Un paso más en la legalización de las irregularidades de la Ciudad del Medioambiente

La Junta de C y L da un paso más en la impune legalización de las irregularidades urbanísticas y arquitectónicas del proyecto inmobiliario de la Ciudad del Medioambiente en detrimento de las inversiones públicas en el medio rural.

La Comisión territorial de Prevención Ambiental es un órgano administrativo colegiado en el que se informan, autorizan y valoran una serie de actividades o proyectos cuya autorización esta regulada en la Ley de prevención Ambiental (antiguamente denominada de actividades clasificadas) y de Impacto Ambiental. Este órgano debería actuar de acuerdo a criterios técnicos, administrativos y jurídicos, y no bajo presiones o argumentos políticos.

La CMA en este caso vuelve a demostrar la falta de objetividad y de rigor en el funcionamiento de la administración ambiental en CyL, contribuyendo al desprestigio de la administración y a que la sociedad desconfié de su teórica función de defender los intereses generales.

Recordemos que el proyecto de la CMA ha sido criticado por Asden-Ecologistas en Acción de Soria por promover un modelo territorial y urbanístico insostenible ambiental y socialmente; por sus afecciones al patrimonio natural, cultural e histórico; por ser un proyecto inmobiliario megalómano paradigma de la crisis financiera que sufrimos. Criticas que son y han sido compartidas por numerosas personas y organizaciones de Soria y de toda España.

Además de estas críticas públicas y legítimas desde Asden-Ecologistas en Acción ha demostrado y denunciado en vía administrativa y judicial el incumplimiento del Proyecto de Actuación respecto a la norma legal (Ley 6/2007 de la CMA) que regula este proyecto urbanístico. Esos “errores”, para nada involuntarios, en opinión de Ecologistas en Acción serían irregularidades que la empresa constructora ejecutó durante el año 2010 y 2011 y que fueron denunciadas por Asden-Ecologistas en Acción. Ante tales denuncias la Junta de CyL se ha esforzó y se sigue esforzando por desmentir y por maquillar la realidad mediante actos y documentos de ingeniería administrativa y jurídica en los que usan eufemismos como: “modificación no sustancial”, “corregir errores”,”reajustar contenidos”, y “adaptarse a las circunstancias físicas del terreno y a la legislación actual”, cuando en realidad no ha cambiado la legislación ni la realidad física del terreno.

Bajo estos eufemismos ininteligibles para un profano en materia urbanística se esconde una legalización anómala y perversa en tanto que tales “modificaciones” ya han sido ejecutadas. Todo ello sin haber abierto el preceptivo y obligatorio expediente sancionador ni habiendo exigido responsabilidades penales, administrativas ni económicas a las personas, autoridades, funcionarios o empresas que las han cometido o tolerado.

Esas “modificaciones” aprobadas hacen referencia a cambios del trazado de calles y colectores, de la ubicación de infraestructuras de tratamiento de aguas y de las dimensiones arquitectónicas del Edificio de la Cúpula de la Energía. Es decir un cúmulo de muchas “modificaciones” cuya tolerancia sería impensable en cualquier proyecto urbanístico o arquitectónico promovido por un particular ajeno a los poderes políticos, económicos y administrativos. Sólo a modo de ejemplo: si cualquier persona individual realiza una simple “modificación” o mejora de su vivienda mediante el incremento de la altura, o una “adaptación a la realidad física” de los fríos inviernos mediante el cambio de ventanas resulta que seremos objeto de una sanción, que posteriormente puede ser legalizada si se ajusta a la Ley, pero en ningún caso la administración competente promoverá la modificación de la norma para legalizar los “errores” que hayamos cometido.

La CMA es una anomalía posible porque la Junta de CyL es el promotor de la obra, pero también es el inspector que la controla y el que la legaliza. Por supuesto no hay que olvidar que la Junta de CyL es también la entidad que se está gastando 100 millones de Euros de nuestros impuestos, (o en su caso de insostenible deuda pública) en ese proyecto que va a incrementar los activos tóxicos inmobiliarios públicos con más de 800 chales en detrimento del medio rural que está sufriendo severos y graves recortes en servicios básicos como son sanidad, educación y servicios sociales.




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