Eurovegas: crisis, depredación y privilegios

Una plataforma ciudadana se opone a este proyecto desmesurado y ultraliberal.

Plataforma Eurovegas No, Madrid. Revista El Ecologista nº 73.

A principios de este año, los medios de comunicación se hacían eco de la posibilidad de la construcción de un megaproyecto de juego, ocio y turismo llamado Eurovegas, en dos posibles destinos: Madrid o Barcelona. Frente a este escenario, la Plataforma Eurovegas NO, integrada por colectivos y organizaciones sociales, ecologistas y sindicales, realiza una reflexión crítica sobre el proyecto y el modelo productivo que promueve.

La primera alarma sobre Eurovegas saltó al detectar la opacidad informativa con la que se estaban llevando a cabo las negociaciones entre las Administraciones y Las Vegas Sands Corporation, presidida por el magnate Sheldon Adelson. ¿Por qué la ciudadanía se percataba de este proceso a través de filtraciones en los medios de comunicación? ¿Qué se estaba escondiendo?

A través de estas informaciones, se dieron a conocer las intolerables exigencias de esta empresa transnacional. Entre estas condiciones, se podía encontrar desde cambios legislativos hasta violaciones constitucionales, con indiscutibles impactos sociales, económicos y ambientales. Desde ese momento, diversos movimientos y organizaciones se unieron en distintas plataformas (en Madrid [1], Alcorcón [2] y Barcelona [3]), para mostrar su rechazo al proyecto, e intentar sensibilizar al conjunto de la población con el fin de detener la puesta en marcha de un proyecto que perpetúa un modelo productivo socialmente injusto y ambientalmente insostenible.

La elección del Estado español para poner en marcha el proyecto Eurovegas no es por azar. Pone en evidencia que, en tiempos de crisis, estas inversiones ávidas de ultra liberalismo encuentran un escenario idóneo en nuestro país para cualquier propósito especulativo. La grave situación social y económica por la que atraviesa el conjunto de la población española, se configura como una oportunidad para una minoría privilegiada de especuladores que, gracias a un conjunto de cesiones y concesiones de los gobiernos de turno, puede hacer negocios más injustos, más impactantes y, fundamentalmente, más rentables.

Las exigencias

Eurovegas pretende ser un macrocomplejo de ocio y juego, formado por casinos, hoteles, centros de ocio y convenciones, para albergar a turistas internacionales: 36.000 habitaciones, 6 casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), y hasta 3 nuevos campos de golf.

El proyecto se basa en la modificación radical de varias legislaciones que atañen a los tres niveles de la Administración. Entre los grandes damnificados de estas exigencias está la población trabajadora, ya que se plantea un cambio en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, con el objeto de flexibilizar las relaciones laborales y dar un trato preferente a su fuerza de trabajo extranjera, respectivamente. Las arcas públicas también sufrirán un gran menoscabo: la empresa exige dos años de exención total de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos municipales, autonómicos y estatales. Asimismo, se pide una ley que garantice la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales durante los 10 próximos años. Al exigir el tratamiento como zona franca también se pretende cambiar las leyes del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, del IRPF, del Juego, del Impuesto sobre Actividades Económicas o del Impuesto Municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, entre otras. También exigen una relajación en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el interior del complejo. Los casinos han demostrado ser un entorno que facilita el blanqueo de capitales y otras actividades criminales, e incrementan los riesgos de actividades ilícitas como la prostitución y la trata de personas, o el desarrollo de ludopatías.

El medio ambiente es otro de los elementos amenazados por Eurovegas: el inversor demanda más infraestructuras de transporte (AVE, Renfe y Metro, y también más carreteras). Finalmente, se han puesto sobre la mesa de las negociaciones otras pretensiones, como la anulación de la ley antitabaco y la ley del menor.

Parece que estas exigencias no suponen ningún obstáculo, sobre todo, para la Administración madrileña. Ante esta perspectiva, la presidenta Esperanza Aguirre declaró públicamente que apuesta por “cambiar todas las normas que haya que cambiar” con el objeto de que el complejo se instale en la región.

Connivencia e irresponsabilidad política de las Administraciones

Además de la opacidad en el proceso de negociación, las Administraciones central y autonómica están jugando un papel clave en este proceso, asumiendo la portavocía de los intereses de la empresa transnacional. Frente al gran aumento de la descohesión social y una tasa de desempleo sin precedentes en la democracia española, el relato preconizado por la Administración se centra en la creación de empleo y en el progreso que supondría la instalación de Eurovegas.

Así, la supuesta creación de empleo es el único argumento de los responsables políticos que están negociando con la empresa. Puestos de trabajo que inicialmente eran 260.000 entre directos e indirectos (8 veces más que lo que tiene Las Vegas Sands en todo el mundo y prácticamente la misma cantidad que hay en todo el sector servicios de la ciudad de Las Vegas). Sin embargo, hace unas semanas el consejero de economía de la Generalitat catalana afirmó que los empleos directos oscilarían entre 12.000 y 14.000, es decir, el 10% de lo que inicialmente se había dicho. Estas cifras son cuestionables por su inviabilidad, están intencionadamente infladas y, sin embargo, constituyen el argumento estrella que se utiliza para eclipsar los impactos que supondría este proyecto. Esta estrategia evidencia importantes silencios discursivos sobre el resto de las condiciones.

Esta irresponsabilidad por parte de las Administraciones se manifiesta en declaraciones que se contradicen con los hechos. En palabras de Esperanza Aguirre: “Vamos a hacer lo que consideremos mejor para los madrileños con plena transparencia, explicándolo todo y explicando a la gente que son 230.000 empleos los que propone crear este señor en los próximos años, sin contar con el empleo de la construcción de todos estos hoteles”.

Impactos, críticas y resistencias

Las críticas sobre un proyecto de estas características son diversas, amplias y profundas. En primer lugar, la opacidad con la que se están llevando a cabo las negociaciones. Un proyecto de estas características exige la máxima transparencia por parte de la Administración para dar a la ciudadanía la posibilidad de participar en la decisión.

En segundo lugar, aprovechar la dramática situación social para intentar instalar un proyecto como este bajo el pretexto de la creación de empleo, es una grave irresponsabilidad política. Teniendo en cuenta, además, que las cifras de previsión están intencionadamente infladas, y que no se habla acerca de la calidad de estos hipotéticos puestos de trabajo. De hecho, Las Vegas Sands Corp. lo refleja claramente en su página web como práctica habitual de la corporación: “Los empleados en Las Vegas, Bethlehem, Macao y Singapur no están cubiertos por ningún acuerdo de negociación colectiva”.

En tercer lugar, no se puede obviar la absoluta falta de equidad fiscal que promueve la empresa transnacional. Esto supone un atentado contra el principio constitucional de justicia fiscal, cuyo resultado sería un paraíso fiscal con un régimen de tributación prácticamente nulo para la empresa. Además, se debe tener en cuenta el ingente gasto de dinero público que se necesitaría para dotar de infraestructuras al complejo, en un momento en el que domina el discurso de la austeridad.

Asimismo, este proyecto supondría un importante deterioro ambiental, como siempre, en nombre del progreso y el desarrollo. Graves impactos ambientales por: las infraestructuras, la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos, la posible afección a espacios naturales protegidos o la transformación insostenible del territorio. Por poner un ejemplo: el consumo energético de las máquinas tragaperras previstas equivale al de ciudades como Rivas Vaciamadrid o Majadahonda. Mientras que el conjunto de las instalaciones hoteleras conllevaría un consumo de energía como el de Alcobendas y Alcorcón juntas. Todo un ejemplo de insostenibilidad ambiental [4].

Un salto hacia adelante en un modelo depredador

Más allá de la construcción del complejo, la Plataforma Eurovegas No centra su crítica en el modelo productivo y de desarrollo español, dentro del cual este proyecto es un peligroso salto hacia adelante. Eurovegas es una apuesta por la profundización en un modelo de turismo, construcción e infraestructuras que amenaza cada vez más la sostenibilidad del planeta y arrasa los derechos de las personas. Todo ello, en favor del capital y con el pretexto neoliberal de salir de la crisis.

“Eurovegas No: ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en ningún lugar”, porque desde las diversas plataformas se aboga por una transformación radical de los procesos socioeconómicos, basándolos en las necesidades de las personas y en las posibilidades del planeta. Ya nos lo recordaba aquel proverbio chino: “Lo primero que hay que hacer para salir del pozo, es dejar de cavar”.




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