Queja de la Macrocantera de la Sierra de Morón

En mayo de 2012, el Defensor del Pueblo admitió a trámite la queja Q12/2235 presentada por Ecologistas en Acción en relación a la necesidad de someter a Autorización Ambiental Unificada a la prórroga de 30 años solicitada por la explotación minera RSC 7200 Sierra de Morón (SIDEMOSA), tal como establece la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA).

En febrero de 2013, la Junta de Andalucía anunció al Defensor la intención de someter esa prórroga a Evaluación de Impacto Ambiental, aplicándole la derogada Ley 7/1994 de Protección Ambiental, en vez de aplicar la vigente Ley GICA. Esto supone un nuevo trato preferente de la Junta hacia la cantera SIDEMOSA porque la Ley GICA impide de manera automática la tramitación de proyectos en suelos especialmente protegidos por planificación urbanística, como es el caso de los suelos de la Sierra de Esparteros donde se ubica la cantera.

Ante esta nueva situación, el Defensor solicitó nuevos informes a la Junta en marzo de 2013, y el 6 de mayo, ha comunicado a Ecologistas en Acción que la Junta sigue sin responder a sus requerimientos de informe.

La Junta ha permitido que la cantera de SIDEMOSA realizara una brutal ampliación desde el 2002 hasta el 2012, visible por millones de personas durante estos 10 años, desde cientos de kilómetros a la redonda. Esta ampliación se realizó mediante un falso Plan de Restauración, sin someterla a ningún tipo de Evaluación de Impacto Ambiental, incumpliendo de manera flagrante las leyes vigentes.

La autorización de ese falso Plan de Restauración fue auspiciada en 2002 por el actual Coordinador de Medio Ambiente de Sevilla, Salvador Camacho Lucena, y por José Antonio Vega González, que entonces actuaba de Jefe de Servicio de Protección Ambiental y luego pasó a Jefe de Servicio de Minas. Ambos ignoraron sus propios informes que indicaban la necesidad de someter a la cantera a las leyes ambientales.

En febrero de 2007 la Delegada de Medio Ambiente de Sevilla, Pilar Pérez, realizó un nuevo informe, indicando la necesidad de aplicar a SIDEMOSA la legislación ambiental, siendo Salvador Camacho Secretario General de esa Delegación, y por tanto el responsable de garantizar la aplicación de esa legalidad. En marzo de 2008, un nuevo informe de los técnicos de protección ambiental reveló los graves daños ambientales que estaba provocando la falsa restauración. Pero todos esos informes fueron ignorados de manera reiterada por el responsable de minas, J.A. Vega, que por ello está imputado ante el Juzgado nº11 de Sevilla.

En octubre de 2012 un nuevo informe del Departamento de Minas ha demostrado que la empresa SIDEMOSA ha incumplido de manera flagrante su propio y falso Plan de Restauración, realizando bancos ilegales de 40 metros de altura y avanzando la explotación de manera ilegal 100 metros hacia el núcleo de la Sierra.




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