Luchas del agua

Resistencias y éxitos sociales contra la privatización de este recurso esencial para la vida.

Quim Pérez, María García, Annelies Broekman, del Grupo de Agua de Ecologistas en Acción de Barcelona. Revista El Ecologista nº 75.

Varias plataformas surgidas en los últimos años están jugando un papel clave en la defensa del agua como un recurso público y en la exigencia del cumplimiento de la normativa europea.

“Sin agua no podemos vivir más de 3 días. Es un recurso básico para la vida”, así de claro nos lo recuerda la Plataforma Aigua és Vida, defendiendo que su gestión debe responder a intereses comunes de la población y no a intereses privados. Los conflictos que históricamente se han dado por la mala gestión de un recurso escaso como es el agua, derivados de la construcción de grandes embalses y trasvases, se están intensificando estos años por la ofensiva privatizadora y las implicaciones del cambio climático.

Al mismo tiempo, hemos ido logrando que aumentara la conciencia y el compromiso ecologista y social en la defensa del agua, extendiendo el debate y análisis sobre las estrechas relaciones entre el medio ambiente y los problemas de la sociedad. Ecologistas en Acción ha sido clave en el proceso de confluencia de diversos sectores en la lucha por la defensa del agua.

Agua blanda en piedra dura, tanto da que hace cavadura

Durante 2011 y 2012 se han articulado importantes plataformas en el Estado español que están oponiéndose al proceso de mercantilización y liberalización del agua. Ecologistas en Acción está jugando un papel destacado en estos espacios. Así, se ha creado la Red para el Agua Pública [1], un espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público a nivel estatal.

En muchas ciudades los colectivos de trabajo para la defensa del agua están logrando importantes objetivos, como en Madrid, donde la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II [2] pudo dar la voz a 178.000 personas a través de la consulta social celebrada el 4 de marzo 2012, de las cuales el 99% se pronunciaron contra la privatización de esta empresa pública.

Asimismo, la Plataforma Aigua és Vida [3] aglutina a más de 50 colectivos y representa la voz unitaria en Cataluña contra la privatización de la empresa pública Aguas Ter Llobregat y del ciclo integral del agua en el Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha sido adjudicado de forma directa a Agbar (sin ningún proceso público de licitación), multinacional que opera sin concesiones en 20 municipios de la región. La Plataforma ha logrado que 32 municipios, que representan a 1.230.515 habitantes, se posicionen en contra de la externalización y estén luchando activamente para defender la gestión pública del agua.

En el ámbito europeo, Ecologistas en Acción, Enginyeria sense Fronteres, la Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Plataforma Aigua és Vida fundaron junto con otras organizaciones europeas la red European Public Water Network en diciembre 2011 (Nápoles, Italia). En marzo de 2012 organizaron el Foro Alternativo Mundial del agua con más de 3.000 participantes, paralelo al Foro oficial organizado por corporaciones multinacionales (Suez-Agbar, Veolia, Saur y otras grandes corporaciones). En ese foro, las organizaciones entregaron al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dos propuestas de modificación de la Ley de Aguas española para que se reconozca el Derecho Humano al Agua y su gestión pública.

Derecho al agua

Una de las acciones que se ha impulsado a nivel europeo es una Iniciativa Ciudadana Europea [4] (equivalente a una Iniciativa Legislativa Popular, ILP) para pedir que el Parlamento Europeo deje el agua fuera de las leyes de mercado y reclamar el cumplimiento efectivo del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Hasta el 31 de julio de 2013 se espera recoger el millón de firmas necesario, repartidas en al menos nueve Estados (50.000 en el Estado español) para que la iniciativa sea atendida.

Seguimos manteniendo la lucha contra los trasvases, en algunos casos con mucho éxito en otros con menos. Pese a los fuertes intereses privados para que se realicen los trasvases del Ebro y el Roïna, la presión social es fuerte y de momento estas propuestas están paralizadas. En el Tajo la lucha sigue, y los argumentos de quienes ven el agua como una mera mercancía están perdiendo peso.

Directiva Marco

Desde hace 12 años la legislación europea ha tomado un nuevo rumbo para que se gestione el agua con una visión más holística y sostenible. La Directiva Marco de Aguas (CE/2000/60) establece que en 2015 las masas de agua tienen que estar en un buen estado ecológico, que los planes de gestión se desarrollen con la participación ciudadana activa y que se implemente una gestión económica de los servicios de agua más transparente, equitativa y racional. Sin embargo, el Estado español no está poniendo en marcha políticas en esta dirección y la misma Europa tiene graves contradicciones en sus políticas agrícolas y comerciales para reducir las presiones y agresiones a los ecosistemas acuáticos. Hasta puede considerarse un éxito que esta Directiva siga en pie en la actualidad a pesar de los ataques recibidos por parte de quienes tienen fuertes intereses económicos.

Esta legislación nos sigue dando diferentes herramientas para tomar un nuevo camino frente a la vieja política de gestión de los recursos hídricos que históricamente estuvo basada en soluciones de hormigón y de satisfacción de las demandas sin límite. Constatamos cómo las administraciones que tienen voluntad política son capaces de apoyarse en ese marco y avanzar en una buena gestión del recurso agua. Un buen ejemplo de ello es la Agencia Vasca del Agua que ha incorporado medidas más verdes para gestionar las inundaciones, frenando la construcción en zonas inundables y recuperando humedales que protegen de las avenidas.

El desarrollo de un método para definir cuál debería ser el régimen de caudales ambientales adecuado a los ríos mediterráneos por parte de la Agencia Catalana del Agua es otra muestra de como esta legislación ha permitido promover la introducción de nuevos enfoques. Aunque la implementación de la recuperación de los caudales necesarios para la vida en nuestros ríos está paralizada, esta herramienta es importante y muy útil para facilitar la aplicación de la Directiva europea al Estado y administraciones que lo quieran.

Esta misma legislación europea ha permitido que Ecologistas en Acción pudiera presentar en mayo de 2010, una queja por incumplimiento de la Directiva ante la Comisión Europea y este organismo recurriera al Tribunal comunitario. El 4 de octubre de 2012 se ha podido conocer la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [5] por la ausencia de planes de cuenca y la falta de información pública en la práctica totalidad del Estado español. Esta sentencia refuerza nuestra capacidad de influir en las administraciones para que los planes sean elaborados cuanto antes y que se corrija el rumbo de los borradores que ya se conocen, para evitar así una serie de nuevas condenas. Es también una clara señal de que hay dinámicas nuevas con las que tendrán que contar los gobiernos: la sociedad civil está dispuesta a enfrentarse a los intereses privados que se han apropiado del agua chocando con los modelos de gestión sostenible.

El pasado 15 de octubre la Plataforma en Defensa del Ebro entregó 12.000 firmas para que la Comisión Europea controle los caudales ambientales del futuro plan de la cuenca, por considerar que el régimen previsto incumple la Directiva Marco de Aguas de la UE. Esta acción se sumó a diversas reuniones en Bruselas con eurodiputados y organizaciones, que fueron organizadas con el apoyo de Ecologistas en Acción. Se han generado las condiciones para trabajar en una estrategia conjunta para que Bruselas supervise el contenido del plan, que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha sometido a exposición pública, y así lograr la aplicación efectiva de la Directiva.




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