Desde hoy se sentarán en el banquillo varios presidentes de grandes constructoras españolas. Se les imputa por presuntos pagos ilícitos al Partido Popular, unos pagos que presuntamente podrían estar vinculados a la concesión de grandes proyectos de obras públicas. Es una consecuencia más de la querella presentada a finales de febrero por cinco organizaciones, entre las que está Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción lleva años advirtiendo de la ruinosa política de infraestructuras de transporte que se ha desarrollado en nuestro país. Una política de construcción desaforada que, lejos de conseguir mayor desarrollo económico o empleo –a la vista está– solo ha traído una tremenda hipoteca y una gran destrucción ambiental y territorial.

Como es sabido, la mayor parte de los ingresos registrados en los conocidos como “papeles de Bárcenas” procedían de unas pocas fuentes: los presidentes de algunas de las principales compañías constructoras de este país. Los apuntes manuscritos presuntamente reflejan pagos ilícitos, efectuados por Villar Mir (OHL), Luis del Rivero (Sacyr), José Mayor Oreja (FCC) o Alfonso García Pozuelo-Asins (Constructura Hispánica), entre otros.

La acusación que se plantea en la querella –presentada el pasado 28 de febrero por Ecologistas en Acción junto con Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes– es que estos pagos se efectuaban a cambio de la concesión de jugosos contratos de obra pública. Esto es lo que se dirimirá ahora en la Audiencia Nacional, donde los presidentes y expresidentes de estas grandes empresas van a declarar en calidad de imputados a partir de hoy, lunes 27 de mayo.

García Pozuelo

El primero en hacerlo será Alfonso García Pozuelo-Asins, expresidente de Constructora Hispánica. Este empresario reconoció en 2010 su vinculación con la Gürtel, y pagó 19,7 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda. También fue uno de los beneficiados por la amnistía fiscal que promovió el ministro Montoro.

García Pozuelo fue compañero en sus estudios de ingeniería de caminos de Álvarez-Cascos, ministro de Fomento entre 2000-2004. Pues bien, es precisamente en este periodo cuando se concentra la mayor parte de la contratación de su empresa con este Ministerio. Solo en el periodo 2003-2004, C. Hispánica recibe 160 millones de euros en contratos con este Ministerio, cantidad que se reduce drásticamente en los años siguientes, ya con el PP fuera del Gobierno central.

Las fechas de las aportaciones de dinero de García Pozuelo reflejadas en los “papeles de Bárcenas” también dan que pensar. Sólo un día antes de la aportación de Gª Pozuelo al PP de 60.000 euros (4-12-2003), Constructora Hispánica recibe un contrato del Ministerio de Fomento por valor de 16,8 millones de euros para trabajos en líneas ferroviarias de Cataluña. Solo 12 días después de otro pago de 30.000 euros de Gª Pozuelo (11-6-2004) se le adjudican a Hispánica proyectos por 97,2 millones de euros, también dependientes del Ministerio de Fomento, para construcción de plataformas de alta velocidad ferroviaria. Aunque en ese momento el Gobierno ya estaba en manos del PSOE desde hacía unas pocas semanas, es claro que las licitaciones estaban preparadas en la legislatura anterior.

La siguiente declaración ante el juez Ruz corresponde al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Su empresa recibió un total de 215 adjudicaciones por diversos gobiernos (locales, autonómicos, central) del Partido Popular entre 2002 y 2009, lo que supuso nada menos que 4.652 millones euros. También durante estas fechas los papeles de Bárcenas recogen aportaciones de dinero de este empresario por valor de 100.000, 180.000 o 250.000 euros, a pesar de que la ley impide las donaciones a partidos políticos por parte de empresas que estén contratando con la administración.

Ecologistas en Acción confía en que la investigación desarrollada a partir de la querella permita aclarar si hubo concesiones de obra pública como compensación a las donaciones que se recibían en el Partido Popular y que recogen los papeles del extesorero. Sería algo que permitiría explicar la demencial y ruinosa política de obra pública, plagada de aeropuertos vacíos, autopistas en quiebra y trenes de alta velocidad sin viajeros, que hemos padecido durante años.