El banco malo es una mala noticia

La aprobación de la creación de un “banco malo” por el Gobierno del PP vuelve a ser una buena noticia para la banca y una mala noticia para la ciudadanía y el medio ambiente, pues implicará que más recursos públicos servirán para ayudar al sector financiero, en lugar de para inversiones ambientales y sociales.

La clave del “banco malo” es a qué precio comprará los activos inmobiliarios de la banca. Si lo hace por encima del precio actual del mercado supondrá que se estará subvencionando con dinero público a la banca. Si lo hace al precio de mercado dejará en una situación muy delicada al ya maltrecho sector bancario, que especuló fuertemente con el precio de la vivienda. A continuación, estos bancos serían, una vez más, rescatados por el Gobierno, como ha quedado claro en los casos de todos los bancos y cajas que han ido quebrando, cuyo máximo exponente es Bankia.

El Gobierno afirma que esta operación no costará nada a la ciudadanía ya que, una vez vendidos los activos tóxicos, se recuperará el dinero invertido. Es muy dudoso que esto ocurra, en la situación de fuerte crisis que existe, con la sobredotación de viviendas que hay construidas (por ejemplo, el “banco malo” de Irlanda está optando por demoler para recuperar el mercado y lo que se demuele nunca se recupera) y con la perspectiva de que la crisis va para muy largo, pues hunde sus raíces en la crisis energética como consecuencia del pico del petróleo.

En todo caso, si fuese tan buen negocio, ¿por qué la banca se quiere deshacer de estos activos?, ¿por qué sube la prima de riesgo española en previsión de que estos activos tóxicos pasarán a ser públicos?

Pero, más allá de elucubraciones están los datos del pasado. La última vez que se intentó algo parecido en España fue con la quiebra de Banesto. En ese momento, el Fondo de Garantía de Depósitos adquirió los activos tóxicos del banco (para que se lo quedase el Santander bien saneado). Estos activos no pudieron ser vendidos y las arcas públicas perdieron 1.000 millones de euros.

El dinero para esta nueva subvención a la banca volverá a salir de nuevos recortes sociales y ambientales, de la privatización de servicios públicos o del aumento de impuestos a las clases populares. Básicamente porque, sino se detraen del capital, tendrán que hacerlo del grueso de la población.

Pero Ecologistas en Acción considera que esto no es inevitable sino que, mediante la movilización ciudadana, puede revertirse. Una movilización que debe dejar claro que la deuda que nos están intentando imponer no es de la ciudadanía y, por lo tanto, es ilegítima y no debe pagarse. Por ello, la organización ecologista se suma a las múltiples convocatorias que hay para el mes de septiembre en oposición a la política económica del Gobierno y de la Unión Europea. Movilizaciones que serán la antesala de una escalada de respuestas en este otoño caliente.




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