Ecologistas en Acción de Cataluña ha alertado que el Coral rojo (Corallium rubrum) se encuentra en «estado crítico» en la costa catalana, tal como señala la comunidad científica, y reclama medidas directas y contundentes para garantizar su conservación.

Los ecologistas recuerdan que hay 10 licencias legales para la pesca o recolección del coral rojo en Cataluña, pero que hay un número indeterminado, muy superior, de pescadores ilegales. Entre unos y otros, la especie está llegando al límite de su viabilidad. Aunque no se trata de una especie amenazada a nivel mundial, en Cataluña hace muchos años que está en clara regresión. El coral rojo es una especie colonial, su estructura roja es en realidad el esqueleto de las colonias de pólipos que lo forman, del mismo grupo de animales que las medusas (cnidaris). Su crecimiento es extraordinariamente lento (unos milímetros al año), por eso ejemplares de más de un metro de longitud son excepcionales y de una antigüedad sorprendente. La noticia del decomiso de 10 kilos de coral de talla inferior a la mínima legal por parte de los Agentes Rurales en dos intervenciones recientes en Roses y Cadaquès (Alt Empordà) es especialmente alarmante porque se trata de pescadores «legales» que, por lo tanto, conocen perfectamente la normativa. Es evidente que si han cogido ejemplares de talla inferior a la legal (con un precio de mercado muy inferior al de los ejemplares grandes) es porque prácticamente no se puede encontrar coral rojo de cierta edad.

Ante estas evidencias y de las continuas advertencias de la comunidad científica (Instituto de Ciencias del Mar o la Universitat de Barcelona), Ecologistas en Acción reclama a la administración competente, la Generalitat de Cataluña, que se tomen medidas inmediatas y más contundentes que las aplicadas hasta ahora que, como demuestran los hechos, «han sido estériles» según palabras de la Coordinadora de Ecologistas en Acción, Maria Garcia. «Es una vergüenza que se sepa el número de coraleros furtivos pero que la administración sea incapaz de actuar, o que salga más a cuenta pagar las multas que dejar de pescar furtivamente», ha comentado. En este sentido, ha destacado la impotencia que los profesionales de los Agentes Rurales y de la Guardia Civil viven ante la incapacidad de hacer frente al delito, por problemas administrativos, legales, técnicos y de recursos humanos. «A la Generalitat nunca le ha interesado resolver el problema y ha hecho la vista gorda ante un conflicto que beneficia a unos pocos sin escrúpulos y perjudica el interés general¨.

Los ecologistas reclaman que se pongan los medios necesarios para hacer cumplir la normativa, especialmente la vigilancia en el mar, pero también en los puertos de desembarque de este coral. En toda la costa de Girona apenas hay dos embarcaciones para el control de la pesca ilegal, cuyos movimientos además están vigilados por los mismos pescadores haciendo inútiles la mayoría de sus esfuerzos. Las otras dos barcas están vinculadas a la gestión de la Reserva Natural de las Islas Medas, de donde no conviene que se ausenten para hacer cumplir allí la normativa. Además, hay que endurecer la normativa de forma que pescar sin licencia sea considerado un delito penal y no una infracción administrativa, en base a la afectación al medio ambiente que provocan con su actividad.

También reclaman que no se renueven las actuales 10 licencias y que conforme se jubilen los pescadores, estas licencias vayan desapareciendo.

Pero las medidas necesarias van mucho más allá. «Reclamamos una veda total a las capturas de coral rojo durante un mínimo de 5 años, que permita a la especie recuperarse y a los científicos hacer un seguimiento adecuado», afirman desde Ecologistas en Acción. Si la evaluación es positiva pero la recuperación insuficiente, habrá que valorar ampliar la veda 5 o 10 años más. Por otro lado, para poner las máximas dificultades al tráfico ilegal de coral rojo, se reclama la prohibición de la comercialización de productos hechos con coral rojo durante el mismo periodo que dure la veda. «Sólo así los coraleros furtivos entenderán que la sociedad no acepta sus prácticas y se pondrán las medidas necesarias para hacerlos desistir en su actitud».

La organización justifica las medidas contundentes en base a la experiencia de los años anteriores donde las actuaciones han sido un fracaso total, y en el hecho que el coral es una especie salvaje y que los coraleros están esquilmando este recurso natural hasta el punto de acercarlo al límite de su viabilidad futura. «Además, está demostrado que acaba saliendo mucho más caro no hacer nada que tomar las medidas necesarias. Acabar con el coral ahora quiere decir perder los ingresos futuros de una extracción respetuosa, y además inciden negativamente en otro importante sector económico como el submarinismo, mucho más respetuoso con el medio», según Maria Garcia. Por eso, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno de la Generalitat una acción «decidida y valiente», antes de que sea demasiado tarde. «Tenemos razones económicas, ecológicas y sociales para hacer estas reivindicaciones», ha afirmado Garcia.