Trascurridos mas de dos meses desde que el TSJ de Castilla y León dictara la Sentencia que anula el acuerdo plenario por el que se decidió el cambio de gestión del agua en el municipio de León, Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento solicitando información acerca de las actuaciones que ha realizado, o va a realizar, para ejecutar la Sentencia.

Recordamos que el pasado 9 de febrero, de manera contradictoria, se anunciaba públicamente desde el Ayuntamiento que la Sentencia se iba a recurrir (no es firme y cabe recurso de casación) y al mismo tiempo, se iba a ejecutar reparando el “vicio detectado por el juez”.

El fallo de la Sentencia, dictada el 29 de diciembre 2012 por el TSJ, se basa en la infracción del art. 109 del RDL 781/1986 de Régimen Local en la medida que el servicio de abastecimiento de aguas de León se presta no solo a los residentes en el término municipal de León, sino también a la localidad de la Virgen del Camino (Ayuntamiento de Valverde de la Virgen), a Villaobispo de las Regueras (Ayuntamiento de Villaquilambre) y al Polígono Industrial de León, que comparten los Ayuntamientos de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina. A pesar de ello, el Ayuntamiento de León autorizó de forma unilateral, sin contar con los acuerdos plenarios de todos los ayuntamientos implicados, el cambio de gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, que pasó a prestarlo una empresa mixta de responsabilidad limitada.

La Sentencia, en alguna medida, viene a dar la razón a Ecologistas en Acción y a cuantas entidades se opusieron a la privatización del agua en León y denunciaron la irregularidad del procedimiento seguido para cambiar la gestión, entre ellas el Partido Popular de León, que ahora gobierna y que por coherencia debería ejecutar la sentencia en sus justos términos, eludiendo el recurso.

El doble rasero, mejor dicho la falta de ética que supone mantener un criterio estando en la oposición y el contrario cuando se ejerce el poder, está en la raíz de la corrupción política que asola el país y es uno de los motivos por los que la ciudadanía siente cada vez mayor desconfianza y desprecio hacia sus gobernantes.