Además de los daños en el patrimonio histórico que han dado lugar a la imputación de tres responsables del proyecto, la obra ha producido desmontes de vegetación natural y se iniciaron sin los necesarios permisos de agricultura, de medio ambiente, de cultura y de la Confederación del Tajo.

Ecologistas en Acción pide a la Consejería de Agricultura y a González-Byass Jerez que expliquen lo ocurrido en la tramitación del proyecto y de porque se mantienen activas unas obras que debieran estar paradas al menos parcialmente.

El proyecto de “Plantación de viñedo especializado en la producción de uva destinada a destilación en la finca Daramezas” que la empresa González Byass Jerez s.l. está ejecutando sobre una superficie de 280 hectáreas de terreno en la vega del Tajo en Guadamur, parece esconder muchas más irregularidades y problemas de los que han trascendido tras conocerse que el Seprona ha imputado a tres de sus responsables por daños en el patrimonio histórico. En concreto en una alberca y en el llamado Puente de Barcas de época medieval.

Las obras se iniciaron al menos en noviembre de 2013, puesto que en esa fecha se datan las actuaciones del Seprona que han dado lugar a las imputaciones. Sin embargo, en ese momento el proyecto no disponía de diversas autorizaciones necesarias para su ejecución. Así se deriva de la Resolución de 17/01/2014, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente que salió publicada en el DOCM de 23 de enero de 2014. En ella se hace referencia a que antes de comenzar las obras el titular ha de disponer al menos de las autorizaciones e informes del Servicio Provincial de Patrimonio Cultural, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural, aparte de sustanciar el procedimiento de la evaluación ambiental. Este precisamente se resuelve en tiempo record y a posteriori del inicio de las obras en la resolución citada.

En total hay al menos cuatro trámites que al inicio de las obras no se habían cumplimentado. Además, no se sabe si en el inicio de las obras el promotor contaría o no con la autorización del ayuntamiento de Guadamur, cuestión que también convendría aclarar.

Así las cosas, en el momento del inicio de las obras el promotor habría actuado de forma irregular y, viendo los resultados en el patrimonio cultural, también de forma temeraria infringiendo con su actuación daños graves que han dado lugar a las tres imputaciones citadas.

Sin embargo los daños no acaban ahí. Tras una inspección ocular de las obras, Ecologistas en Acción ha observado que en la labores de remoción del terreno se han producido desmontes que han afectado a zonas de vegetación natural, en concreto retamares, y a parcelas adehesadas de encinas, que en la resolución a posteriori de medio ambiente se dice que habrían de respetarse. Igualmente las obras continúan activas y ello a pesar de que la resolución establece que las actuaciones de mayor impacto por el movimiento de maquinaria y ruidos generados deberán ejecutarse de julio a diciembre para preservar la tranquilidad de las especies protegidas que habitan la zona.

Todo ello ha motivado que Ecologistas en Acción presentase hace unos días una denuncia en el Seprona y a que ahora exija explicación de los Servicios Periféricos de Agricultura en Toledo y a la empresa promotora. La asociación ha pedido una reunión urgente con el coordinador provincial de Agricultura y que se detengan las obras en las zonas de riesgo de forma inmediata.