La decisión de cerrar servicios ferroviarios de media distancia,
respaldada hoy por el Consejo de ministros, es un paso más en el
desmantelamiento del transporte público en el Estado español. La
rentabilidad se emplea como argumento para suprimir líneas accesibles a la
mayoría de la población. Pero, paradójicamente, no se alude al coste de de
los miles de millones de euros invertidos en líneas de alta velocidad, que
no son rentables en la mayor parte de los casos. Ecologistas en Acción
lamenta que continúe el despilfarro y la ineficiencia, con una política de
tren elitista que es social y ambientalmente perjudicial.

Se extiende el panorama de trenes ultrarrápidos y ultracaros vacíos, de
estaciones fantasma en ciudades y de pueblos incomunicados sin estación.
La decisión adoptada por el Ministerio de Fomento mantiene una política de
transporte iniciada hace dos décadas, que sentencia de muerte al
ferrocarril convencional mientras aumentan de manera insostenible las
líneas de alta velocidad. El muy cuestionable honor de ser el segundo país
del mundo en kilómetros de vías ferroviarias de alta velocidad se ha
logrado a golpe de deuda pública y despilfarro.

Las líneas ferroviarias de media distancia proporcionan un servicio básico
para muchas poblaciones rurales que quedarán aún más aisladas con los
cierres anunciados hoy. La única forma de desplazamiento será por
carretera, lo que dificultará la vida de aquellas personas residentes en
el medio rural que no dispongan de automóvil o no puedan conducirlo, por
edad o cuestión física. La sustitución de los trenes por autobuses
supondrá un deterioro del servicio de transporte para los sectores más
vulnerables, y en ningún modo sustituirá de igual manera el servicio
ferroviario convencional.

Se emplea el argumento de cerrar los servicios de tren convencional que no
son eficientes desde el punto de vista medioambiental, económico y social,
cuando es la política de transporte la que ha provocado esa ineficiencia.
En las últimas décadas se han invertido cantidades multimillonarias en
construcción y mejoras de nuevas infraestructuras de alta velocidad,
mientras el ferrocarril convencional ha quedado, por el contrario,
desatendido. Por ello, las líneas de tren de media distancia están cada
vez más obsoletas y funcionan peor.

Una política de transporte que no solo es injusta en términos sociales
(priorizando la vertebración entre grandes ciudades y marginando las
pequeñas poblaciones rurales) y económicos (el AVE es inaccesible
económicamente para una gran parte de la sociedad), sino que también ha
incidido en los problemas ambientales que causa el transporte:
construcción de infraestructuras, consumo energético y emisiones de CO2.

Si la apuesta hubiera sido por el tren convencional, la deuda pública
sería hoy varias veces inferior, la factura en consumo energético sería
mucho más pequeña (el transporte es el mayor consumidor de energía
primaria en España), las emisiones de gases de efecto invernadero serían
menores, nuestro territorio estaría menos fragmentado y nuestros hábitats
naturales menos deteriorados.

Resulta alarmante que los numerosos ejemplos de ineficiencia y despilfarro
no lleven a rectificar y apostar por una nueva política de
infraestructuras que abandone la construcción de nuevas líneas de AVE,
obligue a que el transporte por carretera asuma los costes reales por el
uso y mantenimiento de la carretera y apueste por el tren convencional
como el modo de canalizar los desplazamientos interurbanos.