Política Agraria Común de la UE: industrialización y desagrarización.

Daniel López, Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 77.

Durante el mes de marzo se debatieron las enmiendas a los cuatro textos legales de la Política Agraria Común de la UE, que se implementará entre 2015 y 2020. Esta política gestiona más del 40% del presupuesto europeo y presenta impactos ambientales y sociales muy importantes en nuestro territorio. La UE sigue apostando por una agricultura industrial y globalizada destinada a los mercados que arrasa con el territorio rural europeo y el de otros continentes. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de negociación de la Comisión Europea con los Estados miembros, que llevará a la elaboración de los reglamentos estatales.

Desde su creación en 1962, la PAC es la primera política unitaria de la Unión Europea y, aún hoy, supone el 40% de su presupuesto total. En estos 50 años la UE ha incrementando la mecanización y el uso de agrotóxicos (fertilizantes y fitosanitarios) y, debido a los grandes excedentes generados, se ha convertido en una potencia exportadora en numerosos cultivos. Su política de subvenciones ha transformado el panorama productivo europeo y ha arrasado mercados del Sur global exportando por debajo de costes los cereales, lácteos o carnes europeas.

Por poner ejemplos del Estado español, las subvenciones europeas han introducido el regadío en cultivos históricos de secano (como el caso la viña o el olivo); han agotado acuíferos (apoyando el cultivo de maíz que ha esquilmado el famoso acuífero 23, en La Mancha); ha reducido la ganadería extensiva e intensificado la industrial; y ha concentrado las producciones en determinadas zonas para dirigirlas a los mercados globales (la hortofruticultura en el arco mediterráneo y el valle del Ebro), abandonando, sin embargo, otras (los regadíos históricos del interior peninsular, o los cultivos de montaña). La demanda de piensos para la ganadería intensiva ha transformado a su vez extensas zonas tropicales en otros países provocando nefastos efectos ecológicos y sociales, de carácter global.

Pilares contradictorios

A partir de la Agenda 2000 (1997), la PAC introduce un 2º Pilar destinado a Desarrollo Rural, complementario a los pagos directos a la agricultura y los mecanismos de gestión de mercados (1º Pilar). El 1º Pilar (80% del presupuesto total en 2012) apoya una mayor intensificación de la agricultura, lo cual genera una mayor dependencia y endeudamiento de las explotaciones, la reducción y la precarización del empleo agrario y mayores daños ambientales. El 2º Pilar (20% del presupuesto) subvenciona el abandono y el cambio de actividad para las fincas más pequeñas o menos rentables e intenta compatibilizar la actividad agraria con el medio ambiente. ¿Le encuentras el sentido?

Entre 2011 y 2014, los Estados miembros de la UE están debatiendo sobre este importante presupuesto con nuevas claves para el reparto: la crisis económica y la resistencia de los Estados aportadores netos (Alemania y Francia, principalmente) a seguir cediendo fondos; la ampliación de la UE a 27 Estados con un sector agrario muy amplio y basado en pequeñas explotaciones tradicionales; la ralentización de las negociaciones en el seno de la OMC, y la mayor importancia de los tratados bilaterales de libre comercio; los debates globales sobre el cambio climático; y una conciencia emergente desde la ciudadanía sobre las implicaciones ambientales, sociales y sanitarias de la alimentación. De hecho, el debate sobre la PAC pendía de un hilo hasta que el pasado febrero se aprobaron, con muchos problemas, los presupuestos de la UE hasta 2020. Los nuevos presupuestos, que se reducen por primera vez en la historia de la UE, incorporaron una congelación del presupuesto PAC –entre otros–, y una reducción de su cuantía en términos reales.

Un debate con mayor participación… ¿de quién?

Las críticas al funcionamiento antidemocrático de la UE y, más en concreto, de la Comisión Europea, les han llevado a experimentar un proceso de “codecisión”, en el que el debate oscilaría entre el Parlamento y el Consejo de Ministros, con votaciones en ambos órganos. Con este proceso se abría un rayo de esperanza a democratizar el debate y dejar mayor entrada a la sociedad civil. La UE ha dispuesto también diversas encuestas abiertas en relación con la PAC, que resultaron a menudo tendenciosas en la búsqueda de apoyos para una agricultura industrial y globalizada.

La importancia social y ecológica de los impactos que genera el sistema agroalimentario europeo ha permitido la cristalización de alianzas novedosas en el ámbito europeo. El debate de la PAC ha acercado a los segmentos del sector agrario más afines a la Soberanía Alimentaria (agrupado en torno a la Coordinadora Europea “La Vía Campesina”) con organizaciones ecologistas, ONG y de consumidores. El momento culminante de esta alianza fue la Good Food March, que recogió diversas marchas ciclistas que recorrieron Europa, así como una novedosa foto-acción que recogió testimonios por la soberanía alimentaria y la agroecología [1]. Las marchas se encontraron finalmente en Bruselas con el Comisario de Agricultura y diversos parlamentarios.

En el Estado español, estas alianzas ya estaban en funcionamiento –y con buena salud– desde hace 15 años, en torno a la Plataforma Rural. Sin embargo, el avance ha sido difícil en este foro, a tenor de las profundas contradicciones que atraviesan al sector agrario estatal. Aparte de importantes intercambios de opiniones e informaciones en el seno de Plataforma Rural, el trabajo de alianzas más intenso desde una perspectiva del ecologismo social ha estado en el marco de las 5 organizaciones ecologistas de ámbito estatal. Con ellas se preparó en mayo de 2012 una importante jornada que reunió a actores de los distintos eslabones del sistema agroalimentario con diputados y eurodiputados, que generó muy interesantes debates [2]. Desde Ecologistas en Acción hemos sacado además diversos materiales de difusión y organizado numerosos actos de formación y debate.

De hecho, las críticas al carácter antidemocrático de las políticas de la UE se han seguido acrecentando. El debate sobre las alegaciones presentadas a la PAC se ha realizado en el marco de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y no se amplió a las de Medio Ambiente o Consumo, donde los lobbies de empresas agroquímicas o de la agroindustria y la gran distribución no tienen tanto peso. La Comisión Europea no ha recogido las propuestas de la Sociedad Civil, que a través de movilizaciones inauditas en la UE ha denunciado la retórica de PAC verde y de la redistribución social. Los eurodiputados de la mayoría de los partidos no han recibido apenas a los representantes de consumidores/as, ecologistas y pequeñas fincas agrarias.

La nueva PAC: ni más verde ni más justa

Fruto de la fuerte movilización levantada, el resultado de las votaciones de las enmiendas en el Parlamento Europeo y Consejo de Agricultura ha eliminado algunas de las peores propuestas. Por ejemplo, aquellas que permitían la doble financiación de algunas medidas, lo que eliminaría de facto las bonificaciones relativas a las prácticas más sostenibles. También se han eliminado ciertas equivalencias para acceder al 30% del pago único asignado al cumplimiento de ciertas pautas de manejo agrario sostenible –el verdeo o greening– que resultaban dudosas, como la labranza “de conservación” basada en un uso muy intensivo de herbicidas y abono químico.

Por otro lado, se han aceptado algunas propuestas interesantes, como la condicionalidad para el acceso a los pagos directos del cumplimiento de la directiva marco sobre uso de pesticidas. O el establecimiento de un porcentaje mínimo de gasto (25%) para medidas con fines ambientales en los fondos de desarrollo rural (reglamento FEADER), entre las que se encuentra la agricultura ecológica. A pesar de que no queda claro de dónde saldrán los fondos para la agricultura ecológica.

Sin embargo, el 30% de verdeo queda profundamente descafeinado. Deja fuera cuestiones como la introducción de leguminosa autóctona en las rotaciones, planteando numerosas lagunas de indefinición. Y también excluye de los pagos directos a amplias superficies de los agrosistemas mediterráneos que no entran en las estrechas definiciones de “pastos permanentes”, así como las medidas de apoyo a la ganadería extensiva. Rechaza el apoyo a los sistemas agrarios de alto valor natural propuesto por la Comisión Europea que podrían haber tenido un importante papel en el apoyo de la ganadería extensiva y la agricultura ecológica. Por último, el texto aprobado no condiciona los pagos directos al cumplimiento de políticas básicas de la UE, como la Directiva Marco de Agua.

A su vez, los acuerdos tomados dejan fuera un gran número de cuestiones de gran impacto social en nuestro sistema agroalimentario. Mantiene los pagos por hectárea, que apoyan a quien posee la tierra y no a quien la trabaja; así como la recomendación del tope de pagos directos por explotación en 300.000 euros/año, si bien deja como opcional para los Estados miembros la cantidad final. Este tope supone una importante injusticia y una fuerte transferencia de fondos a las explotaciones más grandes y los grandes propietarios de la tierra en Europa, ya que en España la media es de 5.600 euros/año. La cuantía del pago para las pequeñas explotaciones, así como el programa de apoyo para pequeños agricultores/as –con un fuerte potencial social en el medio rural– quedan a su vez como propuestas opcionales.

En definitiva, el Parlamento Europeo sigue apostando por un sistema agroalimentario basado en la globalización agroalimentaria, impulsando la concentración de las producciones y la subordinación de la producción primaria a la agroindustria y la distribución comercial. Su apuesta por las relaciones contractuales entre producción primaria e industria de transformación sienta bases sólidas para una mayor financiarización de los alimentos. Se aceptan el Fondo de Estabilización de Mercados y la medida que propone la financiación de seguros privados frente a la “volatilidad de precios”, acogiendo y alimentando así la especulación financiera basada en alimentos. Todo ello va abiertamente en contra del carácter de necesidad básica de la alimentación y podría suponer una nueva transferencia de fondos al capital financiero, esta vez a costa de la salud del sector agrario.

Por ende, la medida de seguros agrarios se incluye dentro del paquete de desarrollo rural, restando más recursos frente al hundimiento de las comunidades rurales europeas. La PAC hace oídos sordos a la desaparición de cerca del 30% del empleo agrario europeo en los últimos 10 años, y prevé un amplio margen del pilar 2º (desarrollo rural) que podría ser transferible al pilar 1º (pagos directos), si el Estado miembro lo justifica. Todo esto aboca a nuevas oleadas de éxodo rural, especialmente desde el este europeo, incrementando la presión sobre los mercados de trabajo y en las crecientes bolsas de miseria en las ciudades.

Preparando los próximos pasos

En definitiva, esta propuesta de PAC no apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija población en el medio rural. No mantiene las rentas de agricultores y agricultoras, ni mejora el impacto sobre los ecosistemas. Por el contrario, apoya a la potente industria agroalimentaria europea y transnacional, a la gran distribución comercial y a las potentes casas de fitosanitarios y semillas. Es una nueva vuelta de tuerca en este asalto del capital, que no diferencia entre sectores productivos; no distingue entre campo y ciudad. Las ligeras mejoras introducidas en cuanto a cuestiones ambientales, revertirán en una mayor burocratización de la PAC y continuarán deslegitimando a la propia UE, y a las visiones ambientalistas.

Sin embargo, la batalla no ha terminado y hasta el 21 de junio se prevén hasta 30 encuentros entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, con la intención de redactar el texto final. Esta será una buena ocasión para seguir presionando al Gobierno español y a los/as europarlamentarios/as, de cara a mejorar el resultado. Y mientras tanto, ya vamos preparando la próxima ronda, en la que podremos incidir en la redacción del reglamento estatal, así como en los eventuales reglamentos comunitarios, especialmente en cuanto a cuestiones ambientales y de desarrollo rural. En esta nueva fase, la fuerte implantación territorial de Ecologistas en Acción puede suponer un buen recurso de cara a incidir en la política de mayor impacto en el territorio para los próximos 5 años.

En efecto, con esta política nos jugamos cuestiones de gran importancia para el medio ambiente, como son la expansión del regadío en el viñedo y el olivar, la contaminación de las aguas subterráneas, la lucha contra la erosión, la agricultura ecológica y la ganadería extensiva, el envejecimiento de la población activa agraria y la calidad de vida en nuestros pueblos. Y aún queda mucho que hacer al respecto.

Notas

[2] Los representantes de la Administración, a media jornada, salieron pitando hacia un acto que organizaba la agroindustria ese mismo día en el Ministerio, mostrando su profunda vocación de servicio.