Ecologistas en Acción, ante los hechos que están ocurriendo en Paraguay, hace un fuerte llamado a la defensa de la democracia paraguaya, contra cualquier intento de golpe de estado y de criminalización de los movimientos sociales.

Después de Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Honduras en 2009, Ecuador en 2010, asistimos a un nuevo golpe contra la democracia en América Latina, con la destitución del Presidente Fernando Lugo en Paraguay, que también trata de desestabilizar la región y frenar las estructuras autónomas establecidas, como el ALBA o la UNASUR.

La organización ecologista denuncia la estrategia de los grandes latifundistas y de la oligarquía que imponen, como lo hicieron en 2009 en Honduras, un «Golpe de Estado institucional» para destituir al Presidente Lugo, pero también con el fin de frenar los movimientos sociales a favor de la reforma agraria. La derecha paraguaya, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y las grandes empresas de la agroalimentación –tales como Cargill y Monsanto- han tenido un papel determinante en esta agresión a la democracia. Es por eso que Ecologistas en Acción se alza en contra de cualquier represión y reafirma su apoyo a los movimientos campesinos en lucha por la reforma agraria.

Desde el otro lado del Atlántico lamentan profundamente la masacre de campesinos y policías en las tierras conocidas como Morumbí, distrito de Curuguaty (Paraguay) y que han sido usados por parte de los grupos de poder económico y la derecha para la criminalización de la lucha social y para derogar el gobierno Lugo. La masacre ocurrió en la mañana del 15 de junio como resultado de un conflicto social, consecuencia directa de un modelo de tenencia desigual de la tierra, así como de un modelo de producción de agroindustrial. En Paraguay el 85% de las tierras está en manos del 2% de los propietarios. Además expresan su condolencia con todos los familiares de los asesinados.

Ecologistas en Acción demanda del Estado de Paraguay, de UNASUR, la OEA y de CELAC garantías para una adecuada investigación de los hechos y garantizar el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Asimismo urge a que las autoridades públicas presentes en el lugar permitan a las instituciones de derechos humanos, tanto nacionales e internacionales, realizar sus labores y proteger la población.

Por último, llaman a toda la sociedad de defender el proceso democrático. Instan a que los derechos constitucionales sean respetados, como así también los derechos del pueblo paraguayo a manifestarse libremente en defensa de su democracia. Para ello exohortan a los gobiernos de UNASUR, la OEA y de CELAC a realizar todas las acciones que estén a su alcance, en el orden regional e internacional, para garantizar la plena vigencia de la democracia y el resguardo de los derechos humanos del pueblo paraguayo.

Esta defensa debe ser por medios pacíficos y las tropas deben permanecer acuarteladas en todo momento.