La semana pasada hemos leído en la prensa dos noticias que confirman lo ya anunciado desde la Plataforma Apemsa no se vende: la privatización convierte un derecho básico como es el agua en una mercancía con la que lucrarse.

Ambas noticias tienen que ver precisamente con Aqualia, una desde Jerez donde no hace ni un año que esta empresa es la encargada de la gestión del agua y ya ha decidido cortar el suministro a 200 familias por impago, precisamente unos días después de que la empresa pública del Ayuntamiento de Medina Sidonia hiciera público su decisión de garantizar un mínimo de agua potable a quienes carecen de recursos, distintas maneras de entender la gestión. Y en Sanlúcar esta misma empresa ha sido denunciada por una formación política por aumentar la cuota fija por suministro de 3,36 € en 2012 a 7,16€ en 2013, más de un 100%, y por cambiar el calibre de 13 a 15 milímetros sin previo aviso a los usuarios ni cambio de contadores, actuaciones ilegales con las que ha ingresado unos beneficios de un millón de euros.

Confiar en que Aqualia, o cualquier otra empresa privada, va a actuar de forma diferente en El Puerto cuando sea la propietaria del 49% de Apemsa es mucho confiar, sobre todo sabiendo que el Director Gerente será nombrado por la propia empresa y que sus principales ingresos proceden del 5% de la facturación.

La Plataforma Apemsa no se vende, solicita al nuevo alcalde que no se limite a utilizar su labor en Participación Ciudadana como propaganda electoral y demuestre escuchar de verdad a la ciudadanía negándose a la venta del 49% de Apemsa, que va a suponer una carga financiera para las arcas municipales y un robo en nuestros bolsillos.