Piden que se reclame a Uralita el coste del desmantelamiento de su fábrica

Ecologistas en Acción solicita al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León que apliquen las leyes de residuos y responsabilidad medioambiental a las empresas causantes de la contaminación.

Ante el alarmante estado de las instalaciones de la antigua fábrica de
fibrocemento de Uralita, en la carretera de Madrid, por el riesgo de
dispersión de fibra de amianto a los barrios próximos, Ecologistas en Acción
considera acertada la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Valladolid de
proceder subsidiariamente al desmantelamiento de la ruina industrial,
ordenado el pasado lunes por la Concejalía de Urbanismo ante la pasividad
del actual propietario de las instalaciones, la promotora inmobiliaria Reyal
Urbis.

No obstante, los ecologistas recuerdan que el principal responsable de la
contaminación por amianto es la empresa Uralita, que hasta el año 2002
procesó en la instalación esta fibra mineral cancerígena para la fabricación
de millones de metros cuadrados de cubiertas y miles de kilómetros de
tuberías de fibrocemento, repartidas por todo el país. En 2006 Uralita
vendió su factoría vallisoletana a uno de sus accionistas históricos, la
multinacional belga Eternit (hoy Etex), que la cerró en 2009, desmantelando
la maquinaria y transfiriendo los terrenos a la inmobiliaria Reyal Urbis.

Hay que resaltar que ni Uralita ni Eternit cumplieron con su obligación
legal de descontaminar unos terrenos que albergan todavía una cantidad
importante de fibra y material con amianto, y si bien la responsabilidad de
la inmobiliaria es indudable por el abandono de las instalaciones, tanto la
Ley de Residuos como la Ley de Responsabilidad Medioambiental dejan claro
que las operaciones de descontaminación son responsabilidad en primera
instancia de los causantes de la contaminación, y sólo subsidiariamente de
los propietarios de los terrenos.

Dadas las dificultades evidentes para poder obtener de una inmobiliaria en
quiebra el reintegro del millón y medio de euros públicos que al menos van a
costar las operaciones de desamiantado de la fábrica, Ecologistas en Acción
sugiere al Ayuntamiento de Valladolid que extienda la reclamación de
responsabilidad medioambiental a las empresas Uralita y Eternit, cuya
solvencia económica es sobrada para hacerse cargo del coste del
desmantelamiento de su antigua fábrica. Uralita y Eternit declararon el año
pasado unos beneficios de 46 y 152 millones de euros, respectivamente.

Para ello, en opinión de los ecologistas un camino adecuado sería que la
Junta de Castilla y León, que hasta el momento ha evitado intervenir en una
materia de su directa competencia, declarara los terrenos de Uralita como
suelo contaminado, facilitando así la exigencia de responsabilidad por parte
del Ayuntamiento a las empresas Uralita y Eternit. El propio procedimiento
penal en curso en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid podría
también establecer la responsabilidad de los fabricantes de fibrocemento en
la situación actual de las instalaciones con amianto abandonadas.

Lo ecologistas recuerdan que la insostenible situación de la antigua fábrica
de Uralita es sólo la punta del iceberg de un problema que se resume en tres
millones de toneladas de amianto repartidas por edificios e instalaciones de
toda España, sin control administrativo, plan de desamiantado ni exigencia
de responsabilidad alguna a la empresa Uralita, que durante décadas se lucró
con la fabricación y venta de material de construcción cancerígeno, a
sabiendas de su riesgo para la salud.

Por ello, Ecologistas en Acción demanda que las Administraciones apliquen el
principio de "quien contamina paga" y no pierdan la oportunidad de exigir a
esta empresa y a sus propietarios antiguos y actuales, las familias March y
Serratosa (con participación minoritaria de Caja España-Caja Duero) que se
hagan cargo del coste del desmantelamiento de su fábrica, así como de las
indemnizaciones a sus antiguos trabajadores y del desamiantado general del
España, tarea que otro país mucho menos expuesto que el nuestro como Suecia
ha tardado treinta años en culminar.

Finalmente, los ecologistas llaman la atención sobre la necesidad de
extremar el cuidado en las operaciones de desmantelamiento, que no
demolición, de la antigua fábrica de Uralita, para evitar la resuspensión de
la fibra de amianto esparcida por toda la parcela y su entorno, procediendo
a medir las concentraciones de fibra de amianto en los barrios más próximos
(muy en particular el de Pinar de Jalón y el Colegio San Agustín) e
informando sobre el destino final de las decenas de miles de toneladas de
residuos de demolición con amianto que se van a obtener en los próximos
meses.

Se conoce como amianto a una familia de fibras minerales utilizadas para la
fabricación de materiales de construcción (fibrocemento) y componentes
industriales con gran resistencia al calor (tejidos, frenos, etc.). Fue
clasificado como cancerígeno en humanos por la Organización Mundial de la
Salud en 1973, habiéndose establecido en las décadas anteriores su relación
con la asbestósis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma o cáncer de pleura.
En España fue prohibido en 2002.




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