Contra los intentos de criminalización

Ecologistas en Acción declara públicamente que este colectivo no tiene nada que ocultar con respecto a su actividad en Valcárcel. Y lamenta, que mientras las personas de los colectivos ambientales y sociales de Cádiz están siendo perseguidos judicialmente, la Diputación Provincial de Cádiz oculta datos públicos referentes a la privatización del edificio Valcárcel, patrimonio de todos los gaditanos y catalogado como Bien de Interés Cultural. Esta actitud antidemocrática de la Diputación ha sido denunciada esta semana ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

En la mañana de hoy, Jorge Sáez miembro de Ecologistas en Acción ha declarado ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz como imputado de la usurpación del Bien de Interés Cultural (BIC) del Hospicio de Valcárcel. Ante esto, este miembro de Ecologistas en Acción ha declarado: “Debo declarar que no he usurpado nada y no hice de Valcárcel mi vivienda, duermo cada noche en mi piso de alquiler en el que vivo desde hace varios años y participé en el Centro Social de Valcárcel Recuperado ayudando desde Ecologistas en Acción a la realización de actividades como el proyecto de recuperación del Aula del Mar de Cádiz”.

Ecologistas en Acción quiere transmitir que todas las personas de nuestro colectivo han colaborado con el Centro Social de Valcárcel Recuperado en representación del colectivo, no como parte de la asamblea popular. Así pues, Ecologistas en Acción participó en diversas iniciativas dentro del Centro Social, destacando entre ellas el Aula del Mar de Cádiz y la Semana de Acceso al Mar donde se produjo un encuentro de más de 60 pescadores artesanales de toda la costa española.

Ecologistas en Acción de Cádiz denuncia, además, la ocultación de información pública por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, la cual está Incumpliendo diversas leyes como la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, que regula el acceso de los ciudadanos a los documentos de la administración y la Ley 27/2006 de Acceso a la Información Ambiental, que es de aplicación por tratarse el caso del Hospicio Valcárcel de una materia de Ordenación del Territorio básica para el planeamiento urbanístico de la ciudad de Cádiz.

Ecologistas En Acción solicitó el doce de marzo de 2012 información sobre la venta del edificio, sin que a fecha de hoy Diputación de Cádiz haya entregado la documentación requerida, concertado una reunión o permitido el acceso al expediente de la venta del edificio. Estos hechos ya han sido denunciados ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Según se desprende de la información registral de la venta del Valcárcel, éste fue vendido en 2003 a la Compañía Inmobiliaria y de Inversión S.A con el fin de construir un hotel de cinco estrellas, un parking y una Escuela de Hostelería, todo considerado por esta Administración de “interés general”.

Se estipuló mediante una condición suspensiva un plazo de un año para que el ayuntamiento modificase el PGOU y cambiara el carácter del edificio. También se creó una condición resolutoria en la que si se daba un uso diferente al pactado, el edificio se recuperaría.

Diputación cobró 1.154.000 euros vendiendo el edificio, un Bien de Interés Cultural (BIC) a 76,6 euros el m2, todo ello se desprende de que el Impuesto de Transiciones Liquidadoras ascendió a 80.000 euros.

Ecologistas en Acción aboga por la transparencia democrática, unos planes generales urbanísticos que favorezcan en la práctica el desarrollo económico y social y que los bienes de la Administración, o sea de todos, sirvan realmente para el interés general de los ciudadanos. El edificio Valcárcel tiene una historia notable como hospicio, hospital y colegio, aportando a Cádiz salud, cultura y educación. En la actualidad se encuentra sin uso y en una situación estancada desde el 2003 y parece no tener salida.

El colectivo Valcárcel Recuperado limpió y restauró el edificio, abrió sus puertas otra vez para el disfrute de todos los ciudadanos y prestó servicios sociales y culturales altruistamente a la sociedad. Sin embargo, desde los poderes públicos las movilizaciones sociales se criminalizan y las personas que las integran son procesadas como delincuentes.

En la actual situación económica se hace indispensable la transparencia de los poderes públicos, que se de cuenta de las malas actuaciones, como la desastrosa venta del edificio Valcárcel que es patrimonio de todos los gaditanos, y que se abandone la persecución institucional a los movimientos sociales.




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