Inmoral el indulto al exalcalde del Valle de Abdalajís

Por Real Decreto 1924/2012, a petición del Consejo de Ministros de España, actualmente del PP, se ha procedido a indultar al exalcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez Arrabal y con otros decretos similares a los ex-concejales que formaban parte de su equipo de gobierno: Antonio Pérez Postigo (R.D.1030/2012), Fermín Muñoz Armero (R.D. 1028/2012) y María Teresa Mesa Pernia (R.D. 1926/2012).

Los cuatro delincuentes urdieron, entre los años 2001 y 2004, una trama política para legitimar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, en un número no determinado, del que sólo se pudo demostrar 12 delitos de prevaricación urbanística, 9 de ellos con carácter continuado, consistentes en conceder licencias para construir viviendas en suelo rústico, a sabiendas de que ello va en contra de la ley, para lo cual se saltaron los procedimientos legalmente establecidos. El fiscal solicitó entonces 30 años de prisión y 111 años de inhabilitación por los 12 delitos, considerando que la trama actuó de común acuerdo y con unidad de acción y propósito.

El decreto concluye con la siguiente expresión:“vengo a conmutar las penas privativas de libertad impuestas por otra única de dos años de prisión,...a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años...”. A lo escandaloso de descalificar, con abuso de poder, a la Justicia, único estamento que debe suponerse que está por encima de los intereses partidistas, se le une una fórmula moralmente inaceptable (aunque jurídicamente sea conforme a derecho) pues da a entender que después de tres años estos delincuentes podrían volver a delinquir.

Ecologistas en Acción considera que estos indultos, llevados a cabo contra las sentencias judiciales sobre la corrupción, constituyen un atentado al estado de derecho y una dura burla al poder judicial, el único al que todos los ciudadanos podemos recurrir sin el temor de ser manipulados por intereses partidistas. Con estos indultos el Gobierno está dando un mensaje a la ciudadanía de que no sirve que la Justicia sea imparcial si luego un partido político, por el hecho de estar transitoriamente en el poder, y de forma aparentemente gratuita, y hasta sospechosamente partidista (pues los acusados eran del PP), es capaz de desautorizar todo un proceso legal que no sólo debe cumplir con la misión de condenar el delito, sino de dar un mensaje a la ciudadanía, especialmente a los políticos, de que la justicia es para todos y que los delitos de ordenación del territorio, como los que se han cometido en el Valle de Abdalajís, deben ser condenados, para que sirva de escarmiento y advertencia para los futuros gobernantes y civiles que quieren construir viviendas en suelo no urbanizable, en contra de todas las leyes.




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