La Diputación gasta más de 3,5 millones de euros en una carretera innecesaria

La Diputación Provincial de Segovia ha encabezado una iniciativa en la que han participado tres administraciones públicas (Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) y una empresa (Segovia 21) con el fin de construir una carretera muy peculiar.

La nueva carretera, de apenas dos kilómetros de longitud y en la actualidad recién inaugurada, parte de la rotonda existente en la CL-601 (tramo Segovia – La Granja) junto al vértice noroeste de la finca de Quitapesares y, tras salvar el río Eresma por un puente de nueva construcción, desemboca en la carretera SG-V-6122 (Palazuelos – La Granja), a trescientos metros al este del casco urbano del primer municipio.

El caso resulta peculiar por varios motivos. El primero es que ya existe otra carretera que une la SG-V-6122 y la CL-601. Esta carretera, conocida como “la carreterita”, sale de la SG-V-6122 después de ésta haya cruzado el río Eresma por el puente del Martinete, y desemboca mediante una rotonda en la CL-601 a unos 600 metros de la entrada de la capital. El trayecto en vehículo desde la rotonda de la CL-601 a Palazuelos por “la carreterita” requiere actualmente 4 minutos.

La nueva carretera, sin embargo, salva el Eresma por un largo viaducto (160 m.) y desemboca en la CL-601 algo más de 1 km más lejos, en dirección a la Granja. Dado que el trayecto más frecuente que hacen los vecinos de Palazuelos es el que comunica con la capital, no es de extrañar que esta carretera no haya suscitado interés entre los vecinos.

Pero el trazado, a priori ilógico, tiene una explicación. La carretera fue ideada para beneficiar a dos proyectos de desarrollo urbanístico. De un lado Segovia 21, el complejo concebido por la Diputación de Segovia para la finca de Quitapesarres; del otro, los desarrollos residenciales que el Ayuntamiento de Palazuelos planeaba en el entorno del embalse del Pontón, al este del actual casco urbano (planes urbanísticos “El Pontón I” “El Pontón II” y “Los Llanos del Pontón”, todos actualmente descartados).

En definitiva, la nueva carretera comunica dos fantasmas: las macrourbanizaciones planeadas en el entorno del embalse del Pontón, de las que no llegó a construirse ni una sola vivienda (nunca llegaron a contar con los preceptivos permisos en regla, ya que incumplían la legislación urbanística y ambiental) y Segovia 21, proyecto estrella de la Diputación de Segovia, la extinta Caja de Ahorros de la provincia y la Cámara de Comercio. Un proyecto –Segovia 21- que generaría cinco mil puestos de trabajo, según la propaganda oficial. Hoy en día el campo de golf de 18 hoyos está infrautilizado (que no infrarregado), las obras del hotel de lujo están paralizadas y sólo se han construido unas pocas viviendas.

El nuevo puente sobre el Eresma y la carretera local que lo cruza simbolizan, a escala segoviana, el conocido mito de “la infraestructura que revaloriza propiedades y genera negocio”. Un mito tantas veces desmentido por la realidad y, sin embargo, todavía firmemente anclado en el imaginario de los políticos desarrollistas de esa provincia. Y, al mismo tiempo, una operación indecente (porque busca convertir la inversión de dinero público en negocio para unos pocos) que ha seguido un modus operandi tantas veces repetido por lo largo y ancho de nuestra geografía.

Un fiasco por el que se deberían asumir responsabilidades

Los responsables del fiasco en la Diputación y en la Consejería de Fomento siguen en sus puestos. El alcalde de Palazuelos perdió las elecciones y el Consejero delegado de Segovia 21 Atilano Soto fue destituido e está imputado en denominado Caso Bankia. Que nosotros sepamos, hasta la fecha ningún partido de la oposición ha pedido explicaciones en el seno de la Diputación por “la carretera que conduce a ninguna parte” (ni los diputados del PSOE ni los de IU han puesto reparos serios al proceso).

Desconocemos cómo se pagará la factura de la expropiación de los terrenos utilizados para construir la carretera: se firmó un convenio que contemplaba recalificaciones de suelo para compensar al propietario de los terrenos pero ese acuerdo establecía 2014 como fecha límite para el cambio y el nuevo PGOU de Palazuelos no se ha aprobado, por lo que la recalificación de terrenos prevista no ha tenido lugar.

Desde Ecologistas en Acción consideramos que los responsables de la construcción de esta carretera cara e innecesaria que aún tienen responsabilidades públicas deberían dimitir de forma inmediata. Así mismo creemos que urge una revisión en profundidad de la política de inversiones de la Diputación de Segovia que debería estar al servicio de los intereses públicos y no de inciertos negocios especulativos.




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