Una sentencia obliga a modificar el Plan General de Valdemoro

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción contra el PGV de 2004, por la clasificación como urbanos y urbanizables de los suelos que previamente estaban protegidos, como es el caso de El Espartal, entre otros.

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM

En sentencia de 4 de mayo de 2012 y notificación del día 30, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM anula la reclasificación a Urbano y Urbanizable de varios sectores que estaban clasificados en el P.G.O.U. del año 1999 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección: terrenos localizados en la Finca El Espartal, Valderremata, Parque Bolitas del Airón y terrenos entre la Radial-4 y la M-404 que, en total, suman algo más de 600 hectáreas de terreno, casi el 10% del término municipal.

Se recupera así la protección para una importante extensión de suelo de enorme valor ambiental y queda desacreditada una forma de hacer urbanismo basada en la especulación.

Sin embargo, la estimación de la demanda presentada no es total, dejando todavía sin protección una zona en El Espartal, que anteriormente estaba clasificada como suelo no urbanizable común, hecho que mueve a la organización ecologista a seguir demandando su protección, en el futuro, frente a nuevos intentos de urbanización. También reiteran la exigencia de no ubicar la nueva EDAR en El Espartal, en unos terrenos que, tras la sentencia, quedan clasificados como no urbanizables de especial protección

Han sido ocho años de lucha contra el rodillo del P.P de Valdemoro, con el fin de restablecer la legalidad urbanística en este municipio madrileño, en los que los ecologistas y vecinos que se oponían principalmente a la urbanización de la finca El Espartal (propiedad de la empresa pública ARPEGIO quien promueve junto al Consistorio la urbanización de esos terrenos), fueron ignorados, menospreciados y arrinconados por el Ayuntamiento de Valdemoro, cuyos gestores demostraron nula transparencia democrática y ningún interés por la participación ciudadana en la vida pública.

Todos los responsables políticos y gestores municipales que participaron en el diseño y desarrollo del Plan General del año 2004, principalmente, los alcaldes Francisco Granados Lerena (Senador) y José Miguel Moreno Torres (Diputado regional), así como los concejales de urbanismo, José Javier Hernández Nieto y Juan Carlos Bravo-Burguillos Jiménez (actualmente cargo de confianza en el ayuntamiento), deben dar explicaciones a la ciudadanía por las irregularidades cometidas, entre ellas, por qué se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana en el año 2004 y no se publica en su totalidad, como marca la Ley, hasta el año 2009.

El experimento de la burbuja inmobiliaria en el municipio de Valdemoro ha sido nefasto y, a día de hoy, es un Ayuntamiento en situación de quiebra económica. Esta sentencia corrobora que los oscuros años del “ladrillazo” están llegando a su fin y con ello, el de una casta política más preocupada por contentar al poder económico, que a la ciudadanía a la que supuestamente representaban.




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