Una vez mas la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente convoca este órgano colegiado de manera irregular. Desde la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, entendemos que es inadmisible para los agentes sociales y administraciones públicas que participamos de este Consejo, se realice la convocatoria con seis puntos en el orden del día, pero del que solo tenemos información del acta de la sesión anterior. Lo que quiere decir que los otros cinco, se conocerá el contenido de los documentos en el mismo momento de la reunión, lo cual de entrada es claramente ilegal. Habría que recordarle al Sr. Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que es quien convoca y preside este Consejo, que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dice en su art.º 24, Capitulo II de los órganos colegiados que toda la información que figure en el orden del día debe estar a disposición de los miembros con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, una mala práctica a la que parece que este nuevo Delegado también nos quiere acostumbrar como ya hicieron algunos de sus antecesores.

Por otra parte es lamentable que los asuntos del citado orden del día sean casi los mismos de las convocatorias de los dos últimos años, es decir; información de la ZEPA del Alto Guadiato, Orden General de Vedas, poblaciones de conejos en la campiña, etc., que son muy interesantes, pero existen más problemáticas y temas a tratar en la provincia de Córdoba, que nunca aparecen en el orden del día entre otras la aprobación de las primeras ZEC de la Red Natura 2000, los controles e inspecciones desarrolladas en aplicación de los Planes de Inspecciones Medioambientales, o las prospecciones e investigaciones previstas para fractura hidráulica que se proponen para algunos lugares de la provincia.

Desde hace ya unos años la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, viene reclamando un cambio y transformación que entendemos absolutamente necesario y fundamental, tanto de funcionamiento interno, asegurando la transparencia en la información que se maneja, así como de participación activa de todos sus miembros que representan a las diferentes Administraciones Públicas y colectivos y agentes sociales, entre ellos; universidad, sindicatos, empresarios y organizaciones agrarias, cazadores, pescadores y asociaciones ecologistas.

La participación social en la planificación y decisiones de lo público no es novedad ni un capricho de las organizaciones ambientalistas, es un DERECHO, una realidad jurídica desde hace bastantes años, establecido en convenios internacionales ratificados por España y en diversa normativa comunitaria, estatal y autonómica.

Por todo ello, Ecologistas en Acción no asistirá a esta convocatoria y se plantea seriamente su participación si realmente no empieza a percibir un cambio profundo, tanto de contenidos como de transparencia y democracia, en el citado órgano consultivo.