Lamentamos acuerdo de Pleno sobre las viviendas ilegales

Ecologistas en Acción quiere mostrar su oposición al acuerdo del Pleno del ayuntamiento de El Puerto del pasado jueves mediante el que se ha aprobado una moción para evitar el derribo de dos viviendas ilegales mediante una nueva reubicación del Corredor Verde. Es lamentable que los políticos se pongan de acuerdo por motivos electoralistas para beneficiar a unas personas que han construido ilegalmente en suelo no urbanizable protegido. Tenemos que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal.

De nuevo se juega con los sentimientos de las personas a sabiendas que el Ayuntamiento nada puede hacer toda vez que el nuevo PGOU no permite la legalización de las viviendas ni del Corredor Verde y, menos aún, del Pinar de Coig, y que en todo caso la competencia para delimitar el Corredor Verde es de la administración autonómica.

Más lamentable es la actitud del PSOE que de nuevo vuelve a defender lo indefendible con la legalización de Pinar de Coig, cuando saben a ciencia cierta que es imposible y que estas construcciones sólo tienen un destino: su demolición para adecuar el pinar como parque público.

Ecologistas en Acción siempre hemos sido claros –a diferencia de la demagogia mostrada por todos los partidos políticos- con el tema de las construcciones ilegales, y defendemos que es la aplicación estricta de la ley, con la demolición de lo construido e imposición de multas, la medida más eficaz para la lucha contra la lacra de la edificación ilegal. Estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones ilegales es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto.

Mostramos igualmente nuestro rechazo a la reubicación del denominado Corredor Verde en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) que se está reformando en base a que el mismo se diseñó como cinturón de terreno protegido para dotar a la ciudad de zona de esparcimiento y evitar el sobredimensionamiento de la misma. Por otra parte, estamos totalmente en desacuerdo en que se premie a unos propietarios que han construido ilegalmente en suelo no urbanizable saltándose toda las leyes urbanísticas e incluso penales con la regularización de su vivienda en detrimento de otros que han respetado las leyes y ahora pueden verse perjudicados por que el nuevo Corredor ocupe sus terrenos. Fue la postura que defendimos en nuestras alegaciones al nuevo PGOU y se nos ha dado la razón.

Llamamos la atención de la irresponsabilidad que supone la aprobación de este tipo de acuerdos que fomentan las construcciones ilegales ya que los constructores ven que a la larga la vivienda no se va a derribar y acabará regularizándose por muy grave que haya sido la conducta.




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