Solicitamos la paralización de un puente sobre el río Uces

A lo largo de las pasadas semanas diferentes miembros de la Asociación Ecologistas en Acción de Salamanca han solicitado reiteradamente a los servicios del área de Fomento de la Diputación provincial de Salamanca, y a la Confederación Hidrográfica del Duero en Salamanca, el expediente relativo a la solicitud de autorización para realizar obras de construcción de un puente sobre el río Las Uces, en el término municipal de Cabeza del Caballo (Salamanca), con el fin de realizar las consultas oportunas.
Estas consultas están amparadas en el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Ambiental, y en consonancia con el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto 209/1995. de 5 de octubre, en desarrollo de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y atendiendo a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Ecologistas en Acción de Salamanca recuerda al señor Sánchez de Vega, como hecho constatable en los archivos-registros de la administración salmantina y en la prensa diaria, que en en todos los proyectos que son sometidos a Información Pública por su posible afección al medio ambiente salmantino, la asociación Ecologistas en Acción está presente, en muchos de los casos como única asociación ciudadana, dado su compromiso con la sociedad y la conservación del medio ambiente, entendiendo que estos procedimientos en su uso adecuado mejorarán los proyectos. Para esta asociación, la Evaluación de Impacto Ambiental es un medio importante de poner sobre aviso a las autoridades sobre los efectos potenciales de los proyectos en el medio ambiente y en la población.
Además de ello, nuestro interés es grande pues venimos observando en otros procedimientos similares, y que se han notificado ya a la Comisión Europea, como la carretera de Espeja, que cabe cuestionar la calidad de los Estudios Informativos, en lo referente a los inventarios de la fauna, la flora, el suelo, el paisaje,... y, en consecuencia, en nuestra opinión la valoración de los efectos directos e indirectos de los Proyectos sobre el medio ambiente es escasa, inexacta y muy deficiente. También parece evidente que estos defectos se arrastran del Estudio Informativo al Estudio de Impacto Ambiental, de éste a la Declaración de Impacto Ambiental, y, además, que luego la autorización del proyecto se remite a la Declaración de Impacto, con lo que todas las inexactitudes del Estudio Informativo permanecen incólumes y se revelan en la ejecución del Proyecto, cuando ya es demasiado tarde. Cuando no existe el Estudio de Impacto pertinente. Máxime en materia de medio ambiente en donde rigen los principios de prevención y precaución recogidos en el artículo 174 del Tratado Consolidado CE. Lo que nos lleva a reclamar que todo Proyecto arranque de un Estudio Informativo completo que reúna todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ley 6/ 2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
De hecho, es de resaltar que la cuestión de la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental no es opinión aislada de Ecologistas en Acción de Salamanca u otras organizaciones de defensa ambiental, sino que ha sido abordada de forma clara y terminante por la Comisión en el tercer Informe quinquenal al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y eficacia de la Directiva de EIA (Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE); periodo 3 de marzo de 1999- 3 de marzo de 2003. El informe, al analizar qué avances han realizado los Estados miembros en la aplicación de la Directiva de EIA y qué problemas se plantean, declara que: “Falta un control de la calidad de la información suministrada por el promotor y esto es un gran fallo porque hasta un 50% de las DIA no cumplen debidamente los requisitos Directiva 97/11/CE de suministrar la información mínima”.

Desde Ecologistas en Acción de Salamanca queremos hacer partícipe de nuestra preocupación al Delegado Sánchez de Vega ante lo que la Comisión ha estimado en estos procedimientos, al asegurar que “la normativa española no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la Evaluación de Impacto Ambiental”. De hecho, la Directiva sobre EIA tiene por objetivo proteger el medio ambiente exigiendo que los efectos medioambientales de los proyectos se analicen antes de su aprobación y garantizando una consulta pública previa.
Información Ambiental y Participación Pública de las Evaluaciones y Declaraciones Ambientales y Acceso a la Justicia, pero también el propio espíritu del Convenio de Aarhus, ratificado por el Estado Español hace unos meses, por el que se regula la participación pública y el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental. Recordamos al Sr. Delegado Sánchez de Vega que la UE lo firmó ya en 1988 y actualmente está dando los pasos necesarios para ratificarlo, por lo que el 24 de octubre la Comisión Europea hizo pública una propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, junto con una propuesta de Reglamento relativo a la aplicación a las instituciones y organismos comunitarios de las disposiciones de dicho Convenio.
Pero para todo ello, debemos tener la oportunidad de consultar, con tiempo y responsabilidad, los expedientes de los proyectos. Queremos hacer, por tanto, una llamada a la legalidad y responsabilidad de todos los departamentos de las administraciones competentes en estos temas en Salamanca, en el convencimiento de que el Sr. Delegado de la Junta de Castilla y León Sánchez de Vega así lo curse, como muestra de la sensibilidad y el compromiso con el medio ambiente salmantino, pues de repetirse esta escasa atención, con indicios de ocultamiento y obstrucción a la información ambiental, Ecologistas en Acción se verá obligada a recurrir a la Justicia Ordinaria y a la Comisión Europea por la indefensión que provoca esta situación ante los problemas ambientales, que incluso podría estar encubriendo delitos.




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