La Junta de Castilla y León persevera en el error de usar veneno para los topillos

Ecologistas en Acción se suma a las denuncias de distintos colectivos ambientalistas contra la compra y el uso de rodenticidas promovido por la Junta de Castilla y León para eliminar masivamente topillos, una práctica que se ha demostrado ineficaz, que provoca daños graves en el medio natural y supone un riesgo para la salud.

Tras conocerse que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha adquirido con destino al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) un total de 48 toneladas de cereal envenenado con rodenticidas, han saltado las alarmas de que se prevé una nueva campaña de envenenamiento masivo en los campos de Castilla y León como ya sucediera en 2007. Esta compra se une a las 38 toneladas adquiridas en años anteriores y que se encuentran en la actualidad en stock.

Estos granos de cereal contienen la sustancia activa bromadiolona, un raticida anticoagulante de segunda generación no selectivo que se pretende reparte en forma de semillas de cereal impregnadas, quedando accesibles para cualquier animal, mamífero o ave. Esta distribución indiscriminada por las tierras de Castilla y León ha supuesto en años anteriores una gran mortalidad de especies que no eran objeto del control y un riesgo muy notable para la salud humana.

El uso de rodenticidas tiene efectos muy perjudiciales sobre las aves rapaces, mamíferos carnívoros y cualquier animal que pueda entrar en contacto con el cebo, incluyendo especies como ovejas, cabras, liebres, palomas, perdices o conejos, que pueden entrar en la cadena alimentaria.

La aplicación de rodenticidas supone riesgos para la salud, ya durante la campaña de 2007 se tuvo que prohibir el consumo de pichones en Palencia, al detectarse centenares de palomas intoxicadas con clorofacinona. Otro riesgo posible es el de generar poblaciones de roedores resistentes a los tratamientos químicos, suponiendo a largo plazo que cualquier medida de control químico resultase ineficaz. Las ONG consideramos además que el uso de veneno incrementará el daño ambiental que ya esta produciendo la quema de linderos y cunetas para combatir una plaga que aún no ha sido declarada.

La ineficacia de estas medidas de control se constató en las anteriores campañas de envenenamiento que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en las que invirtió hasta 16 millones de euros. Aún así, tuvo que pagar otros 9 millones en compensaciones por daños, y no se ha evaluado la eficacia real de las medidas hasta ahora. Por tanto, podría repetirse la misma situación de derroche, despilfarro e ineficacia.

Frente a esta acción imprudente y peligrosa de la Junta de Castilla y León las organizaciones ecologistas abogan por métodos biológicos alternativos y por un sistema eficaz de aseguramiento de los posibles daños.




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