La solicitud de permanencia en dominio público de cien municipios al amparo de la nueva ley de costas confirma que ésta supone una amnistía urbanística. Ecologistas en Acción lamenta los primeros efectos de una normativa que no protege el litoral ni garantiza su uso sostenible, sino que favorece intereses particulares.

A los municipios infractores no solo no se les penaliza, sino que se les deja seguir como están. Según datos del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) un centenar de municipios aspiran a continuar total o parcialmente establecidos en zonas del litoral no permitidas por la antigua Ley de Costas (22/1988), zonas de Dominio Público Marítimo Terrestres o zonas de sus Servidumbres de Protección o de tránsito.

Se acogen a la La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que contempla que municipios o parte de ellos instalados en Dominio Público o sus Servidumbres puedan permanecer, si cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y están consolidados por la edificación en al menos un tercio de su superficie, o bien si están comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes (municipios con planeamiento) o la mitad de su superficie (municipios sin planeamiento).

El Ministerio tiene de plazo hasta el 1 de abril de 2015 para contestar y el silencio administrativo se considerará como positivo. La cifra de un centenar podría aumentar sustancialmente, con nuevos municipios de toda la franja litoral acogiéndose a la amnistía.

En todas las comunidades autónomas costeras, salvo Murcia, se han solicitado regularizaciones de municipios con edificaciones en Dominio Público. Empezando por Canarias, con 47 solicitudes, seguida de Galicia, con 36, Andalucía, con 5, Cantabria y Asturias, con 3, País Valenciano y Baleares, con 2, y País Vasco y Cataluña, 1.

Ecologistas en Acción se ha manifestado siempre contrario a la nueva Ley de Costas. Durante 25 años, municipios de todas las Comunidades Autónomas y con todo tipo de gobiernos infringieron la legislación sin que nada sucediera. Lo que ocurre ahora es más grave: a esos municipios infractores no solo no se les penaliza sino que se les deja seguir como están. Y esto ocurre gracias a una nueva ley que desprotege el litoral propiciando grandes pérdidas de Dominio Público Marítimo Terrestre.