El TSJ anula la descatalogación en favor de una gravera de la finca Fuentes de Duero

El Ayuntamiento de La Cistérniga y la Junta de Castilla y León se saltaron la evaluación ambiental para excavar 245 hectáreas agrícolas de regadío protegidas en la vega del Duero.

Por Sentencia nº 930 de 31 de mayo de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Acuerdo de 24 de noviembre de 2009 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid por el que se aprobó la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Cistérniga en la Finca Fuentes de Duero, previamente suspendida por Auto del mismo Tribunal de 15 de julio de 2011 confirmado por Auto de 7 de febrero de 2013 del Tribunal Supremo.

Dicha modificación recalificó la finca agrícola señalada de suelo rústico con protección agropecuaria a suelo rústico común para permitir la legalización de la gravera que la empresa Áridos Sanz inició en 2006 en terrenos protegidos por las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT) y el PGOU de La Cistérniga.

Ante la denuncia de Ecologistas en Acción, con fecha 21 de febrero de 2006 el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ordenó la paralización inmediata de esta gravera, que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental negativa del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León con fecha 11 de enero de 2005 por afectar a dos espacios protegidos, el Área de Interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (APHA) ‘Entorno Duero - Canal del Duero’ y al Área de Singular Valor Ecológico (ASVE) ‘Montes de Fuentes de Duero’.

De forma incomprensible, el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en lugar de velar por el respeto a las Directrices de Ordenación del Territorio, aprobó de forma concertada con la empresa infractora mediante Decreto 45/2008 la segunda modificación hasta la fecha de las DOTVAENT, que permitía descatalogar aquellos terrenos que, previamente a la aprobación de las Directrices, tuvieran otorgada licencia de actividad para la explotación de áridos, supuestamente el caso de Áridos Sanz.

Amparándose en este Decreto autonómico, el Ayuntamiento de La Cistérniga inició la modificación de su PGOU para descatalogar los terrenos protegidos, obteniendo el visto bueno de la Junta de Castilla y León a través de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, cuyo acuerdo ha sido ahora anulado. De esta manera, Áridos Sanz ve de momento frustrado su proyecto para que 245 hectáreas de vega protegidas por su valor paisajístico, histórico y agrícola puedan ser excavadas para la extracción de áridos.

La sentencia judicial señala que la modificación suspendida se acordó omitiendo la evaluación ambiental, preceptiva con arreglo a la legislación básica del Estado, sin perjuicio de que la normativa urbanística de Castilla y León no contemple el supuesto enjuiciado entre los que deben someterse a evaluación ambiental. Normativa autonómica que de paso debería corregirse para garantizar su coherencia con la del Estado.

Ecologistas en Acción se felicita de la resolución judicial y denuncia públicamente que tanto el Consejero de Fomento y Medio Ambiente como el Delegado Territorial de la Junta en Valladolid y el Ayuntamiento de La Cistérniga han pretendido sacrificar el interés general representado por la protección de la finca de regadío en la vega del río Duero al interés particular de la empresa minera infractora, Áridos Sanz, a cuyo dictado han actuado las autoridades urbanísticas de Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de La Cistérniga.

Con la anulación de la modificación del PGOU de La Cistérniga, en lo que va de año son ya seis las sentencias judiciales que anulan planes aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid por su disconformidad con la normativa urbanística estatal, tras los casos de las Áreas Homogéneas 5, 7 y 11 de Valladolid, las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes y el PGOU de Tudela de Duero. Esta circunstancia debería hacer reflexionar a las autoridades regionales sobre el escaso rigor de su actividad.




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