Bandera Negra por mal funcionamiento de la depuradora

Miembros de Ecologistas en Acción han procedido a izar una Bandera Negra en la puerta de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) Las Galeras, en el municipio de El Puerto de Santa María, por la nefasta gestión que realizan la empresa municipal APEMSA y la concesionaria Aqualia.

La EDAR de Las Galeras no cumple los parámetros de depuración que exige la Ley, por lo que todo el litoral comprendido entre Las Murallas y La Calita, se encuentra afectado por el vertido contaminante del emisario submarino.
El ineficaz funcionamiento de la depuradora ha sido evidenciado de forma reiterada, tanto en la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas, como en las analíticas que anualmente realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA), que sistemáticamente demuestran que se superan con creces los límites de contaminación máximos permitidos, y por una contundente sentencia judicial. Actualmente APEMSA tiene abierto un expediente sancionador por parte de la Consejería por incumplimiento de las condiciones de calidad del agua de la Autorización de Vertido. Esta depuradora es un ejemplo palmario de la ineficacia de la gestión privada del agua y de su mayor coste para los ciudadanos.

Datos de CAPMA sobre Edar de Las Galeras

Los ecologistas, además de izar una enorme bandera negra, han colocado en las puertas de la EDAR paneles con los datos y gráficas de los parámetros de las aguas que vierten a la Bahía de Cádiz y que demuestran que prácticamente nunca esta depuradora cumple con los requisitos legales y medioambientales.

Ecologistas en Acción espera que de una vez los máximos responsables de APEMSA se dediquen a corregir las deficiencias de esta depuradora, y no a atacar y amenazar a los ecologistas para que no divulguen estos datos. La culpa de que la depuradora no funcione es de los responsables de APEMSA y de Aqualia, y no de los ecologistas que cumplen con su obligación de informar al público de la nefasta gestión de una instalación que le cuesta a todos los portuenses casi tres millones de euros anuales.




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