Piden la suspensión judicial de la incineración de 200.000 toneladas de residuos

Ecologistas en Acción ha presentado ante el TSJ de Castilla y León sendos recursos contencioso administrativos contra las modificaciones de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Junta a las empresas Tudela Veguín y Portland Valderribas, que permiten la incineración de cerca de 200.000 toneladas anuales de residuos de todo tipo en las fábricas de cemento de La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia). Al mismo tiempo, ha solicitado medidas cautelares para que se suspenda la ejecución de las órdenes recurridas

Cabe recordar que la tercera fábrica de cemento de Castilla y León, en Toral de los Vados (León), ha confirmado recientemente su intención de seguir tramitando un permiso similar, a pesar de la rotunda oposición a la incineración de residuos mostrada por la sociedad berciana y después de que la Junta revocara, hace dos años, la autorización para realizar esta actividad en El Bierzo.

Los permisos impugnados conllevan la utilización sistemática de las fábricas de cemento como instalaciones de valorización energética y/o eliminación de los rechazos de los centros de tratamiento de residuos urbanos o domésticos, alternativa a los actuales vertederos o depósitos de rechazo de residuos urbanos. Asimismo, abren la puerta para que decenas de miles de toneladas de plásticos, neumáticos, lodos, envases, vehículos fuera de uso, etc. puedan ser quemados indiscriminadamente en los hornos de ambas fábricas de cemento, sin que esta operación tenga cobertura en los planes autonómicos de residuos, todos expirados en el año 2010, pendientes de la aprobación de un nuevo Plan Regional de Residuos, que en estos momentos se encuentra en información pública.

La intención de la industria cementera, ante la caída en picado de los pedidos de cemento, es reconvertir su actividad hacia la importación e incineración de la mayor cantidad posible de residuos, de manera que por ejemplo la capacidad de incineración de neumáticos autorizada duplica la producción regional de este tipo de desechos; lo que consolidará a Castilla y León como sumidero de estos residuos -que incluso se traen de Francia, según consta en las memorias de la actividad 2011 y 2012 de la cementera roblana-.

Una vez mas los ecologistas recuerdan que la prioridad legal para todos los residuos que las cementeras podrán usar como combustibles, es su reducción, reutilización y reciclado. Sin embargo, la Junta de Castilla y León se pliega a los intereses del lobby pro-incineración, ignorando que la Comisión y el Parlamento Europeo han propuesto eliminar en el año 2020 la incineración de los residuos que se pueden reciclar.

La gran amplitud de los residuos que la Junta ha permitido coincinerar garantiza la emisión de importantes cantidades de sustancias tóxicas orgánicas como dioxinas y furanos, conocidos alteradores hormonales de carácter cancerígeno, además de metales pesados, o hidrocarburos aromáticos policíclicos, también cancerígenos. Al respecto, se ha presentado el reciente estudio de García-Pérez y otros (2013) “La mortalidad por cáncer en ciudades situadas en las proximidades de incineradoras y de instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos”, uno de los primeros estudios en los que se analiza el riesgo de muerte por cáncer asociado a actividades industriales específicas en este sector a nivel nacional, que en sus conclusiones confirma “la hipótesis de un riesgo estadísticamente significativo más elevado de morir de todos los tipos de cánceres, tanto en los hombres como en las mujeres que residen en municipios situados cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos y, concretamente, un mayor exceso de riesgo de padecer tumores en el estómago, el hígado, la pleura, los riñones y los ovarios”. El estudio analiza, entre otras instalaciones, las ocho incineradoras de residuos urbanos y lodos de depuración existentes en España. Los residuos que utilizan, por sus características, son asimilables al rechazo de los centros de tratamiento de residuos urbanos, cuya coincineración se prioriza en las cementeras de León y Palencia.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha pedido la suspensión judicial cautelar de las autorizaciones de incineración concedidas a las cementeras de La Robla y Venta de Baños, por no estar previstas en los preceptivos planes de residuos de Castilla y León, vulnerar las prioridades legales en el tratamiento de los residuos y convertir a Castilla y León en un sumidero de todo tipo de desechos, con los daños sanitarios y medioambientales asociados a esta arbitraria decisión de la Junta.




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