Pozo de Ibarra, patrimonio industrial amenazado

Ecologistas en Acción de la provincia de León ha requerido la intervención ejecutiva del Delegado Territorial de la Junta para que inste a la Hullera Vasco Leonesa la paralización cautelar de toda actividad que pueda dañar la integridad del Conjunto Industrial del Pozo de Ibarra, declarado Bien de Interés Cultural.

La asociación conservacionista hace esta petición ante el anuncio reciente, hecho público por la empresa, de dar “comienzo a la recuperación de materiales del Pozo de Ibarra”, de momento, según la prensa “han comenzado las labores de catalogación y recuperación de piezas, que precederán a la reubicación del monumento”, en alusión al castillete del pozo, que la Hullera quiere reubicar ante el avance de la explotación de carbón a cielo abierto “Corta Pastora”.

Recordamos que el “Conjunto Industrial del Pozo de Ibarra”, está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Etnológico por acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Junta de Castilla y León. La declaración, vigente a día de hoy, otorga al conjunto industrial la máxima protección y tutela que reconoce la legislación de Patrimonio Cultural.

A efectos de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León tiene la consideración de Conjunto etnológico el “Paraje o territorio transformado por la acción humana, así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones vinculadas a formas de vida tradicional”, en todo caso, “la declaración de Bien de Interés Cultural afecta tanto al suelo como al subsuelo”.

Para Ecologistas en Acción no tiene amparo legal la pretensión de la S.A. Hullera Vasco-Leonesa de preservar únicamente el castillete del pozo, separándolo del conjunto declarado para reubicarlo en otro lugar, destruyendo el resto de los inmuebles protegidos por la declaración, así como el suelo y subsuelo donde se asientan.

Por lo tanto, si comenzara la anunciada “reubicación del monumento”, esta asociación se reserva el derecho de seguir denunciando los hechos, a sus autores materiales y a las autoridades y funcionarios públicos que los hayan autorizado y consentido, por presuntos delitos sobre el Patrimonio Histórico.




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