Catedráticos, colectivos de urbanistas, grupos ecologistas y partidos políticos, integrados en la Plataforma Antivirus, solicitan la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles o Ley Virus. En palabras de la plataforma, la Ley Virus vulnera principios básicos constitucionales, normativa básica del Estado, directivas europeas, supondrá un lastre para la economía local, afecta gravemente al suelo y paisaje rurales y supone un retroceso en las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas.

El pasado 11 de junio, tras comprometerse la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se remitió a diversos colectivos el nuevo texto del anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (apodada Ley Virus por el letal impacto que tendrá sobre el territorio) para que en el plazo de diez días presentasen sugerencias. Este plazo finalizó el pasado viernes 22 de junio.

El nuevo texto, aunque introduce pequeños cambios con respecto al documento que se conoció hace unos meses, sigue manteniendo el mismo objetivo, permitir la construcción indiscriminada de viviendas, en parcelas de 6 ha en suelos rurales, desvinculadas de cualquier actividad y eludiendo todos los procedimientos de control sobre la viabilidad ambiental y urbanística de las mismas.

La Plataforma Antivirus, formada por colectivos de urbanistas, ecologistas, sindicatos, partidos políticos y miembros de la universidad a título personal, apodó a la nueva norma Ley Virus, por la similitud entre el efecto letal de la dispersión residencial por el territorio, con la infección celular de un virus. Miembros de esta Plataforma han presentado sugerencias al borrador del anteproyecto pidiendo su retirada. La nueva norma resulta contraria a numerosos principios constitucionales, de la normativa básica del Estado, directivas europeas, etc. Además, supone un grave impacto para el medio ambiente, no beneficia en nada a la economía local, muy al contrario suponer un lastre para la misma al condenar a la desaparición las actividades propias del suelo rural, supone un retroceso en las condiciones higiénico-sanitarios de las viviendas y, por tanto, un riesgo para la salud pública y ambiental.

Agustín Hernández Aja, Director del Departamento de Urabanística de la Escuela de Arquitectura de Madrid afirma que “el tipo de vivienda que propugna el borrador, resulta contradictorio con las condiciones de calidad ambiental que debe cumplir una vivienda digna: un entorno social complejo, la accesibilidad a dotaciones y equipamientos, y el mandato de la ley del suelo estatal de garantizar que su implantación es acorde con un modelo de sosteniblidad ambiental basado en el no consumo de suelo natural”.

Teresa Arenillas, Presidenta del Club de Debates Urbanos considera “desde el punto de vista conceptual parece un insulto a la razón denominar “viviendas rurales sostenibles” a unas viviendas que objetivamente no son ni rurales ni sostenibles”.

Mª Jesús González Presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura la nueva ley supone una marcha atrás que manifiesta una falta de conocimiento y una ignorancia en materia de sostenibilidad que nos pone a la cola de la Unión Europea.

Mª Ángeles Nieto, portavoz de las asociaciones ecologistas de la plataforma recuerda que estas viviendas no serán inocuas para el medio ambiente, los accesos, la acometida de servicios, el vallado, todo supondrá la antropización del territorio. Por ejemplo, aplicando la ley a los municipios de El Escorial y Colmenar Viejo, el suelo susceptible (fincas iguales o mayores a 6 ha, sin protección sectorial) en el primero sería de 53.852.322 m2 con una capacidad residencial de 833 viviendas. En Colmenar Viejo la superficie afectada sería de 80.104.277 m2 con una capacidad para 1.141 viviendas.

Igualmente, Carmen Villares diputada de Izquierda Unida teme que el último pleno habilitado en el mes de julio se haya reservado, precisamente, para aprobar la ley, mediante un procedimiento urgente.

Alberto Sacristán de Equo resalta que la ley no tiene en los costes ambientales que tendría la implantación de la ley.

Actualmente la Plataforma Antivirus desconoce el procedimiento que seguirá la Consejería para asegurar a quienes han participado la toma en consideración de las sugerencias, así como los mecanismos y plazos para conocer los motivos y consideraciones en los que se base el texto final del anteproyecto, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

Por ello existe el temor de que todo haya sido una maniobra para dar una imagen de transparencia inexistente y se pretenda acelerar la tramitación de la nueva norma en las próximas semanas, en pleno mes de julio.