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Sentencia TSJ Asturias

Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que en sentencia del pasado 17 de febrero ha ratificado la sanción y la orden de desmantelamiento de las instalaciones propiedad de Fernández Rosillo, que se encuentran en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, en Penilla de Toranzo. Además de la planta de hormigón, Rosillo deberá desmantelar todas sus instalaciones, rehabilitando íntegramente una zona que constituye además un LIC de la Red Natura.

Esta sentencia se suma a las ya dictadas por el Tribunal superior de Justicia de Cantabria, que el 22 de enero de 2009 anuló la Modificación de las Normas Subsidiaras con la que el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, en connivencia con Fernández Rosillo, pretendió recalificar estos terrenos protegidos convirtiéndolos en suelo industrial para legalizar las instalaciones; esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de junio de 2012.

Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Dos también anulo la licencia de actividad de la planta de hormigón, en sentencia de 8 de marzo de 2012, que ha sido también confirmada por el TSJ de Cantabria el 21 de diciembre de 2012.

Sin embargo, después de estas cinco sentencias, todas favorables, y después de nueve años de litigios, el vecino colindante con las instalaciones y Ecologistas en Acción de Cantabria, no hemos conseguido que se ejecute ninguna de ellas, pues por un lado el Ayuntamiento de Santiurde pretende legalizar de nuevo esas instalaciones, a pesar de que están ubicadas en una zona protegida por la Unión Europea, y por otro, el Juzgado que debe ejecutar la sentencia no acepta el precinto de la planta solicitado por el vecino para impedir su funcionamiento ilegal.

Es inaceptable que después de nueve años de denuncias, Fernández Rosillo siga ocupando esta zona protegida del Río Pas con sus instalaciones industriales y con toneladas de áridos, e incluso chatarra y basura, y que la Justicia no sea capaz de adoptar medidas rápidas y eficaces para evitar estos atentados ecológicos, y cuando menos medidas para ejecutar sus sentencias.