducción de los caudales ambientales, etc.), y también sociales (reducción de la garantía de suministro en periodos de sequía). Asimismo, también es previsible que la gestión privada acabaría muy posiblemente con la política de bloques vigente en la tarifa actual (el precio del m3 se incrementa conforme aumenta el consumo a partir de determinados niveles), que tiene como objetivo favorecer a las personas que ahorran y consumen agua de forma más racional, y penalizar el derroche. En todos los casos en los que se ha producido la privatización del agua, tanto en España como en el resto del mundo, se han llevado a cabo inmediatamente subidas por igual de tarifas, cuando no ha sido incluso mayores para los consumos más bajos, impactando más sobre quién menos tiene y sobre los que menos consumen.

Por otra parte, también es previsible una importante merma de la inversión en reducir las pérdidas en las redes de distribución pues, dado lo barato que le resulta la obtención, especialmente en alta, y potabilización del agua, hace que la reducción de la mayoría de las pérdidas en las redes de distribución no sea económicamente rentable para cualquier empresa privada de abastecimiento, lo que conlleva un incremento progresivo del consumo, no achacable a los usuarios, con las mismas consecuencias ambientales ante indicadas.

Hace algunos años el Canal de Isabel II financió numerosas actuaciones de carácter medioambiental (incluso con varios millones de euros), como es la restauración ambiental de riberas de los ríos en la Comunidad de Madrid. Es impensable que si la entidad se privatiza lleve a cabo proyectos ambientales de ese tipo.

Finalmente, señalar que el Gobierno Regional, además de privatizar el Canal de Isabel II, tiene intención de que la sociedad anónima que cree, gestione también el ciclo integral del agua de Madrid, competencia que corresponde en exclusiva al Gobierno Central, al afectar la cuenca del Tajo a cinco comunidades autónomas y a Portugal. Además, parece que pretende estrenar esa nueva competencia que se ha autoasignado, con la construcción de dos nuevos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. Uno situado en la zona norte, y mientras que el otro se localizaría al sur de la Región. La construcción de estos dos embalses, especialmente el situado en la Sierra Norte, producirían un gran daño sobre el medio ambiente. Asimismo, se trata de embalses totalmente inútiles, pues los dos se ubicarían sobre valles con cuencas de vertido reducidas, y que apenas cuentan con caudal.

Además, resulta evidente que la Comunidad de Madrid no necesita de la construcción de nuevos embalses para abastecimiento, y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Gobierno Central a lo largo de los últimos 15 años, con independencia del partido que estaba gobernando en cada momento pues, como ya se ha indicado anteriormente, con las infraestructuras actualmente existentes, el Canal de Isabel II tiene capacidad para abastecer con garantía a una población de más de nueve millones de habitantes.

Conclusión

Podemos concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevaría importantes perjuicios sociales y ambientales, además difícilmente reversibles, y ningún tipo de beneficio para el interés general. Por ello, deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones reales que están empujando al Gobierno Regional a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños.

Por todo ello, rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II. Consideramos que debe seguir siendo 100 % de titularidad pública, como lo ha sido desde que se creó hace más de 150 años, sirviendo también de ejemplo palpable de cómo una gran empresa puede gestionarse eficazmente desde el sector público, conjugando la rentabilidad económica con un servicio adecuado y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía.




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