Desmentimos las declaraciones del Delegado Territorial

Ecologistas en Acción de Cádiz denuncia que no son ciertas las declaraciones realizadas por parte de la Junta de Andalucía de que el 90% de las aguas residuales urbanas de la provincia de Cádiz se depuran.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz, y a la espera de los nuevos datos actualizados una vez se ha cerrado el año 2012, la depuración de las aguas residuales urbanas en Cádiz dista mucho del 90% que proclama la Junta de Andalucía.

Datos oficiales EDARs 2012

Junto al caso de las poblaciones que aún carecen de depuradora (como por ejemplo Trebujena o Tarifa), nos encontramos con el caso de otras cuyo funcionamiento es deficiente y cuyos vertidos se encuentran en muchos casos por encima de los límites que marca la legislación para ciertos parámetros, como la Demanda Biológica de Oxígeno, la Demanda Química de Oxígeno o los Sólidos en Suspensión (como es el caso de las depuradoras de Sanlucar, Barbate o San Roque). Además, otros municipios que cuentan con EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) no ha completado la agrupación de vertidos, con lo cual una parte importante de sus aguas residuales no son depuradas y se vierten sin saneamiento, como es el caso de Algeciras.

A todo lo anterior hay que sumar las depuradoras de ciertas localidades (principalmente costeras), que si bien tienen un funcionamiento adecuado, ven sobrepasada su capacidad de tratamiento, sobre todo en ciertas épocas de año, no pudiendo ser tratado todo el volumen de agua que se genera en dichas localidades y vertiéndose por tanto parte de él sin tratar. Este sería el caso, por ejemplo, de Rota.

Datos oficiales EDARs 2011

Ecologistas en Acción recuerda que desde el 1 de enero del 2006 las poblaciones de más de 1500 habitantes están obligadas a depurar sus aguas residuales y a que los parámetros de vertido de éstas se encuentren dentro de lo establecido por la normativa, y exige que se solucione la situación actual, ya que, tal y como marca la legislación actual, las aguas residuales urbanas hay que depurarlas y hacerlo eficientemente, no siendo efectivo ni legal el vertido de aguas parcialmente depuradas por encima de los límites establecidos.

La Ley 4/2010 de Aguas de Andalucía exige que el canon de mejora que grava la utilización del agua debe destinarse a la financiación de las infraestructuras hidráulicas, como son las depuradoras, y poner fin a la ilegal e insostenible situación denunciada por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía: casi la mitad de la población gaditana no depura sus aguas residuales.

Una situación muy preocupante porque a las amenazas sobre la salud pública se unen las sanciones que sufrirá España de la Comisión Europea por incumplir la normativa europea en materia de depuración de aguas residuales, cifradas entre 20 y 50 millones de € al año. A contar desde 2011.




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