Nueva Ley de Costas: una normativa acientífica, ideológica y arbitraria

Para Ecologistas en Acción la propuesta modificación de la Ley de Costas, que ahora se llamará Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, no se hace por motivos económicos sino ideológicos y no supone incrementar la protección del litoral, sino una nueva privatización acorde con la posición ideológica del gobierno del PP. La modificación de la Ley de Costas supondrá una irreparable pérdida colectiva de espacios públicos y naturales.

La Ley de Costas (1988), una de las principales leyes de nuestra democracia, ha permitido que pudiéramos afirmar que en el Estado español "las playas son públicas", algo que va a dejar de ocurrir. La importancia de esta ley ha sido mayúscula porque ¿qué hubiese sido del litoral español tras los últimos años de boom urbanístico de no haber existido? ¿Cómo sería ahora el litoral si hubiese quedado solo en manos de las alcaldías y de las Comunidades Autónomas?

La gestión sostenible y pública del litoral es una obligación social y ambiental y resulta también un apremiante imperativo económico. Pero la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral va justo en sentido contrario.

El Gobierno ha justificado el cambio propuesto en la ley afirmando que se introduce seguridad jurídica, pero para Ecologistas en Acción ocurre todo lo contrario: se introduce arbitrariedad y discriminación, se incluyen favores a dedo que suponen privilegios y excepcionalidades y que traerán consigo recursos y pleitos de quienes han cumplido hasta ahora. Es la única explicación posible de que se haya diseñado un régimen especial para 10 zonas problemáticas, a las que se excluye del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Y se han excluido sin criterio ambiental o de cualquier tipo, sin ningún estudio, solo por presiones particulares. Esto no aporta seguridad jurídica, solo es una arbitrariedad sin justificación técnica, es una medida discriminatoria y por tanto antidemocrática.

Las viviendas en la playa podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 o 60 años que ya les dio la actual ley, vigente desde 1988, y además se permite la compra-venta. Es decir, se trata de facto de una privatización a perpetuidad. Y esto, de nuevo, puede generar un agravio comparativo con quienes ya han perdido su vivienda por expropiación al aplicársele la Ley.

Otra modificación que va a suponer la privatización de extensas áreas costeras es la que indica que "no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran". Esto quiere decir que marismas, esteros y salinas donde el agua llegaba gracias a los ingenios del hombre, aunque impulsada por las mareas, pueden pasar a manos privadas. De esta manera, se privatizaran extensas áreas costeras tan amplias como la Bahía de Cádiz.

Se modifica el art. 3 de la anterior ley con un cambio en lo que ha de considerarse bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre, indicándose que formarán parte de él "dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución, por la acción del mar o del viento marino u otras causas naturales, tengan o no vegetación. Las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa". Con esta redacción quedarán fuera del DPMT las dunas fósiles y dunas muertas, además de suponer una nueva inseguridad ya que hablamos de un límite discutible, de apreciación y sin definición científica; otra nueva inseguridad jurídica y otra nueva arbitrariedad. Así la posible reducción de la zona de DPMT en Doñana sigue estando al arbitrio o apreciación del deslindador.

Además, la nueva Ley de Costas presenta otros aspectos con los que Ecologistas en Acción no puede estar de acuerdo:

  • Limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el límite del dominio público. Ahora solo lo serán si hay "referencias comprobadas" de que allí llegaba el mar; comprobadas ¿por quién, desde cuándo, en qué organismo? Nueva inseguridad y arbitrariedad.
  • También permite la publicidad en las playas –hasta ahora prohibida– "siempre que sea parte integrante o acompañe a actividades permitidas en el dominio público". Es decir, bares, restaurantes, actividades deportivas, cultivos marinos y su venta…
  • Los chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa recibirán un permiso cada cuatro años en vez de anualmente, como venía ocurriendo hasta ahora, y se anuncia que en un futuro se ampliará los metros que puedan edificar.

Para Ecologistas en Acción con esta nueva Ley de Costas se confirman las privatizaciones en las playas y la comercialización de lo que hasta ahora ha sido público, de todos. Pero además, se olvida que en la costa reside la importante actividad turística cuya competitividad radica de forma cada vez más clara en factores como la calidad paisajística y ambiental. Y se ignora que la prioridad es otra distinta: la protección de nuestra línea de costa ante el cambio climático.




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