El Consejo de Pesca y el Parlamento Europeo acordaron esta madrugada las nuevas claves del Reglamento base de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), llegando a un acuerdo en temáticas tan importantes como el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), los descartes, y entre otros, el acceso a los recursos. Ecologistas en Acción sostiene que la reforma aborda objetivos urgentes y necesarios, pero no es lo suficientemente ambiciosa. Tiene también aspectos positivos, como nuevos criterios sociales y ambientales en reparto de las cuotas.

Las expectativas no se han cumplido. Sobre el papel el objetivo es poner fin a la sobrepesca en 2015, pero con posibilidad de retrasarlo a 2020. La falta de un calendario firme para asegurar la recuperación de las poblaciones de peces a niveles sostenibles es decepcionante.

“Estamos satisfechos de que los colegisladores hayan acordado poner fin a la sobrepesca en 2015. El problema es que estamos con la misma canción de siempre: dicen que se hará cuando sea posible”, explica Lydia Chaparro, responsable de pesca de Ecologistas en Acción. “Además la reforma apunta a que, si no hay datos suficientes, se podrían utilizar parámetros aproximativos, lo que demuestra una vez más la falta de valentía política que arrastramos reforma tras reforma”.

Con el reglamento acordado podría tardarse diez, veinte, treinta o muchos más años en recuperar las poblaciones de peces a niveles saludables. Por tanto, Bruselas vuelve a presentar una reforma poco ambiciosa que no beneficia a medio ni largo plazo al ecosistema marino, ni al futuro de la pesca en su conjunto.

La propuesta acordada sobre los descartes también es preocupante, especialmente en el Mediterráneo, donde todas las especies sujetas a talla mínima se deberán desembarcar, pero se permitirá a los pescadores tirar por la borda un 5% de la captura anual. “El control y aplicación de esta normativa es extremadamente complicada, más aún en el Mediterráneo, y nos preocupa la aparición de un nuevo mercado negro basado en juveniles”, explica Chaparro. También apunta al peligro de que esta reforma fomente de manera insostenible la acuicultura industrial “que ahora podría verse beneficiada por el abaratamiento de los piensos y aceites fabricados a base de los descartes desembarcados”.

Ecologistas en Acción aplaude la inclusión en la nueva reforma de una de sus principales demandas. El reparto de cuotas pesqueras se hará siguiendo criterios objetivos y transparentes que tendrán en cuenta factores sociales y ambientales -como por ejemplo el impacto sobre el medio ambiente, el historial de cumplimiento legislativo y la contribución a la economía local-, y no sólo criterios históricos como hasta ahora. Los pescadores artesanales, que practican artes de bajo impacto ambiental y alto rendimiento social se verán beneficiados por este nuevo acceso preferencial a los recursos pesqueros.