Adiós a la tubería manchega

El 10 de abril el BOE publicaba la paralización de la licitación de las obras de los ramales de la tubería del Trasvase Tajo-Segura a la Llanura Manchega aduciendo falta de financiación. Es el reconocimiento de un fracaso: el del faraonismo hidráulico, ilusorio, insostenible y antieconómico.

En 2002 se aprobó una obra oficialmente concebida para el suministro a poblaciones de Albacete, Cuenca y Ciudad Real con problemas de abastecimiento de agua, y con secundarios objetivos para uso agrícola, servicios e industria, beneficiando a un total de 450.000 personas. Establecía un caudal máximo de 50 hectómetros cúbicos para 58 municipios. El coste, estimado en 270’5 millones de euros, sería financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana con cargo a fondos europeos, 85 % del total, mientras que el restante lo cubriría la Junta de Comunidades.

Ya en aquella época las organizaciones conservacionistas avisábamos de que se trataba de una maniobra de clientelismo político para satisfacer las demandas de enriquecimiento del capital privado, cómodamente instalado en la estela triunfalista de la burbuja inmobiliaria. Hubo proyectos que fueron contestados por nuestra parte, al pasar por encima de la normativa ambiental y urbanística, como el Aeropuerto de Ciudad Real y el Reino de Don Quijote, el ilegal campo de golf de Torrenueva, un complejo residencial de lujo en las Pachecas (Argamasilla de Alba) felizmente descartado, o más recientemente, centrales termosolares en Alcázar de San Juan.

Desgraciadamente, no han sido los argumentos ambientales o sociales los que han frenado la infraestructura, sino los económicos. No hay fondos europeos que permitan su continuidad.

Incluso dando, cándidamente, por buenos los enunciados generales de la tubería manchega (abastecimiento de boca y no la especulación del suelo y el incremento de los regadíos), tampoco tendría mucho sentido ponerla ahora en marcha dada la buena disponibilidad de las reservas de agua embalsada y del ahorro conseguido tras la modernización de parte de los sistemas de canalización para riego. O si se atiende a los demagógicos mensajes de algunos cargos públicos, cuando señalan que el Acuífero 23 está casi restablecido o que el agua es un problema del pasado, incitando a seguir esquilmando los recursos hídricos.

En vez de revisar y hacer un poco de autocrítica de sus políticas infaustas y cortoplacistas durante 28 años de gobierno en la región -puestas en entredicho por Bruselas-, el PSOE se enzarza con el PP en una estéril confrontación de dimes y diretes, reprochándose mutuamente la responsabilidad del abandono temporal de la tubería. Ambos partidos, sumisamente echados a los brazos de la patronal del campo, defienden a ultranza modelos de gestión neoliberales del agua, contrapuestos a objetivos de recuperación y equilibrio hídrico del Alto Guadiana, a los tratados internacionales de conservación de las zonas húmedas, a una agricultura social y ambientalmente responsable y, en definitiva, al interés general.

Nos alegramos de la suspensión de la oferta de concurso público de la construcción del ramal central de la tubería manchega pero pedimos más; su derogación inmediata, el fin definitivo de los trasvases, una reducción significativa de la superficie destinada a regadío, la rehabilitación y mejora del PEAG (Plan Especial del Alto Guadiana), el desarrollo y transparencia de los procesos de participación pública que tengan que ver con la gestión del agua, el escrupuloso seguimiento de la Directiva Marco del Agua y la revisión del Plan de Cuenca del Guadiana, rechazado por las organizaciones conservacionistas con representación en el Consejo Nacional del Agua.




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