No a la paralización del expediente sancionador del Ayto. de Gerena a la Mina las Cruces

Ecologistas en Acción exige que no se paralicen ni archiven los expedientes sancionadores iniciados.

Los alcaldes del PSOE de Gerena, Margarita Gutiérrez; Guillena, Lorenzo Medina; Salteras, Antonio Valverde, y La Algaba, Diego Manuel Agüera, además del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, también del PSOE, han llegado a un acuerdo con la Fundación Cobre Las Cruces (CLC) para que ésta invierta 5 millones de euros en los próximos cuatro años, a repartir entre los cuatro municipios.

Todos esos alcaldes presentan el acuerdo como un gran logro para sus municipios, cuando en realidad, CLC debe pagar mucho más dinero a los Ayuntamientos que presiden, en concepto de sanciones y compensaciones urbanísticas por edificaciones realizadas sin licencia, en suelo no urbanizable y fuera de lo establecido en el Plan Especial de Actuación Minera aprobado en 2005.

Con el acuerdo firmado, CLC pretende que queden en el olvido los recientes expedientes sancionadores que algunos de esos Ayuntamientos han iniciado por esas construcciones ilegales en el recinto minero. No es la primera vez que CLC suscribe convenios y acuerdos con los Ayuntamientos de la zona para intentar condicionar el comportamiento de sus alcaldes.

En el año 2004 los Ayuntamientos de Gerena, Guillena y Salteras negociaron con la empresa la rebaja de la compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, que establece el artículo 52.5 de la LOUA. Esa compensación podría haber llegado hasta el 10% de la inversión realizada, y sin embargo, los tres alcaldes del PSOE de la época, Jacinto Pereira de Gerena, Justo Padilla de Guillena y Antonio Valverde de Salteras llegaron a acuerdos con CLC para rebajar la compensación hasta el 3,5% para una inversión de 96.738.000 € en edificaciones, construcciones, obras e instalaciones. Es decir, que CLC compensó con 3.385.830 € a los tres Ayuntamientos, cuando podría haberlo hecho con 9.673.800 €, perjudicando claramente a los vecinos y vecinas de esos tres municipios.

Además, la propia CLC reconoce que la inversión total de la fase de construcción superó en realidad los 500 millones de euros, frente a los 327 millones previstos, por lo que la compensación por edificaciones podría haber llegado hasta los 15 millones de euros.

Es decir, la mala gestión que en su día realizaron los tres alcaldes, mas la falta de control sobre la inversión real realizada, ha podido hacer perder a esos tres Ayuntamientos 11,6 millones de euros en concepto de compensación urbanística, mientras que CLC recibió 53 millones de euros en subvenciones a fondo perdido del Ministerio de Economía, de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea.

Por su parte, en octubre de 2007, el Ayuntamiento de La Algaba, presidido entonces por José Luis Vega de IU, cambió drásticamente de posición ante la mina de Las Cruces y pasó de oponerse al vertido minero en su término municipal a firmar un convenio con Francios Fleury de CLC, para que el Ayuntamiento recibiera una compensación de 510.000 € a cambio del otorgamiento de la licencias para las tuberías del vertido tóxico al Guadalquivir.




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