Ocultan expediente de Venta del BIC Hospicio de Valcárcel

El Defensor del Pueblo Andaluz da la razón a los colectivos sociales de Cádiz, al indicar que la información debe ser suministrada a estos colectivos según la ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, puesto que este caso afecta a la Ordenación Urbana del municipio de Cádiz.

La Diputación Provincial reconoce que el edificio Valcárcel fue vendido por 8 millones de euros a Zaragoza Urbana, pero silencia la condición suspensiva de dicho contrato y esconde el expediente de venta que resolvería el problema.

La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz advierten que de la información que se desprende del Registro de la Propiedad de Cádiz, podríamos estar ante un posible incumplimiento del contrato de compra-venta entre Zaragoza Urbana y la Diputación Provincial de Cádiz.

La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz Ecologistas en Acción de Cádiz, Confederación General del Trabajo (CGT-Andalucía), Asociación Cultural la Fábrika, Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía, colectivo CEPA y el Zaguán, han denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz las enormes dificultades que tiene la sociedad para conocer la situación del Bien de Interés Cultural (BIC) Hospicio de Valcárcel y el proyecto urbanístico que se esconde tras él.

El Defensor del Pueblo dio la razón el pasado mes de julio a dichos colectivos, dirigiéndose en múltiples ocasiones a la Diputación Provincial para que esta Administración no infringiera el derecho al acceso a la información de la sociedad gaditana; el último requerimiento fue el pasado mes de octubre (1).

Nota Simple del Registro de la Propiedad de Cádiz

Tras estos requerimientos, la Diputación Provincial envió un fax a Ecologistas en Acción Cádiz con información sesgada y en varios puntos errónea. En este documento, la Diputación informa de que la venta del BIC se realizó por 8.080.000 €, pero indica que la fecha de tasación del edificio es del 23 de diciembre de 2012 (fecha no acontecida) y obvia la solicitud de consulta de los expedientes de venta y tasación del BIC, respectivamente, que se nos sigue negando (2).

La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz denuncian del mismo modo el silencio administrativo en torno a la condición suspensiva del contrato de venta con Zaragoza Urbana que aparece reflejado en la nota simple del registro de la propiedad. Según inscripción efectuada el uno de Septiembre de 2.003, se dice textualmente que:

Dichas partes acuerdan las siguiente condición suspensiva: La presente enajenación queda sujeta a la condición suspensiva consistente en el cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de promover y alcanzar la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Cádiz, a fin de calificar las parcelas de procedencia con los usos e intensidades que permitan el cumplimiento de los fines de interés general que condicionan la enajenación. A los efectos anteriores, el adjudicatario dispondrá del plazo de un año dentro del cuál deberá alcanzar la modificación definitiva de la modificación que promueva…. Transcurrido el señalado plazo de un año y las ampliaciones que en su caso se hubieren concedido sin que se haya alcanzado la referida aprobación definitiva se entenderá incumplida la condición suspensiva y en consecuencia decaído el derecho del adjudicatario a adquirir los inmuebles objeto de la enajenación. El incumplimiento de la condición suspensiva producirá los siguientes efectos: la devolución al adjudicatario de la parte del precio abonado y la cancelación de la garantía constituida, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieren incurrido el adjudicatario.

Respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz

La asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz reclaman respuestas adecuadas a las siguientes preguntas:

1. Desde la firma del contrato en el año 2003 hasta la última modificación del PGOU de este año 2012 han transcurrido 9 años. ¿Esto quiere decir que Zaragoza Urbana debería haber devuelto el BIC a Diputación de Cádiz, y ésta devolver los 8.080.000 euros de la venta?.

2. ¿Zaragoza Urbana debería reparar los daños denunciados por el perito colegiado, aportados en el informe presentado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por los colectivos CGT, Ecologistas en Acción y la Fábrika?.

3. Si el actual PGOU de Cádiz aprobado en 2012 no incluye condiciones resolutorias del contrato de venta, como la instalación de un aparcamiento subterráneo en la planta del BIC, ¿anularía también el contrato adjudicatario a Zaragoza Urbana?.

4. ¿Cómo pretenden Diputación de Cádiz y Zaragoza Urbana instalar un aparcamiento subterráneo en los Aljibes de un BIC protegido desde el año 1965 y, protegido también por la actual ley de Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 14/2007?

5. Si la Diputación Provincial de Cádiz traslada la Escuela de Hostelería al hotel Fuentemar de Chiclana, ¿no se incumpliría la condición resolutoria del contrato reflejado en la Nota Simple del Registro de la Propiedad, que expone textualmente: c) La escuela provincial de hostelería se mantendrá en su actual sede o se reubicará en dependencias idóneas del complejo hotelero, o bien en inmueble de características análogas dentro del mismo área de influencia?.

Con estas argumentaciones la Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz reseñados denuncian la falta de transparencia del proceso de enajenación y solicitan a las Administraciones competentes que pongan en conocimiento de la sociedad toda la información requerida. Acceder a esta información es imprescindible para la salvaguardia de la democracia y para la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico.

Respuesta de la Diputación Provincial de Cádiz

Notas:

1. Respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz.

2. Respuesta de la Diputación Provincial de Cádiz.

Nota Simple del Registro de la Propiedad de Cádiz. Si el editor desea consultar esta Nota Simple, diríjase a la citada administración o escriba al correo mar@ecologistasenaccion.org donde se pueden solicitar los distintos apéndices para su lectura, porque en el apartado tercero de dicha Nota: “Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticos para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.




Visitantes conectados: 498