Chamizo pide la anulación de El Següesal

El Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo ha aprobado una Resolución en la que da totalmente la razón a Ecologistas en Acción por una queja que presentamos contra una macrourbanización en Barbate aprobada por la Junta de Andalucía en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. Se trata del El Següesal, promovida por Bogaris, que con sus 467,2 hectáreas (4.672.000 metros cuadrados) se convertiría en una de las mayores de Andalucía. El proyecto -que ha sido el primero de Andalucía declarado de de Interés turístico en base al Decreto del Golf- incluye 1.690 viviendas y apartamentos, dos hoteles, campo de golf, instalaciones hípicas, colegio bilingüe de alto standig… un gigantesco gueto que se asegura será totalmente autónomo.

Este proyecto fue excluido del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA). Pero paralelamente la Junta de Andalucía tramitó su declaración como complejo “de interés turístico”, que fue aprobado, en flagrante fraude de ley, el 26 de julio de 2011 por acuerdo del Consejo de Gobierno. Este proyecto incumple de forma clamorosa los límites del crecimiento que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que no permite crecimientos superiores al 40% de la superficie urbanizable en ocho años, cuando El Següesal supondría triplicar la superficie urbana de este municipio.

Estos terrenos están clasificados en el actual PGOU como No Urbanizables, y en la Revisión del mismo, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2.008, se aumenta su nivel de protección, considerándolos en su totalidad como Suelos No Urbanizable de Especial Protección, incluyendo una parcela incluida en el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate. Reclasificar estos terrenos solo para satisfacer un proyecto especulativo de una empresa concreta, es un autentico escándalo que nos retrotraería a la época más negra de la especulación y la corrupción urbanística.

No obstante este cúmulo de ilegalidades, la Consejería de Medio Ambiente (CMA) aprobó la autorización ambiental de este complejo -firmada por la todavía delegada e Medio Ambiente Silvia López-, que testimonia la claudicación de los responsables de medio ambiente de la Junta ante los intereses económicos de algunas empresas. La sra. delegada se negó a contestar a las 101 alegaciones que presentó Ecologistas en Acción en las que mostrábamos nuestra fundada oposición a que se otorgara la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por su enorme impacto ambiental y su absoluta ilegalidad.

Ecologistas en Acción solicitó la intervención del Defensor del Pueblo por entender que la Junta de Andalucía está vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos en asuntos públicos y su propia normativa en relación con la ordenación del territorio y del medio ambiente (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de la Janda, PGOU de Barbate, normativa de espacios naturales protegidos, Directiva Hábitat…).

La Resolución aprobada por el Defensor del Pueblo el pasado día 15 incluye una dura crítica a la tramitación de este expediente por la CMA al no contestar a las fundadas alegaciones de Ecologistas en Acción y no darle trámite de audiencia, cosa que sí hizo con la promotora. Chamizo recuerda “la obligación de motivar los actos administrativos con una explicación sobre las razones de la decisión adoptada, con la finalidad de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto”. En la Resolución queda claro que no se contestó a las alegaciones de Ecologistas en Acción, en contra de lo que aseguró por escrito la delegada provincial Silvia López.

Chamizo concluye la Resolución que ha dirigido al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente solicitando que se declare “la existencia del vicio de anulabilidad expuesto y, en consecuencia, actuar conforme previene la normativa reguladora del procedimiento administrativo común a los efectos de solventar la situación descrita, retrotrayendo el procedimiento administrativo a la fase de audiencia de los interesados prevista en el artículo 22 del Decreto 356/2010. Consideramos que actuando en la forma que propugnamos se lograría una mayor adecuación de la actuación administrativa a los principios de eficacia y de sometimiento pleno a la ley y al Derecho, previstos en el artículo 103 de la Constitución. Así mismo, se garantizaría el respeto de los derechos constitucionales y Estatutarios que consideramos afectos”.

Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por este pronunciamiento claro y contundente del Defensor del Pueblo en contra de las tramitaciones chanchulleras que realiza Medio Ambiente para justificar todo tipo de proyectos urbanísticos en manifiesta vulneración de las normas legales aprobadas por el Parlamento andaluz y la propia Junta de Andalucía, y en contra de toda lógica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, de lo que los responsables de esta consejería parece no haberse enterado.

Ecologistas en Acción espera que el nuevo consejero responsable del medio ambiente anule la autorización ambiental unificada (AAU) a esta urbanización y se proceda a dar instrucciones precisas a las delegaciones provinciales para que dejen de avalar este tipo de proyectos especulativos.




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