Fernando Moreno, representante de los grupos ecologistas de Cantabria, entre ellos Ecologistas en Acción, en
el Patronato del Parque Natural Saja-Besaya, ha denunciado la autorización
de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga para cortar hayas en pie a los
vecinos de los municipios que la integran – Ruente, Cabuérniga, Los Tojos
y Campoo de Suso– a los que otorga la posibilidad de aprovechar 2
ejemplares arbóreos por familia al precio de 50 euros cada uno.

El representante ecologista considera que esta iniciativa se ha hecho al
margen de las directrices de gestión del espacio protegido, no se ha
sometido al informe preceptivo del propio Patronato, no se apoya en ningún
estudio previo sobre la situación en que se encuentran sus masas boscosas,
carece de referencia alguna a un Inventario Forestal específico para
diagnosticar el estado fitosanitario de los hayedos que pudieran verse
afectados, pone en riesgo la estabilidad y la regeneración de un
ecosistema hasta ahora relativamente bien conservado, supondría unos
aclarados excesivos que podrían llegar fácilmente a los 1.000 árboles
talados teniendo en cuenta los vecinos de los 4 municipios –y sobre todo
cuando no existen planes de regeneración del bosque–, y alteraría
gravemente los equilibrios centenarios de un ámbito excepcional –el Monte
Saja, La Canal del Infierno, Cureñas, Monte Redondo, Cambillas, Sejos…– en
su consideración de Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000,
auténtico santuario de la biodiversidad, hábitat seguro de numerosas
especies de la fauna silvestre al margen de las actividades cinegéticas,
cabecera de ríos y arroyos fundamentales para la regulación hidrológica de
la cuenca, y escenario inigualable de singulares e irrepetibles paisajes y
micropaisajes.

Esta no es la manera de compensar la necesaria suspensión de las talas de arbolado autóctono por el coste de oportunidad que existe entre los daños ambientales que van a a causarse–daños económicos también por la devaluación de los atractivos turísticos y las repercusiones negativas que encierra el aumento de la erosión y las inundaciones, la disminución de la fauna silvestre y la biodiversidad, entre otros perjuicios– y el escaso rendimiento económico que iba a proporcionar a la misma Mancomunidad.

Abogó, en cambio, por la puesta en marcha de un programa de reactivación económica y dinamización de las áreas rurales y los municipios del Area de Influencia Socioeconómica del Parque mediante subvenciones directas a los propios Ayuntamientos y los vecinos, un impulso decidido a las Denominaciones de Origen y las marcas de Calidad de los productos agroganaderos de la zona, incluida la raza tudanca, la cubrición de la plaza de guardería forestal vacante desde hace más de dos años, la ampliación de plantillas de investigadores y personal laboral adscritos al espacio protegido, la rehabilitación de las casetas
de peones camineros y las cabañas o refugios, la introducción de técnicas
blandas y manuales en los aprovechamientos de leñas muertas, mayores
facilidades para los vecinos en precaria situación económica, una mayor
agilidad y generosidad en las indemnizaciones por los daños causados por
la fauna silvestre, y una descentralización de los Centros de Acogida y
Recepción en Ucieda, Bárcena Mayor, Soto y Cieza con una mayor promoción
en la educación ambiental y el desarrollo sostenible, entre otras
propuestas.