Tratados de Libre Comercio e Inversión en la mira de la sociedad civil:

Coincidiendo con el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica, que se celebra en Girona, más de 120 organizaciones de cinco continentes denuncian en una carta la asimetría de la ley que protege los inversionistas y las corporaciones con una «ley dura» y que prima sobre los derechos humanos.

Hoy comienza en Girona el “I Congreso Bienal: Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y patrocinado por algunas de las principales multinacionales que obtienen gran parte de sus beneficios en América Latina: Repsol, Telefónica, Agbar, Abertis y La Caixa.

Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteras, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Observatorio de las Multinacionales en América Latina consideran que el objetivo real del “I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica” es allanar aún más el camino para que las corporaciones puedan moldear la legislación de terceros países de acuerdo con sus intereses económicos. Las organizaciones sociales alertan de que se persigue rebajar la legislación ambiental, laboral y social en América Latina y en Europa con el fin de aumentar el negocio y el poder de las empresas multinacionales.

La principal herramienta de la mal llamada “seguridad jurídica” son los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos Internacionales de Inversiones que otorgan derechos sin precedentes a las empresas e inversores extranjeros. Estos tratados permiten a las multinacionales usar los denominados “mecanismos de arbitraje entre inversores y estados”, mediante los cuales una empresa privada extranjera puede omitir los cauces legales normales de cualquier país y denunciar a los estados a través de tribunales arbitrarios de dudosa transparencia como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que suele fallar a favor de las corporaciones. De esta manera las grandes empresas pueden coaccionar en contra de medidas que impliquen una mejora de la legislación ambiental y laboral.

De hecho en los últimos años se ha producido un aumento de las demandas realizadas por inversores internacionales en contra de diferentes estados, siendo ejemplar el caso en el que la multinacional tabacalera Philip Morris denunció a Uruguay por tratar de proteger la salud de los ciudadanos advirtiendo de los perjuicios derivados del tabaco.

La capacidad de las multinacionales de acudir a tribunales de arbitraje contrasta con la falta de justicia para investigar, juzgar y sancionar a las corporaciones denunciadas por violar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población afectada por los impactos de estas empresas.

No es casualidad que los principales patrocinadores del congreso de Girona hayan sido denunciados por violaciones de derechos humanos. Agbar, por ejemplo, dejó sin agua potable a una parte de la población de El Saltillo (México) y Cartagena (Colombia). Telefónica cometió despidos masivos y prácticas antisindicales en Chile, Perú y Argentina. Repsol -que abrió recientemente un caso contra Argentina en el CIADI por la nacionalización de YPF- está acusada de contaminación sistemática, desplazamiento forzado de poblaciones, fraude y colaboración con grupos paramilitares en diferentes países sudamericanos. Caixa Bank es una de las principales accionistas de empresas que operan en América Latina, como Repsol o Gas Natural Fenosa, que ha sido denunciada por asesinatos de activistas en Guatemala, los cortes de suministro eléctrico y incremento abusivo de tarifas en Colombia y Nicaragua, entre otros.

Frente a esta situación, más de 120 redes y organizaciones de cinco continentes han enviado hoy una carta a los gobiernos participantes en la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales en Guayaquil, Ecuador [1] en la que demandan acuerdos globales para impedir inversiones dañinas.

Los firmantes recomiendan que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar o renovar los diversos acuerdos y tratados que los someten ilegítimamente a jurisdicciones extranjeras o a imposiciones que conculcan derechos humanos. Proponen un “marco legal alternativo para las relaciones económicas internacionales que esté basado en principios democráticos y priorice los derechos humanos sobre los intereses empresariales”. [2]

Notas

[1] Declaración de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/22abr_declaracion_transnacionales_esp.pdf

[2] La carta y los firmantes de la sociedad civil se puede descargar aquí: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article1164