Siete años más sin medidas eficaces contra la contaminación

Alegaciones Plan Azul

El nuevo plan de lucha contra la contaminación de la Comunidad de Madrid concluye su plazo de alegaciones mañana, pero no entrará en vigor hasta bien entrado 2014. Llega con retraso y con un contenido poco eficaz y vacío de medidas concretas ante un problema tan grave. Ecologistas en Acción lamenta la falta de ambición, y teme que se pueda utilizar como coartada para nuevos recortes en el transporte público.

El llamado Plan Azul +, esto es, la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, llega con un año de atraso, puesto que el anterior terminó en 2012, y con importantes deficiencias.

No establece ninguna regulación obligatoria ni planificación concreta para modificar el actual modelo de movilidad de la región, que necesita urgentemente reducir el tráfico de vehículos privados. La estrategia se basa fundamentalmente en acciones voluntarias vía incentivos y recomendaciones que no son concretas ni proporcionales a la magnitud de la reducción de emisiones que es preciso alcanzar para lograr una adecuada calidad del aire. Un plan creíble debería contar con medidas específicas, medibles, alcanzables, realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado.

Aunque se plantea la mejora del transporte público como una de las medidas más importantes de la Estrategia, para Ecologistas en Acción este objetivo no es sino un sarcasmo en medio de una política de recortes en ese ámbito. El presupuesto total de la estrategia para el período 2013-2020, 81 millones de euros, es inferior a los 100 millones que recorta este año la Comunidad de Madrid al Consorcio Regional de Transportes para el año 2014. En este contexto, objetivos como la “optimización de los recorridos de las líneas de autobuses” o el “ajuste de las frecuencias de todos los modos de transporte público”, resultan inquietantes: se podrían hacer aun más recortes de transporte con el pretexto de la reducción de las emisiones.

La medida de mejora del transporte público contempla también la ejecución de proyectos de plataformas reservadas en colaboración con el Ministerio de Fomento (se citan 15 km en la A-2), y la “ampliación/mejora de las infraestructuras de transporte público (BUS VAO y del carril sólo BUS) en vías de acceso a núcleos urbanos”. Se trata de un objetivo sumamente impreciso y claramente insuficiente para la dimensión del problema de la contaminación atmosférica en la región. En este terreno, la medida lógica, que lleva décadas planteada pero se sigue posponiendo, es el establecimiento de plataformas reservadas para el transporte público en las autovías de acceso a Madrid, como el que existe en la A-6. Esto podría llevarse a cabo sin ampliación del viario (requeriría solamente actuaciones puntuales en ciertos tramos), dedicando al transporte público un espacio reservado, a expensas de alguno de los actuales carriles dedicados al automóvil privado.

Tanto el diagnóstico de la situación como los objetivos planteados por la estrategia se basan en los actuales valores límite legales para los principales contaminantes (partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico) marcados por la legislación de la Unión Europea. Este debe ser, naturalmente, el punto de partida, pero el objetivo debería ser cumplir con los valores recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS), más estrictos y, sobre todo, más acordes con una adecuada protección de la salud humana.

Ecologistas en Acción recuerda que en la Comunidad de Madrid se da un incumplimiento generalizado de la normativa de calidad del aire. Desde que se establecieron valores límite legales para diversos contaminantes, en la Comunidad de Madrid se han excedido los límites para partículas en suspensión (PM10, exigibles desde 2005), dióxido de nitrógeno (NO2, exigibles desde 2010, en las zonas: Madrid ciudad, Urbana Sur y Corredor del Henares), y ozono troposférico (O3, exigibles desde 2010, en las 7 zonas). A pesar del problema de salud pública que esta situación supone (se calcula que por esta causa fallecen prematuramente 20.000 personas en España), no parece que el plan vaya a garantizar el derecho de la ciudadanía a respirar un aire saludable.




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