El Tribunal Superior de Justicia dictamina contra esta urbanización ilegal.
Miguel Manzanera, Ecologistas en Acción de Extremadura. Revista El Ecologista nº 72.
La Marina Isla de Valdecañas es una urbanización de lujo declarada ilegal por los tribunales a instancias de varias denuncias ecologistas. Lejos de alinearse con los defensores de la naturaleza, la Junta de Extremadura ha cambiado hasta leyes, también recurridas por inconstitucionales, para tratar de evitar su demolición. Se trata de un caso emblemático, por cuanto supone replicar en el borde de los embalses el mismo esquema urbanístico que ha arrasado con buena parte de nuestro litoral.
Cinco años dura ya la lucha ecologista contra Marina Isla de Valdecañas, urbanización de lujo en la comarca extremeña de Campo Arañuelo; un complejo para la alta sociedad, ubicada en el pantano que represa el río Tajo a su entrada en la provincia de Cáceres. El problema es que la citada construcción viola las leyes urbanísticas y las normativas ambientales, vigentes en nuestra región y en Europa durante las últimas décadas.
A pesar de eso, la Junta de Extremadura no solo ha permitido el atropello de los valores ambientales, sino que también lo ha alentado. Y además la Confederación Hidrográfica del Tajo no solo ha sido cómplice al permitir la edificación en lugares prohibidos por la normativa; para favorecer la construcción ha llegado a interrumpir el normal flujo de agua, incumpliendo la normativa sobre la protección del río y los convenios internacionales sobre caudales mínimos.
El peligro de que la construcción de zonas residenciales llegara a desarrollarse en Extremadura como lo ha hecho en otras regiones peninsulares, ha sido motivo para movilizarse los sectores más conscientes de la sociedad. Contra la empresa constructora, apoyada por las instituciones regionales y locales, se han presentado diversas organizaciones defensoras de la ecología extremeña, entre las que cuentan Izquierda Unida, Adenex y Ecologistas en Acción.
Vulneraciones legales
Resumo la crónica de este contencioso, que ha sido fielmente retransmitida en los medios alternativos. El proyecto fue aprobado sin que tengamos constancia de que fuera sometido a información pública, pues la Evaluación de Impacto Ambiental, si es que existió, nos pasó desapercibida. Curiosamente, la construcción de la Marina Valdecañas fue considerada Proyecto de Interés Regional (PIR), lo que significa gozar de determinadas prioridades y la posibilidad de estar por encima de las leyes ambientales. Quizás fuera este el motivo para que en el mes de agosto de 2007 la Confederación Hidrográfica del Tajo desecara el río a lo largo de 5 km –según la prensa, 40 km según los cálculos de Ecologistas en Acción–, aguas debajo de Puente del Arzobispo con la excusa de facilitar los trabajos de la empresa promotora de la urbanización.
Se da el caso de que el río Tajo se encuentra sobreexplotado para la extracción de agua con diversos objetivos, especialmente agrícolas, y por las presas para la producción eléctrica. Por eso el embalse de Valdecañas se encuentra en promedio a un 34% de su capacidad de retención de agua, un 17% debajo de la media de la última década. En esas condiciones será difícil que se puedan cubrir, sin incrementar el estrés hídrico del río, las exigencias de agua de la nueva urbanización, que tendrá campos de golf además de los jardines y todas las demás comodidades de la vida moderna.
Un ejemplo de los problemas del Tajo, se encuentra a unos 20 km aguas abajo del pantano de Valdecañas. La Central nuclear de Almaraz siempre ha presentado un problema endémico de refrigeración, puesto que el Tajo no tiene el caudal suficiente para garantizar el enfriamiento del núcleo en caso de accidente. La forma de solucionar este problema era bajar potencia cuando disminuía el caudal del Tajo. Nos preguntamos cómo resolverán el suministro de agua cuando el caudal del río baje todavía más.
Todo ello fue denunciado en su momento por Ecologistas en Acción, por lo que su coordinadora, Paca Blanco, se ganó la animadversión de sus convecinos de El Gordo. Comenzaron entonces los ataques contra una mujer que lleva muchos años en la lucha por un mundo mejor. Varias veces su casa tuvo que sufrir desperfectos, como pedradas en los cristales, pintadas en las paredes, etc.; hasta llegaron a arrojar cócteles molotov en la vivienda. Unos jóvenes pandilleros del pueblo protagonizaron los hechos –suponemos que dirigidos por políticos y empresarios sin escrúpulos–, y han sido juzgados y sentenciados a penas menores.
En noviembre de 2008 salió el Plan Territorial de Arañuelo, de donde se pudo sacar la conclusión de que el proyecto era completamente irregular: se prohibía la construcción de nuevos asentamientos desconectados de núcleos urbanos en espacios naturales protegidos. La lectura del Plan confirmó lo que los ecologistas ya suponían. Con esa seguridad se había interpuesto una querella en la magistratura contra del proyecto en abril de 2007 y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estaba informado de los hechos constatados por los ecologistas extremeños. Nótese que el problema del desecamiento del Tajo en agosto de ese año se produjo haciendo caso omiso de la querella presentada. El respeto de la ley no es el punto fuerte de nuestros empresarios, ni nuestros políticos tienen agallas para hacérselo tener.
La justicia lenta y segura acabó por entender el caso; en sentencia del 9 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de Ecologistas en Acción en contra de la urbanización de la isla del Tajo. En su comentario de la sentencia, los ecologistas comentaban que un PIR sólo se concede a “la política de viviendas sometidas a promoción pública” y no a empresas particulares con ánimo de lucro. El Tribunal recordaba en su sentencia los valores ambientales de la zona, protegidos por leyes especiales que no pueden ser inculcadas. Adenex y Ecologistas en Acción solicitaron la ejecución de la orden judicial.
Modificaciones de leyes a la carta
Pero no fuera esa la ocasión para que las autoridades extremeñas reconocieran la justicia de las reivindicaciones ecologistas. La sentencia generó un importante revuelo. Se corría el riesgo de perder las inversiones realizadas a esa altura, que ya eran muchas: 120 millones de euros. El presidente del PP extremeño no dudó un instante en mostrar su apoyo a la urbanización planeada y se ofreció a “arrimar el hombro” para conseguir la aprobación del proyecto. A juzgar por la celeridad con que se resolvió el asunto, la decisión judicial no les pilló de sorpresa y lo tenían todo preparado.
La Asamblea de Extremadura cambió la Ley del Suelo de forma que las zonas protegidas por la Red Natura 2000 pudieran ser urbanizables. El 29 de marzo de 2011, los diputados de PSOE y PP, únicos partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, dijeron simple y llanamente que “los diputados hacen las leyes y ellos las pueden cambiar”. Unos meses más tarde, el 13 de octubre, el PP ahora gobernante y el PSOE, su fiel aliado en materia conservacionista como en tantas otras cosas, votaron conjuntamente de nuevo para mantener la homologación del PIR de Valdecañas. Sólo tres votos de Izquierda Unida, entre 62 del bloque de poder, se opusieron a la aberrante actuación del legislativo extremeño. Una ópera bufa representada ante un pueblo despistado que no se reconoce en lo mejor de su ciudadanía, sino en lo más oportunista.
Esa votación se produce en un momento en que el Gobierno ha recurrido por inconstitucional la Ley del Suelo de Extremadura, modificada para poder dar cabida a proyectos constructivos como el de Valdecañas. Según explica la nota de prensa en la que se comunica esa decisión gubernamental, la legislación extremeña sobre el suelo “en ocho de sus apartados” viola los “derechos recogidos en la Constitución” o bien contradice “artículos de leyes estatales vigentes”. Parece que los legisladores extremeños no se toman en serio las leyes del Estado cuando no les interesa.
A pesar de ello, el 5 de noviembre de 2011 la administración aprueba la homologación del PIR, tal como había propuesto la Asamblea de Extremadura. Contra la decisión de la Asamblea de Extremadura se presentó por parte de Ecologistas en Acción un Recurso Contencioso-Administrativo en la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, y de nuevo el Tribunal Supremo falló a su favor, con lo que la urbanización tiene que ser demolida. Sin embargo, la empresa señala que ya se han gastado 140 millones de euros, hay 85 viviendas ocupadas y un hotel de tres estrellas funcionando, y pide que Ecologistas en Acción deposite una fianza por esa cantidad para ejecutar la sentencia.
A mitad de febrero de 2012 se celebró un acto de conciliación para fijar la cuantía de la fianza a cubrir por los grupos ecologistas para la paralización cautelar de las obras. Ante la falta de acuerdo (la empresa pedía ¡368 millones de euros! frente a una cantidad simbólica reclamada por los ecologistas) el asunto queda pendiente de la decisión del juez.
Pero como resultado de la tensión generada ante la exigencia de Ecologistas en Acción de que se cumplan la ley, Paca Blanco ha tenido que abandonar su casa e irse a vivir a bastantes kilómetros de la zona, además de sufrir un detestable linchamiento mediático, usándose contra ella todo tipo de patrañas para desacreditarla, incluso en portadas de medios de comunicación que han hecho gala de no tener el más mínimo criterio ético ni deontológico.
Conviene tener presente que Valdecañas abre la puerta a numerosos proyectos de construcción urbanística en nuestra región, que han sido contestados por la población por destruir los valores ambientales. La batalla jurídica y social de Valdecañas tiene gran importancia, porque la aprobación de ese proyecto podría abrir la puerta a otros similares, que están esperando el resultado favorable de la justicia. El pantano García de Sola amenazado de ser urbanizado; el proyecto turístico en Castilblanco; residencial para turistas ricos jubilados en Medellín; apartamentos de lujo en Cabezalavaca; viviendas en Fregenal de la Sierra; urbanizaciones en Plasencia y Santibáñez el Alto. Hoteles de lujo, campos de golf, balnearios artificiales y centros comerciales exclusivos, etc.
La profunda crisis económica en la que estamos inmersos no se solucionará de ese modo; más bien requiere de transformaciones drásticas y radicales en nuestras formas de vida y modos de producción, de forma que ajustemos nuestras costumbres a los requerimientos del cuidado ambiental y la conservación de los ecosistemas vivos.
